Propuestas alternativas de política económica, empleo y salario mínimo

Mensaje al señor Presidente de la República y a la opinión pública

Por DIEGO OTERO PRADA

En estos momentos de pandemia, en que no fue posible alcanzar un acuerdo tripartito sobre el aumento del salario mínimo, y a la vez se conforma la llamada Misión de Empleo por parte del gobierno nacional, sin participación de los sindicatos, hacemos un llamado al gobierno para que se tenga en cuenta un enfoque alternativo e integral, que incluya todas las dimensiones del problema del mundo del trabajo, para afrontar la crisis económica, el alto desempleo, la persistente informalidad, la pobreza y la pérdida de ingresos laborales, que afecta, en mayor proporción, a las mujeres y a los jóvenes.

La reflexión sobre el salario mínimo ha sido muy restringida y no se han observado los diversos ángulos del tema en momentos de una crisis económica y social severa acumulada desde antes. Presentamos algunas miradas y propuestas alternativas que responden al clamor de las y los colombianos, las cuales se pueden acoger en una agenda alternativa por el empleo, el ingreso y la reactivación.


Sobre el salario mínimo y la inflación
No debería haber ninguna duda en que el punto de referencia para el aumento del salario es la inflación causada y no la esperada, tal como lo establece la jurisprudencia de la Corte Constitucional, con el fin de evitar que los salarios pierdan poder de compra, afecten el mínimo vital y continúen deprimiendo el con-sumo de los hogares. Hoy que se registran bajos niveles de inflación –por debajo del 2%– consideramos que hay buen espacio para ampliar el debate y sacarlo del mito inflacionario, con el fin de promover un aumento salarial no limitado al IPC y activando un seguimiento detallado a los efectos de la medida, para que durante el año se puedan adoptar nuevas políticas.


Respecto a la productividad
No hay ninguna evidencia de que el menor salario tenga impactos favorables en la productividad, ni en el empleo. Todo lo contrario, los salarios bajos son un incentivo para no aumentar la productividad. No hay un efecto demostrable que implique sustitución de trabajo por capital, y no se trata de hacerlo, cuando el salario sube y los empresarios tienen incentivos para mejorar la productividad, pueden generar un círculo virtuoso en la economía, en la demanda agregada y en el empleo. Adicionalmente, llamamos la atención sobre las advertencias ofrecidas por la OIT en su Informe Mundial de Salarios, donde demuestra la evi-dente brecha, entre la productividad laboral y los salarios reales promedio.


Con respecto a la medición de la productividad La medición a través de la productividad total de los factores (PTF) es una medida equivocada para definir el incremento del salario por lo que se debe dejar de lado, porque no tiene suficiente sustento teórico. Estos cálculos implican supuestos arbitrarios sobre la forma de la llamada “función de producción” y las variables que la componen (capital, trabajo y cambio técnico). Es una econometría densa que oscurece el debate y termina convirtiéndose en una “Caja Negra”.

En lugar de la PTF se deben adoptar diversas mediciones de productividad media del trabajo. Se deben examinar las diferentes opciones (por trabajador, por hora, por monto salarial, etc.) y optar por la que se utiliza en las principales agencias internacionales y otros países, como la productividad promedio por hora, en la medida que resulta más conveniente, y a la vez sea acordada por los actores del diálogo social.

Respecto a la estructura de costos
En la estructura de costos de las empresas, hay factores diferentes al salario que pueden tener mayor relevancia. Por ejemplo, si el crédito es relativamente alto, el costo del capital puede ser significativo e impactar de manera negativa la rentabilidad de la empresa. El mismo efecto puede tener el pago a provee-dores diferido en el tiempo, el cual en 2019 alcanzó 96 días en promedio en el país.
La reflexión sobre el peso que tienen los diferentes costos ayudaría a entender la incidencia de los salarios en la ganancia. Bajos salarios no es sinónimo de mayor competitividad. Más bien se deberían controlar otros costos como los altos costos financieros y el de la energía. La experiencia de los países desarrollados así lo demuestra.

Respecto a los parafiscales
Durante los últimos años la progresiva reducción de los parafiscales (contribuciones al Sena, ICBF) no ha ido a la par con aumentos del empleo. Por tanto, no se puede establecer una relación de causalidad directa entre menos parafiscales y más empleo. El empleo depende de la demanda agregada.
Las evaluaciones de impacto que se llevaron a cabo de las leyes que redujeron la parafiscalidad no mues-tran efectos significativos sobre la contratación de empleo formal (Econometría, 2013), como tampoco sobre la informalidad empresarial, lo que termina favoreciendo más la ganancia, que el empleo formal. El efecto formalización laboral fue muy marginal.

