El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) es una institución clave en la ejecución estratégica de la política social del Estado colombiano. Dicha entidad se configuró a partir de la Ley 1448 del 2011, que a estas alturas bien puede ser considerada como una gran conquista de las víctimas de la violencia, casi 9 millones de seres humanos. Al frente de la misma se encuentra Gustavo Bolívar, prestante dirigente de la Colombia Humana, de probadas calidades éticas y profesionales.
Desafortunadamente, en los últimos siete años el DPS fue infiltrado y cooptado por poderosas mafias del clientelismo y la corrupción. Un entramado de políticos “uribosantistas” y de seudo empresarios constituidos para el efecto (Ongs, fundaciones y Corporaciones), se abalanzó sobre los recursos presupuestales y administrativos del DPS, y lo desguazaron sin contemplación, embolsillándose sumas billonarias que debían llegar a los más pobres. El caso del cartel de las Marionetas retrata sin atenuantes el descarado despojo por los carteles ultraderechistas de la corrupción.
En el DPS todo ha tenido un fétido olor a clientelismo, tráfico de influencias, coimas y desviación de dineros asignados a las víctimas, por fundaciones que son una fachada de criminales de cuello blanco, como en reiteradas ocasiones lo hemos dicho desde la Veeduría ciudadana y Auditoria social organizada para el efecto desde el 2018 con el apoyo del senador Iván Cepeda.
El clientelismo es la columna vertebral del manejo administrativo del DPS y la fuente de la corrupción y depredación de los dineros sociales. Como es sabido, es una forma política bastarda que implica un intercambio de favores entre un gamonal y unas hordas electorales plagadas de grandes necesidades. Se trata de un sistema de sujeción y subordinación política que implica amarrar la voluntad, la conciencia y el voto de un individuo o individuos por un poderoso gamonal electoral a cambio de unos pequeños favores con sinecuras o limosnas monetarias.
En el DPS dicha práctica todavía opera desde la base institucional del Estado: los municipios.
El procedimiento consiste en que la intervención del DPS se hace en coordinación con los alcaldes municipales, quienes a su vez nombran “enlaces” con Prosperidad Social, que son fichas de senadores, representantes y diputados (del uribismo, conservadores y santistas).
Tales “enlaces” son los encargados de organizar y reunir las familias receptoras de los subsidios entregados por el DPS, pero fundamentalmente la Renta ciudadana, en el pasado Familias en acción. Las reuniones de las familias (mujeres en lo fundamental), convocadas por los “enlaces” (en apariencia para capacitar y cualificar dicha población), en realidad son operaciones encubiertas de amarre y control electoral para favorecer a los jefes y gamonales que logran así su reproducción a perpetuidad en las cámaras legislativas, locales, regionales y nacionales donde ejercen su poder.
Por desgracia, este “mágico” mecanismo sigue vigente y está apalancado desde la Dirección de Transferencias Monetarias, bajo la responsabilidad de una herencia burocrática del gobierno de Iván Duque que respira neoliberalismo puro y clientelismo nítido, tejido subrepticiamente a lo largo de los últimos años con familiares muy cercanos a presuntos vínculos con el Cartel de las Marionetas en el Tolima, bajo la tutoría del senador Miguel Ángel Barreto, de la misma cuerda del ex senador uribista Ciro Ramírez, hoy preso en la cárcel la Picota de Bogotá.
Mi opinión es que este obstáculo o quiste debe ser removido, depurado o auto depurado rápidamente del DPS.
La dirección de Transferencias Monetarias, encargada de la dispersión de la Renta ciudadana, es un punto álgido de la gestión del DPS. Esta división administrativa prácticamente controla la billonaria suma asignada para tal cometido en el marco de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, que estableció la RC como la principal herramienta de lucha contra el hambre y la pobreza.
Contemporizar con esta herencia burocrática del “duqueuribismo” es fatal para el proyecto transformador y de cambios que encabeza Gustavo Bolívar. Significaría, nada más y nada menos, que aplazar o refundir la posibilidad de constituir y organizar una subjetividad social con los tres millones de hogares, que debe volcarse en la transición política hacia la paz total con justicia social y ambiental. Es dejar ésta gran multitud en las garras del clientelismo que si trabaja para canalizarla electoralmente como una subjetividad política degradada y lumpenizada.
Al tiempo que el nuevo director del DPS le hace la cirugía a los famosos “enlaces” municipales (y departamentales, donde también campea la ralea clientelar), hay necesidad de proyectar una estrategia pedagógica para capacitar hogares y mujeres en sus derechos fundamentales (sustento de una nueva subjetividad), con un nueva infraestructura de profesionales comprometidos con el cambio y la justicia social, no con las cuotas políticas de los jefes de la nauseabunda política municipal.
Mantener el “statu quo” es fatal en el DPS.
Además, hay necesidad de depurar los listados de beneficiarios de Renta ciudadana (envenenados por la corrupción); dar prioridad a la participación democrática, depurando la unidad correspondiente; fortalecer las Veedurías y sistemas de Auditoria social; cualificar las Rendiciones de cuentas haciéndolas más periódicas, no solo anuales; reorientar el Programa de acompañamiento familiar, hoy con insuficiencias conceptuales y de concepción, por el aislacionismo con que fue proyectado; e impulsar la Innovación social y el emprendimiento.
Hay que apurarle, porque el tiempo corre y el DPS es la joya de la corona de la transición social liderada por el presidente Gustavo Petro, estorbada por la labor de zapa de los peligrosos “spoilers” (estropeadores) enquistados en la alta burocracia de Prosperidad social.
El DPS necesita entrar en el proceso Constituyente para vincular a millones de familias en esta propuesta lanzada desde la Presidencia de la República para remover el bloqueo a las reformas, tal como lo estamos presenciando con los casos de la salud, las pensiones, la Federación de Cafeteros y la Universidad Nacional.
@HoracioDuque8
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