Por GERMÁN AYALA OSORIO
El atentado dinamitero contra un camión en el que viajaban policías del Esmad, en Cali, tiene varios elementos contextuales que bien vale la pena examinar. La primera arista se asocia a una posible acción de venganza, perpetrada por elementos urbanos del ELN, grupo armado ilegal que, al parecer, horas después ocurrido el ataque se reivindicó el hecho. Por esa vía, el componente urbano del Ejército de Liberación Nacional confirmaría la versión oficial que, durante el estallido social en la capital del país, advertía de la presencia de los elenos en las movilizaciones y manifestaciones sociales. De esta manera, salen triunfantes el ministro Diego Molano y los comandantes de Policía y Ejército, quienes durante las protestas en la capital del Valle invalidaron el poder ejecutivo de la gobernadora y del alcalde de Cali.
La segunda línea explicativa o arista tiene que ver con la compleja estructura federativa del ELN y una aparente crisis al interior del Comando Central (COCE) y el consecuente distanciamiento con los grupos de apoyo urbano o milicias. Más allá de si hay una fractura en la línea de mando, de confirmarse la autoría de esa agrupación guerrillera hay que decir que esa agrupación armada no sólo perdió el horizonte de su lucha, sino que parece estarle apostando a que el régimen uribista, que en escenarios electorales necesita de este tipo de eventos violentos, se reelija en 2022. El ELN necesita del uribismo para insistir en la legitimidad de su lucha histórica y tanto Uribe y sus áulicos, urgen de este tipo de actos de guerra para insistir en el discurso con el que vienen invalidando el proceso de paz de La Habana. Ya lo hicieron con la veintena de muertos en Arauca: dijeron que esos asesinatos son fruto de la firma del fin del conflicto armado entre el Estado y las Farc-EP, durante el gobierno de Santos. Es decir, por una paz mal hecha.
Si es cierto que los comandos urbanos están desconectados del COCE o de un frente del Comando Central, es posible que estos grupos de milicias se estén prestando para que una parte del régimen los instrumentalice. Venganza o no, lo cierto es que es evidente que dentro de dichas estructuras urbanas no existe la más mínima capacidad de análisis del contexto, pues a pocos meses de las elecciones del Congreso estas acciones solo sirven para validar el discurso de la seguridad democrática con el que la derecha viene gobernando al país desde el 2002.
Otro elemento que se desprende de lo ocurrido es que les sirve a los sectores que insisten en la estigmatización de las comunidades que sobreviven en el sector conocido como Puerto Rellena o Puerto Resistencia. A lo cual se suma la conexión que suelen hacer entre la figura de Jorge Iván Ospina y los problemas de inseguridad en Cali. No olvidemos que Ospina llegó a la Alcaldía con el apoyo de una parte importante del uribismo, lo que deja sin piso el calificativo de gobierno de izquierda, cuando realmente, el alcalde ha servido a los intereses más oscuros de viejos agentes del uribismo que de tiempo atrás están enquistados en instituciones del Estado local.
En la llamada Sucursal del Cielo circulan armas legales e ilegales con las que suelen perpetrarse toda clase de crímenes. De igual manera, hay un creciente mercado de todo tipo de material de guerra, que facilita que este tipo de hechos violentos se produzcan y se fabriquen de acuerdo con específicas coyunturas. El actual escenario electoral aviva las intenciones de sectores anarquistas, legales e ilegales, de generar caos, miedo y terror en una ciudad que fue el epicentro del pasado estallido social. Al final, lo que buscan es convertir a la capital del Valle del Cauca en un teatro de operaciones con dos propósitos claros: deslegitimar la protesta social y generar el miedo suficiente, para insistir en la política de Mano Firme, Corazón Grande.
Adenda: Este tipo de hechos se repudia desde esta tribuna de opinión. Pronta recuperación para los policiales que resultaron heridos.
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