Por JORGE SENIOR
En noviembre de 2019 el Paro Nacional sorprendió por su fuerza insospechada y también por la época del año en que ocurrió. Aunque alcanzó a durar varios días, ese detalle desarticularía la movilización, debido a las fiestas de fin de año.
En 2021 el Paro arranca el 28 de abril y convierte a mayo en uno de los meses de mayor convergencia de protestas en la historia del país. Ahora en junio se vislumbra la perspectiva de un segundo semestre bien movido. Escalar las luchas populares es factible y necesario, pues no ha habido soluciones de fondo con el gobierno, ni siquiera en materia tributaria o de salud, donde temporalmente se logró detener la andanada de la clase política contra la población.
Los diálogos sólo han servido para dejar constancia histórica de que el movimiento popular ha tenido la disposición de negociar una salida constructiva que signifique un nuevo Pacto Social. Y también para mostrar la otra cara de la moneda: la ausencia de voluntad política del gobierno para negociar. Los delegados de Duque ni siquiera han firmado el preacuerdo sobre las garantías para la protesta social. Es evidente la desconexión y la falta de empatía de los funcionarios mediocres, ineptos y casi siempre con trayectorias tortuosas que el uribismo ha puesto al frente de la burocracia estatal.
Nada sorprendente, pues todos sabemos que el uribismo es insensible a los anhelos populares, dado que representa los intereses contrarios, los de la plutocracia y la narcooligarquía de la “gente de bien”. El uribismo es una ideología autoritaria arraigada en la Colombia conservadora, un fascismo azul de tradición centenaria. Este grupo extremista que ha dominado la escena política en el siglo XXI se desespera ante la inminente pérdida del poder ejecutivo. En las semanas anteriores al Paro varias encuestas evidenciaron la crisis de opinión que vive el uribismo con el desprestigio de su líder y su gobierno, sumado a la carencia de relevo para construir una candidatura creíble y todo indica que sus trucos gastados ya no funcionan. Es tal el pánico, que no me extrañaría que Uribe termine apoyando a Germán Vargas Lleras. Y ya ha habido varias señales en esa dirección. Con el nieto de Carlos Lleras Restrepo jugando el papel de Misael Pastrana Borrero, estaríamos a las puertas de otro 19 de abril de 1970.
Que la funesta historia del robo electoral a la ANAPO no se repita, dependerá de varios factores. Destacaré dos, por ahora: primero, las redes sociales han roto la hegemonía de la información que tenían los medios periodísticos que ayer como hoy están casi todos en manos de la oligarquía; segundo, el movimiento social viene en ascenso desde 2019, la pandemia lo ha repotenciado y ahora se apresta a ir más allá de la resistencia.
Las explosiones sociales no se sostienen indefinidamente en el tiempo con la misma intensidad. O logran una dinámica ascendente o terminan por decaer. La primera opción es la que tenemos que generar en el segundo semestre de 2021. La gran movilización de juventudes urbanas e indígenas del surooccidente ha mostrado un potencial inmenso más allá de la primera y segunda línea. Ha sabido combinar las grandes manifestaciones pacíficas que involucran a millones de personas, con las barricadas y vías de hecho. Ha involucrado el arte y la creatividad, ha llevado la acción en redes a nuevos niveles internacionales, ha recuperado la convivencia comunitaria y ha generado asambleas territoriales y cabildos abiertos. Si el movimiento adquiere una dinámica de intermitencia escalonada, logrará poner la sorpresa a su favor y mantener la iniciativa estratégica.
Las asambleas ganan cada vez más protagonismo en la realidad del territorio, no importa que los medios las desconozcan, y son la mejor opción de acumulación de fuerzas. En junio ya se gestan autoconvocatorias para consolidar niveles de coordinación departamental y nacional. Las coordinadoras populares pueden ser el germen de nuevas formas de organización social del Poder Constituyente.
El paramilitarismo y los gobiernos neoliberales destruyeron el tejido social y redujeron la organización social popular a mínimos históricos. A punta de bala, politiquería y asistencialismo, destruyeron o cooptaron las formas organizativas. Las asociaciones campesinas han sido perseguidas y sus líderes asesinados. Las Juntas de Acción Comunal se han tornado obsoletas y las Juntas Administradoras Locales son un fracaso como supuesta descentralización del poder. Ni siquiera los tímidos experimentos de presupuestos participativos han servido. El sindicalismo se ha ido convirtiendo en marginal, burocrático y a veces corrupto, producto de los cambios en la economía global y el auge del neoliberalismo desde 1980 como “nuevo sentido común”.
El movimiento estudiantil va y viene como siempre, con sus tradicionales ciclos de flujo y reflujo producto de su naturaleza. Pero en el segundo semestre retornará la presencialidad, gracias a la tecnología de la vacunación, y los escenarios educativos vuelven a la palestra. De seguro lo veremos en acción y sirviendo de articulador.
En los países desarrollados los movimientos sociales más significativos en el siglo XXI han sido los identitarios, que si bien luchan por reivindicaciones plenamente válidas, tienden a ser hegemonizados por ideologías radicales de vertiente liberal individualista. El problema es que la autosegregación dificulta la unidad popular contra las élites del poder económico y a veces actúan en forma claramente divisionista. Las contradicciones alrededor de identidades opacan la contradicción principal: la desigualdad socioeconómica, la concentración del poder económico en el 1% que impone la plutocracia. Pueden ser distractores funcionales a las élites. Pero en el estallido social de 2021 en Colombia hemos visto el potencial de la unidad popular. Por ahí es el camino. Ante la casi total ausencia de vanguardia política organizada, la autoorganización del pueblo colombiano ha iniciado su marcha en un plano eminentemente social. Pero sí hay un eje de dimensión política que nos une, más allá de nuestras diferencias: el antiuribismo. Gracias, Uribe.
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