Por GERMÁN AYALA OSORIO
Solo quienes les encontraron sentido a sus vidas soportados en un ethos mafioso, se atreven a ignorar que la corrupción es el mayor problema social y político del país. El expresidente Álvaro Uribe Vélez jamás se quejó de la corrupción pública y privada. En su mendaz relato solo atinó a defender ideas vacías como “Estado austero, cohesión social e inversión extranjera”.
Ahora que sus áulicos sienten pasos de animal grande por el interés del gobierno de Gustavo Petro en desenmarañar la red de corrupción que cubría el manejo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), lo mismo que el Sistema de Salud y la contratación de la Ruta del Sol (Odebrecht), orquestan un Paro Nacional, al tiempo que otros palaciegos (con y sin uniforme militar) intentan ambientar un golpe de Estado, o por lo menos generar una crisis de legitimidad que provoque y legitime el levantamiento armado.
Aunque es un error de la ministra Carolina Corcho no entregar el proyecto de reforma a la salud a todos los actores involucrados, no es posible defender a las EPS a capa y espada, como lo hace el uribismo, convertidas en nidos clientelares en las que se instaló ese mismo ethos mafioso, o sea todas las prácticas torcidas para desangrar las finanzas públicas y por ese camino enriquecer a unos pocos. Es innegable que con la Ley 100 del 93 se aumentó la cobertura, pero también es cierto que se pauperizó el trabajo de los médicos y del resto del personal de salud. Las quejas constantes de los usuarios en contra de las EPS convirtieron el acceso a la salud en un calvario para cientos de ciudadanos que vieron morir a familiares en el paseo de la muerte o por la espera de una cirugía que jamás se autorizó.
El argumento que esgrimen quienes no tienen de qué quejarse del servicio, no puede usarse para ocultar las prácticas corruptas de las EPS al momento de exigirle al Estado el reembolso de los dineros invertidos en los pacientes atendidos.
Y así como se equivoca la jefa de la cartera de salud al evitar la lectura previa del proyecto de reforma, también lo hace el presidente Petro al invitar a que las reformas (laboral, pensional y de la salud) que se avecinan, sean discutidas en la calle. Por más ejercicio de democracia directa que se considere, en las actuales circunstancias y ante el interés de Álvaro Uribe y de sus áulicos en desestabilizar al país, discutir dichos proyectos en la calle podría salir mal. Hay asuntos técnicos cuya complejidad superaría la capacidad de discusión de quienes están dispuestos a defender a dentelladas, si es necesario, el proyecto político que orienta Gustavo Petro.
Las reacciones del uribismo eran previsibles y son comprensibles en la medida en que llevan más de 20 años privatizando el Estado y pauperizando la vida laboral de millones de colombianos. Como agentes defensores del modelo neoliberal, a Uribe, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, entre otros, las reformas propuestas por el gobierno no les son de buen recibo porque detrás hay una lucha burocrática entre el petrismo y el rancio uribismo, con una diferencia sustancial: Gustavo Petro cree que es posible que el Estado opere orientado bajo la filosofía de los viejos Estados de Bienestar europeos; mientras que sus contradictores políticos solo piensan en mantener el carácter corporativo del Estado, lo que supone mantener las condiciones de inequidad, concentración de la riqueza y del poder en pocas manos.
Las marchas convocadas para el 14 de febrero y 1 de mayo por ambos bandos, no pueden reducirse a la permanencia en el tiempo de la llamada “polarización” social y política. Por el contrario, son la expresión clara de dos proyectos distintos de asumir el Estado y la vida en sociedad.
Aunque no creo que se dé el golpe de Estado en Colombia, lo que sí es posible que ocurra—si es que ya no está ocurriendo- es que poderosos agentes económicos de la sociedad civil orquesten acciones de parálisis de estratégicas actividades luego de la aprobación en el legislativo de las reformas a la salud, laboral y pensional que busca el actual gobierno. Podrían intentar repetir lo que sucedió en Chile en 1973, cuando ganó las elecciones Salvador Allende.
Insisto: las elecciones regionales podrán ser un “parteaguas” en la gobernabilidad del gobierno de Gustavo Petro. Si el Pacto Histórico no se hace a las principales alcaldías y gobernaciones y consolida su proyecto político y social en las periferias, la capacidad de maniobra del gobierno se verá dramáticamente reducida. Y en esas condiciones, el uribismo podría dar el zarpazo.
@germanayalaosor
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