Respecto al empleo
En el país no existe ninguna evidencia de la relación entre el menor salario y el mayor empleo. Tal vez la evidencia sea contraria, sin mencionar la calidad de los puestos de trabajo, en términos de trabajo decente. En contra de este enfoque que solamente mira el lado de la oferta, se observan relaciones positivas sobre el aumento de la demanda agregada, la inversión y el empleo. Esta secuencia virtuosa la desencadenan los salarios más altos, como lo muestra la evidencia comparada de los países de la OCDE o de mayores niveles de desarrollo. El mercado de trabajo no es resultado de un mercado competitivo. La demanda por trabajo es una demanda derivada de la demanda agregada que comprende la demanda interna y las exportaciones.

Respecto al consumo
Los datos últimos sobre la pobreza, correspondientes al 2019, muestran que la tendencia decreciente se reversó, y que el país está experimentando aumentos en la incidencia de la pobreza. La situación se agra-vará en el 2020-2021 por los problemas creados por la pandemia. Este panorama ha golpeado, sobre todo, a las personas más vulnerables. No es conveniente, entonces, empeorar su situación con incrementos bajos en el salario, porque afecta el mínimo vital consagrado en la constitución, deprime el consumo de los hogares, la demanda agregada de la economía sigue poniendo en aprietos la satisfacción de necesidades básicas.

Respecto a la demanda
Los cierres y restricciones sanitarias impuestas por la pandemia agravaron la reducción del crecimiento económico y el desempleo que venía presentándose con anterioridad. Las previsiones de una contracción del PIB superior al -5% para este año exigen un viraje en la política económica. La recuperación exige un pensamiento fresco y alternativo orientado a estimular la demanda y con ella la actividad económica y el empleo. Esa demanda por producción nacional depende de un aumento robusto del salario mínimo legal, el apoyo con subsidios de nómina a las pequeñas empresas que generen nuevo empleo y un plan de emer-gencia de empleo público y con obras públicas, manteniendo el nivel de los salarios. Es inaceptable bajar el salario mínimo con la presunta pretensión de generar más empleo, conociendo que el componente de consumo representa el 70% de la producción nacional, según las cuentas nacionales.

En las actuales circunstancias de recesión aguda, un aumento paupérrimo del salario mínimo afecta la demanda agregada de la economía, lo cual impacta negativamente a otros trabajadores que no se benefi-cian en forma directa del mismo, tal es el caso de los trabajadores por cuenta propia, que representan más del 40% de los ocupados, quienes verían afectadas sus posibilidades de percibir un ingreso, por falta de demanda a consecuencia del bajo crecimiento de los salarios. No hay que olvidar que el salario mínimo constituye un referente para otros salarios y sus incrementos tienen implicaciones de equilibrio general por la vía del crecimiento de la masa salarial de todos los trabajadores.
Además, los problemas de desigualdad y las brechas de ingresos muestran la persistente y creciente brecha entre el salario mínimo real y salario medio real, la cual ha aumentado en cerca de 10 puntos entre 2005 y 2018. La relación salario mínimo respecto al salario medio ha disminuido de 61% al 51,2% en el mismo periodo, siendo ambos relativamente bajos. En términos de paridad de poder adquisitivo (PPA) que com-para niveles de vida, el valor salario mínimo por hora es 2,7 dólares, y es de los más bajos de los países de la OCDE. En EE.UU equivale a 7,3 dólares/hora; en Francia 12,1 dólares; en España 8,6 dólares; en Costa Rica 3,5 dólares y en Chile 3,1 dólares/hora (2018).

