Alfonso Portela, consultor electoral, le contó a El Unicornio cómo va el proceso de revisión de firmas con las que la Registraduría avalaría el proceso de revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
Recientemente, el Juzgado V de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad admitió un recurso de tutela que interpuso un grupo de ciudadanos contra la Registraduría del Estado Civil, por las supuestas irregularidades en el aval que dio esa entidad a un número de firmas para la revocatoria del mandato del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
Portela, quien fuera registrador delegado en lo electoral y presidente del consejo superior de la carrera de la Registraduría Nacional del Estado Civil, recordó que se necesitan 91 mil firmas para la revocatoria del alcalde de Medellín. Y se presentaron cerca de 300 mil firmas. “El paso a seguir es que la Registraduría cuenta con 45 días para hacer la revisión de las firmas, para saber si estas cumplen con los requisitos exigidos en la ley, a saber: que la persona esté en el censo electoral del municipio y que el ciudadano de su puño y letra diligencie el formulario donde va a colocar la fecha, el número de la cédula, nombres apellidos y firma”.
“Después de que la entidad revisó las 300 mil firmas, avaló 133 mil. Se puede establecer que el descarte inicial fue un volumen muy importante, casi 200 mil firmas fueron invalidadas por no reunir los requisitos que exige la ley. Esto se le notificó al alcalde de Medellín el 24 de diciembre y la ley le permite que durante los siguientes cinco días para impugnar u objetar el informe de la Registraduría”, señaló.
“El alcalde contrató los servicios de nuestra empresa, especializada en temas electorales, con un vasto conocimiento en este tema de las firmas. Desde hace más de seis años que nos retiramos de la organización electoral, montamos este servicio con temas tecnológicos con personal idóneo, durante estos seis años hemos revisado millones de firmas”.
“Con nuestros grafólogos, ingenieros y técnicos se hizo el análisis de las 133 mil firmas que avaló la registraduría y encontramos que más de 30 mil no reúnen los requisitos exigidos por la ley, se halló, lo que llaman en grafología la uniprocedencia que es una persona llenando los renglones de los diferentes folios y esto no lo tiene permitido la ley. También encontramos que el renglón correspondiente a las fechas estaba elaborada por una misma mano y hay que tener en cuenta que el proceso tuvo una suspensión por parte de las autoridades sanitarias por el tema de la pandemia”.
“Además, el señor alcalde puso un aviso en una página de las redes sociales para que la gente pudiera verificar si su firma, nombre o número de cédula estaba apoyando el proceso revocatorio y en menos de dos días, más de 2.500 personas manifestaron que su nombre aparecía y ellos nunca habían firmado los formularios de revocatoria, esto se puso en conocimiento de las autoridades”.
“Se le dijo a la registraduría que necesitábamos más tiempo para poder hacer un examen mucho más detallado teniendo en cuenta que en grafología hay ciertos aspectos que se hace necesario hacer la revisión sobre las planillas originales y solo se tenía la imagen digitalizada de los formularios, por eso se solicitó al grupo técnico que se permita acceder a los originales para hacer un análisis mucho más profundo porque al final de cuentas no importa la cantidad sino la transparencia del proceso, porque es muy diciente que personas hayan manifestado que nunca firmaron esos formularios y sus nombres aparezcan ahí”.
“Deja un ambiente muy complejo que ya van más de 200 mil cuestionadas y aún siguen apareciendo más. Entonces uno se pregunta: ¿qué pasó? Lo ideal es que haya claridad y no una barrera de tiempo que le diga a uno que solo tiene cinco días para hacer lo que pueda y lo que no se hizo en cinco días se considera válido, esa ecuación no es lógica”.
“La revocatoria no depende solo de las firmas, para que se pueda dar un proceso de votación es necesario que los estados financieros de la recolección de las firmas sean avalados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y se expida una certificación al respecto. Entonces hay dos certificaciones: por un lado las firmas, por otro lado las cuentas. Si las dos cumplen los requisitos, se expide una última certificación donde se dice que se cumplió con los requisitos constitucionales. Aún nos falta el debate de las cuentas”.
En cuanto a los costos de este trabajo, Portela dijo: “Todo el equipo técnico está trabajando al fiado; la idea era presentar pronto el informe y teníamos un inicio de negociación para esta parte técnica, que podría llegar si se hacen los análisis contables y todo, aproximadamente a unos 100 millones de pesos. Pero todavía no se ha consolidado eso porque las carreras no nos han dejado sentar de una manera tranquila a hacer todas las cuentas que demandó este proceso de revisión. Pero en ningún momento demandó los 100 millones de pesos de los que estamos hablando, sino mucho menos y tan pronto tengamos la oportunidad, porque el alcalde está de vacaciones, nos vamos a sentar a finiquitar ese aspecto”.
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