Por GERMÁN AYALA OSORIO
Margarita Cabello Blanco está jugando a superar al arbitrario, godo recalcitrante, perseguidor de impíos y clientelista, Alejandro Ordóñez Maldonado. Y va por buen camino. Desde el día de su posesión el país supo del talante complaciente con el que actuaría como Procuradora General de la Nación. “En esto acompañaremos a nuestro gobierno”, señaló el día en que fue investida por Duque como jefa del Ministerio Público. Sin duda alguna, dejó entrever que su labor de vigilancia, control y disciplina no tocaría los intereses del gobierno y mucho menos a los servidores públicos afectos del régimen.
Así las cosas, Cabello Blanco asumió como propia la persecución directa contra los senadores Alexander López y Wilson Arias, quienes habrían cometido la grave falta disciplinaria de oponerse a la violación de los derechos humanos por parte de agentes de la Policía. Al hacer parte de la oposición política, tanto López como Arias participaron de las manifestaciones pacíficas e impidieron en varios casos que jóvenes ilegalmente retenidos por agentes de la Policía fueran golpeados o trasladados a estaciones sin el acompañamiento de defensores de los derechos humanos.
Por esa vía, Margarita Cabello está escoltando al gobierno en su tarea de sacar del camino a quienes se han encargado de denunciar ante organismos internacionales y nacionales la sistemática violación de los derechos humanos de los jóvenes marchantes por parte del Esmad y de la Policía. Abrir investigaciones disciplinarias contra los señalados congresistas constituye una inaceptable persecución política, que convierte al Ministerio Público en un apéndice del gobierno de Duque y a la Procuradora en un vil instrumento ideológico.
No contenta con fustigar a los congresistas de la oposición, Cabello Blanco radicó un proyecto de ley en el Congreso que le dará súper poderes disciplinantes. El senador Roy Barreras llamó la atención sobre la iniciativa al señalar que “este proyecto le entrega facultades a la Procuraduría para que ejerza funciones jurisdiccionales, es decir, convierte a la Procuraduría en juez. (…) En manos de la Procuraduría quedan todos los mandatarios y particularmente todos los alcaldes y gobernadores alternativos o independientes, que no hacen parte de la coalición de gobierno”.
Con esos súper poderes o sin ellos, ya es evidente el actuar intimidante de Cabello Blanco. Su actitud y sus acciones temerarias no solo la acercan al talante fascista del Torquemada Ordóñez, sino que la erigen como una peligrosa “cazadora” de funcionarios críticos de la administración de su amigo Iván Duque. De aprobarse dicho proyecto, la Procuradora iría por los alcaldes y gobernadores que se opongan a las medidas y decisiones que en el marco de la “asistencia militar” están tomando los asesores militares, investidos como secretarios de seguridad y justicia en varias regiones del país, manejadas como zonas de rehabilitación y consolidación por imposición directa de Álvaro Uribe Vélez y el general Eduardo Enrique Zapateiro.
Así se confirma que tanto la Defensoría del Pueblo como la Procuraduría General vienen actuando como parte del gobierno de Iván Duque, lo que constituye sin duda alguna una concentración peligrosa del poder en el Ejecutivo y el debilitamiento de las garantías que en materia de derechos humanos deben ofrecer esos dos organismos.
Ojalá las denuncias lleguen a oídos de la CIDH, en virtud a que el Gobierno estaría incumpliendo las directrices que en el marco de las medidas cautelares fijadas en su momento en el caso Petro, entregó dicho organismo en su Resolución 5 de 2014.
Ya Cabello Blanco sacó el látigo para disciplinar a los nuevos impíos que el régimen Uribe-Duque-Zapateiro le ordenó castigar. Veremos si logra superar al fascista y quemador de libros Alejandro Ordóñez Maldonado. De lograrlo, la actual Procuradora General de la Nación pasaría a la historia como la primera mujer en Colombia en exhibir el talante inflexible, intolerante, represivo y despiadado que se le reconoce a Tomás de Torquemada.
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