Respecto al mediano y largo plazo
La pandemia en perspectiva de cambio climático ha alertado al mundo de la necesidad de una renovación del pensamiento económico para asumir los riesgos crediticios y financieros que se avecinan, tal como lo ha alertado el Banco de Pagos Internacionales de Basilea al publicar la investigación El Cisne Verde a comienzos de año. No se puede seguir pensando y actuando igual cuando el entorno ha cambiado tan profundamente.
El crecimiento verde alternativo es un imperativo desde la óptica de la crisis climática y el empleo. Los sectores más contaminantes, los hidrocarburos y los minerales, son precisamente los que generan menos empleo, lo que requiere una transición energética diferente. El redireccionamiento de la inversión hacia las nuevas energías verdes, la reindustrialización y la agricultura no dan espera. Hasta los bancos centrales de países desarrollado están llegando a la conclusión de que la inflación ya no es el problema y debaten nuevos campos de acción como el fomento del cambio de la matriz energética. El Banco de la República debería mantener bajas las tasas de interés para abaratar efectivamente el crédito a las empresas (en espe-cial a las Mipymes) y a los hogares, de la misma manera que el gobierno debería intervenir efectivamente la tasa de usura, fomentar y garantizar el microcrédito para superar las distorsiones del presta diario o el llamado “gota a gota”.

La propuesta de una renta básica de emergencia o un ingreso ciudadano debería ser acogida por el gobierno y adoptada por el Congreso de la República con el fin de garantizar ingresos a las familias pobres y a las que perdieron su empleo e ingresos y de esa manera restablecer su dignidad, su capacidad de consumo y autonomía económica, teniendo en cuenta que la crisis de la pandemia develó la persistencia de la alta informalidad laboral y empresarial, y la existencia de una economía popular, las cuales requieren el apoyo decidido del estado, mediante transferencias monetarias y financiamiento, además de políticas activas de formalización.
Frente al estado de crisis de la economía, del empleo, en la distribución del ingreso y de la pobreza se hace necesaria una agenda alternativa de empleo, ingresos y restructuración productiva convocando a todos los sectores representativos de la sociedad, incluyendo la academia, los gremios y los sindicatos, y el apoyo de organismos internacionales como la OIT, la CEPAL y el PNUD.

Convocamos a economistas y diseñadores de las políticas públicas a abrir un debate democrático y un diálogo fructífero sobre el nuevo pensamiento económico para la nueva época.

Suscriben economistas, académicos y personalidades:
Jorge Iván González; Clara López Obregón (exministra), Ricardo Bonilla; Cecilia López (exministra), Diego Otero (Exviceministro y presidente de ACECRI), Eduardo Sarmiento; Consuelo Ahumada, Mauri-cio Cabrera, Jorge Espitia Zamora, Jaime Rendón, Jorge Coronel, Jaime Tenjo, Jairo Guillermo Isaza, Cesar Giraldo, Ruth Quevedo, Alberto Orgulloso, Esteban Nina, Mario Valencia, Luisa Fernanda Bernat Díaz, Luis Fernando Gamboa, Pedro Santana, Fernando Guerra, Boris Salazar, Diego Carrero, Darío Res-trepo, Oscar Rodríguez, Dewin Pérez, Jairo Parada, Mauricio Uribe, Jorge Giraldo, Enrique Daza, Carlos Julio Díaz, Libardo Sarmiento Anzola, Yesid Soler, Francisco Mojica Sastoque, Hernando Monrroy Be-nítez, Amilkar Acosta (exministro), Samuel Jaramillo, Carlos Hildebrando Fonseca, Ricardo Chica, Alci-des Gómez, Rubén Darío Utria, Camilo González Posso (exministro), Yesid Obregón, Hernando Carreño, Ana Isabel Arenas, Marco Romero, Juan Carlos Celis, Daniel Libreros Caicedo, Diego Ramírez, Martha Yaneth Sandoval.

Centros de pensamiento económico y sociolaborales:
Asociación de Economista de la Universidad Nacional
Asociación Colombiana de Economía Critica, ACECRI
Asociación Colombiana de Estudios del Trabajo – ACET
Asociación Colombiana de Educación al Consumidor – Educar Consumidores
Asociación de Egresados de la Universidad Nacional – ADEXUN
Corporación Sur
Centro de Estudios Cedetrabajo
Escuela Nacional Sindical – ENS
Grupo Socio Economía de la Universidad Nacional
Grupo de Protección Social de la Universidad Nacional
Red Colombiana de Prospectiva
Voceros y contacto: Jorge Iván González (jorgeivangonzalez29@gmail.com), Clara López (clopezobre-gon@gmail.com), Ricardo Bonilla (Rbonillag@outlook.com) y Diego Otero (diegooterop@hotmail.com)
Mesa Alternativa de Empleo: redessociales@ens.org.co

3 comentarios sobre «Propuestas alternativas de política económica, empleo y salario mínimo»

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