Por SANDRA GARCÍA
Amargas noticias recibe nuestro país a diario, recién enterrados los cuerpos de los cinco niños masacrados el 13 de agosto en el oriente de Cali bajo “confusos” hechos, como se puede ver en el testimonio de una familiar de las víctimas. Nos enfrentamos de nuevo a una masacre el 15 de agosto en Samaniego en Nariño, donde fueron asesinados ocho jóvenes.
La violencia “anunciada” regresó con el gobierno uribista de Iván Duque, supuesto ganador de la contienda en 2018. Según un artículo de Semana, del 16 de julio del presente año 152 líderes han sido asesinados en el 2020. Por otro lado, una publicación de El Tiempo del 30 de diciembre de 2019 habla de 250 líderes asesinados el año pasado, azotando regiones como Cauca, Antioquia y Nariño.
En 2019 hubo 36 masacres en Colombia, la cifra más alta desde el 2014 según El Tiempo del 26 de febrero, noticia que puede ver en este enlace.
Actos atroces han ocurrido en este gobierno, como el bombardeo militar a 8 niños en Caquetá, la múltiple violación de una niña indígena de 13 años a manos de soldados del ejército, o el asesinato de dos menores que llevaban su tarea al colegio en Nariño. Violencias que se suman a las recientes masacres y dejan claro que lo que menos le preocupa al Estado es la protección de los menores, sobre todo si no los puede utilizar como caballito político: cadena perpetua para violadores.
El aumento de la violencia se debe en gran parte al incumplimiento de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC, que ha dejado muertos a muchos excombatientes en proceso de reinserción; también la erradicación forzosa de los cultivos ilícitos, sin propuestas sociales, que casi propicia hace pocos días la muerte de varios habitantes en un enfrentamiento con el Ejército en el Meta. Sin contar con el empoderamiento político y militar que este gobierno brinda al paramilitarismo.
El uribismo como ideología política se basa en la violencia del más salvaje como instrumento de poder. Con su “seguridad democrática” ha incentivado una crueldad insaciable, evidente en los falsos positivos durante el gobierno del ahora reo Alvaro Uribe Vélez, y en sus fanáticos seguidores que amenazan con plomo, bala y desequilibrios económicos, cuyo único fin es someternos a su “justicia” y su “verdad”, desconociendo las instituciones jurídicas que de dientes para afuera dicen respetar.
La seguridad democrática resultó un fiasco. Los medios vendidos de aquel entonces alimentaban el miedo y el terror, justificando el uso de la desmedida violencia por parte del Ejército y los paramilitares, que parecen ser la misma cosa. Violencia que no llevó a la derrota de los grupos insurgentes, pero sí al despojo de tierras y desapariciones forzosas por toda Colombia. La seguridad democrática no funcionó, no funciona, ni funcionará.
Pero la Colombia de este siglo precoz, apenas con 20 años de existencia, no es la misma de los años 80 y 90 silenciada por el miedo, que no solo infligían los grupos armados ilegales, el narcotráfico y y las fuerzas del Estado, sino también los medios de comunicación que se prestaban para disfrazar realidades, perpetuar el miedo y promocionar la malsana “seguridad democrática”.
La única parte positiva de tan oscuro panorama es que ahora las juventudes se levantan, conscientes de que ni la guerra ni el uribismo son el camino para cambiar el país y promover la justicia social. Los nuevos periodistas se toman las redes sociales para comunicar y hacer contrapeso a la añeja y amañada prensa. La renovación de la palabra alienta una nueva perspectiva política e incita cada día a millones de jóvenes a salir a las calles para protestar y pedir un cambio total de la estructura política de un país que se revienta a pedazos en las miasmas de su propia putrefacción. Ellos son la generación sin miedo.
Es un hecho.
Sobre el autor o autora
