Por ALBERTO YEPES *
Que no se bloquee y amedrente a la Corte Suprema de Justicia, estamos de acuerdo. Que no se les pueda presionar, ahí sí no podemos ponernos de acuerdo.
Que la Corte exija que no se presione mediante la movilización, no suena coherente con el hecho de que la voluntad popular, es decir el constituyente primario, tiene derecho a exigir a los poderes constituidos que cumplan los mandatos constitucionales y presionarlos cuando los incumplen o desconocen.
La CS de Justicia ha decidido apartarse de la legalidad y desconocer el mandato popular contenido en la Constitución que le indica claramente que su obligación es -dentro de los términos, procedimientos y plazos requeridos- designar a quien deba ocupar la titularidad de la Fiscalía solo de la terna que nomine el presidente.
Es el presidente Gustavo Petro quien recibió el mandato para dirigir y orientar la política criminal, y por tanto tiene el mandato para seleccionar y nominar al (la) Fiscal General de la Nación que implemente esta política criminal.
La Corte debe limitarse a certificar si cumplen los requisitos y designar entre las/os candidatos/as a quien considere el/la mas cualificada para el cargo. Es increíble que una Corte con una composición tan gigantesca para un país relativamente pequeño (son 23 magistrados mientras que son solo 9 en la Corte de Estados Unidos) se tome más de seis meses para seleccionar entre tres hojas de vida.
Si no puede atender de manera despolitizada una actividad administrativa como ésta, no se entiende cómo pueda la Corte encarar los casos realmente complejos que genera la conflictividad social de la nación.
No puede la Corte, con artilugios como el voto en blanco o manteniendo votaciones con resultados continuos de minoría controlada para que ninguna alcance la cifra exigida, evadir y dilatar su obligación de escoger, permitiendo que quede a cargo de la Fiscalía una persona que no fue postulada por el presidente, como ordena la Constitución, por mandato del pueblo, y mucho menos cuando sobre esta persona pesan graves acusaciones y evidencias irrefutables de favorecimiento a estructuras del crimen organizado.
La movilización ciudadana tiene como finalidad que se respete la voluntad popular, y de la obligación de acatar esos mandatos no puede apartarse ningún poder establecido.
Los magistrados creen que la Corte es un Tótem al cual solo se puede alabar y adorar, y nunca criticarle sus desaguisados y tropelías. Y considera además que los/as ciudadanos/as deben pasar en silencio y reverencial acatamiento sus desafueros y decisiones caprichosas o interesadas.
La CSJ no está por encima de ley ni exenta de rendir cuentas al poder del pueblo, el poder que los ha constituido y les encomienda sus funciones para que las cumplan con estricto apego a la Constitución. Y que lo hagan manteniendo al margen sus personales pretensiones, sobre todo alejados de la agenda y potenciales intrigas de los partidos políticos.
* Coordinador del Observatorio de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.
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