“Me hago responsable”: Gustavo Petro

Por GERMÁN AYALA OSORIO

Después de las infortunadas declaraciones públicas del director de la Policía, general Henry Sanabria, el presidente Gustavo Petro asumió la responsabilidad por lo sucedido en Los Pozos (Caquetá). No hay duda de que lo sucedido en la sede de la petrolera Emerald Energy fue una asonada y que efectivamente los policiales que enfrentaron a los campesinos que se tomaron dichas instalaciones fueron víctimas de un secuestro. Y que por lo tanto no pudo darse un “cerco humanitario”, como señaló el ministro del Interior, Alfonso Prada.

Como al general Sanabria le pareció correcto insinuar que el ministro Alfonso Prada fue constreñido y obligado a que calificara la acción colectiva campesina como un “cerco humanitario”, y que además se canjeara por los 78 policiales retenidos o secuestrados, la prensa enemiga del gobierno armó un gran escándalo mediático y político. Al griterío periodístico se sumó la orden de captura que expidió un juez penal militar contra el comandante de la Policía de Caquetá, coronel Javier Castro. Para ponerle fin a la polémica, el presidente Petro salió a decir que él asumía toda la responsabilidad de lo sucedido, en particular por la orden que dio a la cúpula militar y policial de NO entrar a las instalaciones de la petrolera, para evitar que el conflicto escalara más. Al final murieron un policía y dos campesinos. Un saldo trágico, pero pudo ser peor si se hubiese intentado recuperar las instalaciones a sangre y fuego.

A pesar de que el “diligente” juez penal militar levantó la orden de captura contra el coronel Castro, se seguirá indagando para intentar probar si efectivamente el uniformado cumplió la orden presidencial o si fue negligente antes de que la directiva presidencial se produjera.

Sin duda alguna, el general Sanabria se equivocó. Al parecer, no ha entendido que los medios masivos tradicionales están acuciosos y muy pendientes de cualquier error que el gobierno cometa, para insistir en la narrativa que señala que las fuerzas armadas se están debilitando y que la moral está muy baja. Incluso, se atreven a señalar que hay una desbandada de oficiales, asociada esta a un malestar generalizado con el gobierno.

Ahora bien, lo sucedido en Los Pozos (Caquetá) sirve para ahondar en un espinoso asunto: las relaciones entre los presidentes y las fuerzas armadas. Hagamos algo de memoria para luego entender el talante de las que está proponiendo el actual presidente de la República.

Las relaciones entre los presidentes de la República y las fuerzas armadas en Colombia están atravesadas y contaminadas ideológicamente por las dinámicas del conflicto armado y las que se desprenden de las luchas de los campesinos víctimas de la persecución policial y militar por cultivar coca, única salida que les dejó la equivocada política agraria de sucesivos gobiernos neoliberales, desde César Gaviria hasta Iván Duque. 

Cuando los presidentes asumen con ánimo guerrerista el rol de comandantes supremos de esas fuerzas, la relación se torna tensa y exigente por cuanto “dar de baja al enemigo”, esto es, asesinar a guerrilleros, suele ser la orientación ética y moral, sin que importen mucho los daños colaterales.

Durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe, su relación con militares y policías estuvo soportada en su maniqueísmo con el que evaluaba las circunstancias políticas que rodeaban el conflicto armado y sus dinámicas. La relación Amigo-Enemigo le sirvió para presentarse como el primer soldado de la Patria. En su Manifiesto Democrático de 100 puntos, en el 30, dejó claro el tipo de relación que sostendría con sus subordinados: “El presidente dirigirá el orden público como corresponde en una sociedad democrática en la cual la fuerza pública respeta a los gobernantes de elección popular. En la Gobernación de Antioquia fui el primer policía del Departamento. En la Presidencia seré el primer soldado de la Nación, dedicado día y noche a recuperar la tranquilidad de todos los colombianos”.

En su declaratoria de guerra sin cuartel contra las Farc-Ep y las constantes presiones para producir “más y mejores resultados operacionales”, Uribe Vélez envileció a unidades militares que terminaron asesinando civiles para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate (falsos positivos). Bajo ese principio del enemigo interno y la relación amigo-enemigo, fueron perseguidos, estigmatizados y asesinados civiles incómodos. Baste con señalar los crímenes del profesor Alfredo Correa de Andreís o del alcalde del Roble, Eudaldo Díaz, para probar el peligroso talante con el que Uribe asumió el rol de comandante de las fuerzas armadas.

Por el contrario, el presidente Gustavo Petro (2022-2026) asumió su rol de comandante supremo con un tono y talante distintos. El cambio es evidente: primero que todo, no sale a los medios a exigir bajas, como tampoco asume los cantos temerarios y victoriosos de los generales, como lo hizo el fatuo y mendaz Iván Duque (2018-2022). Este último no solo gritaba con voz de mando, “me siento orgulloso”, sino ¡Ajúa!, exclamación guerrera que significa Arrojo, Justicia, Unión y Abnegación”, muy usada por el tropero general Eduardo Enrique Zapateiro.

La historia política y militar deberá recordar que Uribe Vélez como comandante de las fuerzas armadas instrumentalizó a sus subalternos con el propósito de posicionar la narrativa que expresaba que estaba ganando “la guerra contra la Far”; con ese relato ocultó el crecimiento exponencial de la corrupción público-privada y todos los hechos que lo convirtieron en el político y expresidente más investigado por diferentes delitos. Baste recordar los procesos en su contra por las masacres de El Aro y la Granja, cuando fungió como gobernador de Antioquia y el proceso que actualmente enfrenta por manipulación de testigos y fraude procesal.

No es llevando soldados y policías a la confrontación armada como se respeta el honor militar y policial. Por el contrario, el mayor respeto que se puede expresar hacia los uniformados se expresa en los procesos de paz. Insistir en la idea de María Fernanda Cabal que señala que “el ejército es una fuerza letal que entra a matar”, es manchar el honor militar y convertir a sus miembros en genocidas. 

Mientras que Petro asume la responsabilidad por la orden dada, Uribe Vélez lleva años escurriendo el bulto por la política oficial que convirtió a los falsos positivos en la mayor vergüenza para los militares. Uribe, en 2021 y ante la Comisión de la Verdad, dijo: “los soldados me engañaron”. No hay nada más que agregar.

@germanayalaosor

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