Por GERMÁN AYALA OSORIO
Los hechos violentos ocurridos en Cali durante y después de las movilizaciones del viernes 28 de mayo, dejan varios asuntos dignos de análisis. El primero tiene que ver con el rápido proceso de mutación que viene sufriendo la Policía. Su carácter nacional se está perdiendo con el paso de los días. Estamos, por lo menos en Cali, ante una Policía que en el marco del experimento que montaron Uribe y Zapateiro, dejó de tener carácter nacional, para exhibir uno sectorial. Es decir, una Policía que está solo para servir y cuidar intereses particulares (privados), dejando al resto de la sociedad a merced de aquellos sediciosos, oficiales y no oficiales, que están pescando en el furioso río revuelto que acompaña al paro.
Al ponerse del lado de un sector pudiente de Cali (no por ello mejor educado y formado políticamente), la Policía Nacional se está privatizando, con los riesgos que ello implica.
El segundo asunto tiene que ver con la connivencia de agentes de la Policía con civiles que disparan a manifestantes y ‘vándalos’ de manera indiscriminada. Esos civiles son “gente de bien” que portando fusiles de asalto, pistolas automáticas y armas traumáticas, acompañan operativos policiales. No se sabe si se trata de escoltas al servicio de caballistas, empresarios, traquetos o de miembros de estructuras paramilitares urbanas; o de policiales que se despojan de los uniformes para poder actuar con mayor libertad y comodidad.
Estamos, quizás, ante el surgimiento de una “policía chulavita” de nuevo cuño, es decir, una que persigue a manifestantes para maltratarlos, asesinarlos o desaparecerlos, como lo vienen denunciando defensores de derechos humanos y periodistas no afectos al régimen, desde el inicio de las movilizaciones y protestas, que ya completan un mes.
El tercer asunto confirma el carácter desafiante con el que Iván Duque, nominalmente el presidente de la República, decidió enfrentar los retos de las marchas y las exigencias de los jóvenes que hoy expresan sus inconformidades con un régimen que no los escucha y que no les brinda garantías para desarrollar sus vidas en condiciones de dignidad.
Al venir a Cali y no dialogar con los jóvenes que sí se han reunido con Jorge Iván Ospina, simbólicamente el alcalde de la ciudad, confirma no solo la incapacidad de Duque Márquez para establecer canales de comunicación, sino su total apego a las instrucciones que desde El Ubérrimo le envía su mentor y patrón.
Al poner más efectivos militares y policías en las calles de Cali y en todo el departamento, Duque insiste en desconocer el origen y las causas del estallido social. Al aferrarse a la salida militar a la crisis, el jefe del Estado cree que está ganando en legitimidad y recuperando algo en la gobernabilidad. Todo lo contrario. Su imagen de demócrata se debilita con el paso de las horas, circunstancia que lo acerca al talante de Turbay Ayala y del propio Uribe Vélez, dos de los presidentes colombianos más señalados de violar los derechos humanos y constreñir libertades ciudadanas. Si la intención de Iván Duque es igualar las “hazañas” de los señalados expresidentes, hay que felicitarlo, porque va por muy buen camino.
Con todo y lo anterior, está claro que el experimento político-militar que montaron en Cali y en el Valle del Cauca Uribe y Zapateiro, está mostrando su cara más ominosa y violenta. Ojalá no terminen parafraseando al guerrillero de las Farc que en un momento muy preciso sentenció: nos vemos dentro de 10 mil muertos. Ya en Cali se documenta el asesinato de 11 personas, desde el inicio de las marchas y protestas. ¿Acaso están esperando más? Aunque versiones de prensa indican que tan solo en la noche del 28 de mayo se registró la muerte de 10 civiles.
Adenda: Sobre el caso del miembro de la Fiscalía que mató a dos jóvenes en el sector de La Luna, pregunto: ¿el arma que portaba era de dotación? ¿Si así fue, quién responde por esa irregularidad?