Ley de seguridad ciudadana: más garrote que zanahoria

Posiciones marcadamente divergentes entre el Gobierno y la oposición se expresan en la Ley de Seguridad Ciudadana que después de haber sido aprobada en Cámara y Senado y luego conciliada, ahora solo le falta la sanción presidencial.

El ministro de Defensa, Diego Molano, explicó que esta Ley va dirigida al ciudadano de a pie, y lo que busca es dar más instrumentos al Estado «para que haya más seguridad, más convivencia y más justicia y poder seguir trabajando en defensa de los colombianos y sin tregua contra los delincuentes».

En tal sentido, la ley fortalece la seguridad ciudadana e incluye reformas a los códigos penal y de procedimiento penal, al código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y al de Extensión de Dominio.

También incluye la regulación de armas, elementos y dispositivos menos letales, sostenibilidad del Registro Nacional de Identificación Balística, entre otras disposiciones. Frente a esto el ministro Molano señaló que «todo aquel que utilice un arma blanca o un puñal para atracar, tendrá a partir de hoy mayor agravamiento su pena».

El jefe de la Defensa, Diego Molano Aponte, agradeció al Congreso su disposición para sacar adelante esta ley y recalcó su importancia para que los jueces tengan los instrumentos necesarios que permitan llevar a la cárcel a todos aquellos delincuentes reincidentes en delitos que afectan a la ciudadanía como el robo de celulares, bicicletas y otros elementos sin tener la cuenta el costo de los mismos.

“Con este Proyecto de Ley se agravan las penas, particularmente, por ataques a los policías y funcionarios públicos, pero también con aquellos que cometan homicidios contra líderes sociales, a quienes se les dará la máxima pena».

Así mismo el jefe de la cartera de Defensa reiteró que con esta ley en funcionamiento, se termina la reincidencia para los delincuentes que roben varias veces, «aquella práctica en la que un ladrón robaba, luego era capturado, y luego era liberado, ¡se acaba! Porque ahora se someterán a medidas intramurales».

Igualmente, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, declaró: «Aprueban en el Senado la Ley de seguridad ciudadana que acabará con la práctica de que un ladrón haga sus fechorías y quede libre, ahora estará en la cárcel. Y si ataca con puñal o destruye los bienes públicos, tendrá penas más ejemplares. No más impunidad».

Desde la orilla de la oposición, voces como la de la representante María José Pizarro, de la Lista de la Decencia, consideran que con su aprobación es como si hubiéramos retrocedido 40 años, reviviendo el régimen penal que se estableció con la expedición del Estatuto de Seguridad Nacional en el gobierno de Julio César Turbay.

“Crean delitos innecesarios y penas desproporcionadas, que no previenen los delitos. Lo que quieren es generar más miedo con un discurso de seguridad. Entre ellas penas al movimiento indígena en su proceso de liberación de la madre tierra y a los desposeídos, no a terratenientes que invaden baldíos”, continuó.

“Se aumenta la pena máxima de prisión a de 50 a 60 años, lo que se traduce en cadena perpetua indirecta. El efecto real es el aumento del hacinamiento carcelario y cero resocialización. En contravía de las disposiciones de la Corte Constitucional”, sostuvo Pizarro.

Para ella esta norma sí criminaliza la protesta y “facilita la judicialización y encarcelamiento de manifestantes y defensores de derechos humanos en contravía de la Constitución Política y las obligaciones internacionales del Estado colombiano frente al legítimo derecho a la protesta”.

“El tratamiento a la protesta en Colombia es violento y trágico, así lo ha demostrado incluso la ONU en sus informes. La legitimidad de la fuerza pública no se gana a las malas, ¿dónde queda la confianza? Especialmente después del estallido social que vivimos. ¡Así no es!

Por su parte, Juanita Goebertus, representante del Partido Alianza Verde sostuvo que «este proyecto del Gobierno, tramitado a las patadas, no mejora la seguridad, es una muestra de populismo punitivo, criminaliza la protesta social y genera un riesgo inmenso de aumento de abusos policiales y justicia por mano propia».

Uno de los precandidatos presidenciales pertenecientes a la Coalición Centro Esperanza, Alejandro Gaviria, escribió en la cuenta de Twitter: La aprobación de la ley de seguridad ciudadana es desafortunada y es puro populismo punitivo. Aumentar penas no soluciona el problema si no reformamos la policía y garantizamos la efectividad de nuestro sistema judicial.

Otro de los precandidatos de la misma coalición, Juan Fernando Cristo, también considera que hubo un retroceso con la aprobación de esta ley: La obsesión del gobierno de Duque por aprobar la ley de seguridad retrógrada y anti democrática,que será tumbada por la Corte Constitucional,confirma que nunca entendieron las razones del estallido social y las movilizaciones ciudadanas de los últimos meses.¡Retrocedimos 40 años!

Por su parte el precandidato presidencial y senador Gustavo Petro trinó: «¿Saben que demuestra el proyecto de seguridad del gobierno? Que siempre han creído en el paramilitarismo».

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