La denuncia de la “ruptura institucional” que el presidente Gustavo Petro hizo en su cuenta de X se da por un cúmulo de hechos que bien vale la pena recopilar, para apreciar la gravedad de la situación.
Con el triunfo político, social y electoral de la izquierda en 2022, el Establecimiento se resintió en sus estructuras más godas, anacrónicas, mafiosas y violentas. De las grietas que dejó el remezón en las correlaciones de fuerza, brotaron serios malestares en agentes económicos y políticos que, acostumbrados a tomar decisiones y a presionar otras, desde sus mezquinos intereses asumieron a Petro como el enemigo a vencer, de la única manera que ven posible: defenestración.
En medio de este entramado de golpe blando, los medios de comunicación tradicionales vienen jugando un papel clave: desinforman, generan pánico económico, ocultan logros del Gobierno y exageran errores, haciéndoles creer a las audiencias que el país va hacia un abismo. Otra manera de colaborar es abrir los micrófonos y las páginas de opinión para que, desde esas tribunas, leídas en exclusivos clubes, opinen los enemigos del presidente y de todo lo que huela a izquierda y progresismo.
En su momento, Luigi Echeverry y Alberto Carrasquilla dejaron ver su animadversión. En La República, Echeverry escribió esto: “¡un presidente puede estar enfermo de la cabeza, pero más enfermo está el país que a sabiendas, lo elige!”.
El discurso del perfumado oligarca se parece mucho al del fiscal Barbosa, quien pregona por el mundo que él no es opositor de Petro, sino que se opone “al narcotráfico y a las mafias”. En la misma dirección habló el expresidente Pastrana, marginal agente político que la ultraderecha usa para consolidar lo que Petro llama la “ruptura institucional”.
Entre tanto, Carrasquilla dijo en La W que “el gobierno está pasando aceite, porque ya se acabó”. Es decir, de manera precoz el economista neoliberal y uribista da por terminado el periodo presidencial, por la incapacidad del presidente de guiar los destinos de Colombia, de acuerdo con su interesado parecer.
Sacar del cargo a Petro es un objetivo estratégico de ese grupo poderoso de agentes económicos y políticos que no acepta que un “guerrillero comunista” los gobierne.
Cuando Petro habla de una “ruptura institucional”, alude a las maniobras y acciones de persecución política emprendidas desde la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de una ficha del clan Char en el Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco. Las sanciones al canciller Álvaro Leyva y al director de la SAE, Daniel Rojas, dan cuenta de sus pretensiones desestabilizadoras.
Al mismo compás lo viene haciendo el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien convirtió a la Fiscalía en plataforma electoral, lo que le permitió erigirse como un precoz candidato de la ultraderecha para las elecciones de 2026. Gremios económicos como Fenalco y Andi apoyan al vocinglero funcionario que este 12 de febrero deja el cargo de fiscal general con un 94% de impunidad en los casos de corrupción público-privada. Por tal motivo, Barbosa bien podría ser el “tigre” que Uribe presentaría totalmente amaestrado a las elecciones de 2026.
A la fuerza desestabilizadora de Cabello y Barbosa se suma el silencio cómplice de los magistrados de la Corte Suprema, que nunca llamaron la atención del fiscal Barbosa por sus intervenciones en política, en particular por los agrios enfrentamientos públicos con el jefe del Estado.
Mientras desde la Procuraduría y la Fiscalía se ataca al jefe del Estado, desde la Corte Constitucional se frenan decisiones de política pública encaminadas a resolver de una vez por todas los ECI (Estados de Cosas Inconstitucionales) que se expresan de tiempo atrás en La Guajira. El 8 de febrero la Corte Suprema de Justicia en pleno podrá deslindarse de la Ruptura Institucional de la que habla el presidente en relación con la elección de la nueva fiscal general, de una terna de lujo. Al respecto, Petro señala en su denuncia que “esta ruptura institucional ha llegado al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes”.
Lo expresado por Petro mete más presión a los togados del alto tribunal, en particular a los 13 que votaron en blanco, cuando votar en esa dirección se lee como un tardío rechazo a las calidades de las ternadas, cuyas hojas de vida ya han sido estudiadas por los magistrados y magistradas.
El proyecto político de la ultraderecha consiste en sacar a Petro del poder, mediante el juicio político que ya anunció el exguerrillero del M-19 y excompañero de Petro, Carlos Alonso Lucio. Esta veleta ideológica fijó para el 12 de junio tal juicio, orquestado desde la Comisión de Acusaciones de la Cámara. En plenaria del Senado se fijaría la salida del cargo del jefe del Estado.
Lo mejor que puede hacer el presidente de la República es cumplir con la promesa de campaña consistente en convocar una comisión internacional contra la corrupción, con el apoyo de la ONU. La misma que actuó en Guatemala, liderada por el hoy ministro de la Defensa, Iván Velásquez Gómez.
Ni siquiera en los tiempos de Ernesto Samper Pizano se buscó un quiebre o una ruptura institucional por la probada financiación de su campaña electoral con dineros del Cartel de Cali. En esta ocasión el quiebre institucional que se propone desde las entrañas del Estado está motivado por los resquemores hacia el primer presidente de izquierda que gobierna un país, otrora manejado por una derecha que no quiere soltar privilegios y menos entregar el Estado para que desde sus instituciones se dé cumplimiento a los mandatos de la Carta Política de 1991.
Esa misma derecha sueña con regresarnos a los principios de la Constitución de 1886, la misma que les facilitó la captura mafiosa del Estado.
@germanayalaosor
* Foto de portada, tomada de El Espectador
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