El escándalo mediático y político que desató la decisión de la Superintendencia de Salud de intervenir a la EPS Sanitas muestra ante todo la patética crisis ético-política en la que están sumergidos los gerentes de dichas empresas, exministros de Salud, políticos, congresistas y periodistas de derecha.
Vamos por partes, como Jack el Destripador. En lo que tiene que ver con los gerentes, conviene recordar el emblemático caso de corrupción de SaludCoop, administrada por el condenado Carlos Palacino, quien malversó millonarios recursos girados por el Estado. Y deben sumarse todos los gerentes y propietarios de otras EPS que patrocinaron campañas políticas de congresistas, convertidos hoy en lobistas con fuero que optaron por defender los intereses de unas EPS que se niegan a explicar qué pasó con 13 billones de pesos que andan embolatados de las llamadas reservas técnicas.
El silencio sepulcral de los legisladores frente al ethos mafioso que se naturalizó entre las EPS obedece a que deben pagar los favores recibidos por sus patrocinadores. Para evitar que la opinión pública entienda y juzgue su defensa del oprobioso sistema de salud, esgrimen la idea de que el gobierno va a acabar con un exitoso modelo de aseguramiento en salud. De esa manera quieren borrar los millones de tutelas y de quejas interpuestas por los afiliados por la negación de medicinas y procedimientos quirúrgicos.
En la sesión de hoy de la Comisión Séptima del Senado, en la que se define el futuro del proyecto de ley con el que se reformaría el sistema de salud, afloraron toda clase impedimentos y se prometieron recusaciones. Los impedimentos éticos de los congresistas, aceptados o no, son el reflejo de la inmoralidad colectiva que pone en evidencia la confusión moral en la que deviene la sociedad colombiana. Todos los límites se borraron: entre lo legal y lo ilegal, entre lo correcto y lo incorrecto. Por eso a nadie le sorprende que Sanitas haya patrocinado campañas políticas de varios congresistas que votaron por el archivo del proyecto de reforma, tal y como lo denunció el congresista, Wilson Arias Castillo. El País de España informó que “el grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, y el grupo Bolívar, propietario de Salud Bolívar EPS, financiaron las campañas al Congreso de los partidos Liberal, Conservador, La U, Alianza Social Independiente, Centro Democrático y Colombia Justa y Libres”. De esa manera, según el portal Ámbito Jurídico, pasaron por encima de la Corte Constitucional que en su momento “respaldó la prohibición impuesta a las EPS del país para financiar campañas políticas, al declarar exequible el artículo 11 de la Ley 1474 del 2011. A su vez, declaró constitucional el artículo 22 de la misma norma, en el entendido que las responsabilidades disciplinarias de representantes legales de IPS y EPS sean imputables por incumplimiento de deberes funcionales propios de sus cargos”.
En lo que respecta a exministros y políticos profesionales, el caso de Alejandro Gaviria Uribe resulta paradigmático. Cuando fungió como ministro de Salud, Gaviria jamás se preocupó y cuestionó los manejos irregulares de billonarios recursos por parte de EPS que luego fueron liquidadas (13 en total) durante el gobierno del presidente-títere, Iván Duque Márquez. Estamos ante un sistema de salud politizado y clientelista que, en los últimos 20 años, permitió que se perdieran billonarios recursos, por los que la Supersalud viene preguntando con insistencia, sin obtener respuestas convincentes de los gerentes de las EPS involucradas.
Y para el caso de las empresas mediáticas y los periodistas que salieron hoy en gavilla a defender a Sanitas, al tiempo que intentaban generar miedo e incertidumbre en la opinión pública, en particular en los millones de afiliados a la intervenida EPS, hay que señalar que no hubo mención alguna a los billonarios recursos de las reservas técnicas que andan embolatados. No, eso no amerita mención y discusión alguna por parte de los colegas periodistas, porque sus sepulcrales silencios son el fruto de la crisis ético-política y de la confusión moral de una sociedad que legitimó de tal forma el ethos mafioso, que convirtió en viveza los actos dolosos y las prácticas corruptas.
De la misma manera como Enrique Leff habla de una crisis civilizatoria en su interés de explicar las crisis climáticas que afronta el planeta y la humanidad entera, se debe señalar que los aprietos y la inviabilidad financiera del sistema de salud de Colombia obedecen a una incontrastable crisis ético-política, enmarcada en una inmoralidad colectiva que a nadie parece preocuparle.
@germanayalaosor
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