Por GERMÁN AYALA OSORIO
La decisión de la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, de suspender por tres meses al director de la SAE, Daniel Rojas, tiene un tufillo de venganza y de persecución política que confirmaría que hay sectores políticos molestos con el gobierno de Gustavo Petro, porque les están tocando sus intereses económicos.
La empresa barranquillera triple AAA le sirvió a Cabello Blanco (ficha de los Char en el ministerio público) para ‘disciplinar’ a Daniel Rojas. En dicha empresa subsiste un entramado de corrupción, que fue precisamente lo que Rojas descubrió y denunció. Y las reacciones no se hicieron esperar: “Obviamente, la cuota política de los Char actúa en favor de sus intereses y favorece ese clan político. En su intento de favorecer la corrupción y clientelismo, exculpa bandidos y suspende a funcionarios”, le dijo Ariel Ávila a El Espectador. Entre tanto, el también congresista Inti Asprilla señaló que Rojas “es el funcionario que más ha incomodado a los ‘traquetos’ en menos de 6 meses. Hoy es suspendido por la procuradora que nos dejó el uribismo. Blanco es, la procuradora lo pone y con sanción disciplinaria se come…”.
La medida disciplinaria y la investigación que le abrieron a Rojas tienen un contexto político que se remonta a cuando Alejandro Ordóñez Maldonado fungía como procurador general. Este ladino personaje representó con creces los intereses del uribismo. Sus ataques a Petro por haberle montado competencia a los zares de la basura en Bogotá explican por qué el ministerio público de tiempo atrás opera como un apéndice de mafias clientelares, cuyos tentáculos nadie puede tocar. Quien lo haga, será sancionado.
Cabello Blanco fue puesta en la Procuraduría por el clan Char, con el apoyo de Uribe y de todos los intereses que confluyen en eso que se conoce como uribismo. Así, detrás de la decisión de la jefa del ministerio público está la intención de provocar un enfrentamiento contra el mismo Estado, que redunde en la consolidación de la falaz idea de que Petro es un “dictador”. No les queda otra narrativa, pues nomenclaturas como el “castrochavismo” y “seremos otra Venezuela” ya perdieron credibilidad.
La arremetida de Cabello contra el gobierno de Petro se explica por la intención del presidente de desmontar las mafias que manejaron la SAE y los intereses que Rojas tocó al interior de la Triple AAA.
El ataque político de la Procuradora General debe ser respondido usando los canales institucionales. Es tiempo de solicitarle a la Corte Suprema de Justicia que indague la actitud de Cabello Blanco, en particular por sus silencios en torno a lo descubierto por el director de la SAE dentro de ese organismo y en la misma Triple AAA. De no prosperar una demanda en ese alto tribunal, el presidente Petro debería contemplar la posibilidad de conformar una comisión internacional, con el apoyo de la ONU, para exponer que en Colombia opera un doble Estado: uno que actúa dentro de la institucionalidad y otro cuyos funcionarios de alto rango usan los organismos de supuesto control para pagarles favores a mafiosos y criminales de todo pelambre.
Sin duda alguna, Cabello Blanco actúa como una verdadera triple… A, con el objetivo de Ablandar al funcionario; Afilar las garras de los clanes que Rojas se atrevió a desafiar; y Asentir ante las órdenes que quizás recibió de poderosos agentes políticos y económicos, incómodos con las medidas anticorrupción que se están aplicando en Colombia desde el 7 de agosto de 2022.
@germanayalaosor
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