Ceo y van dos, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no eligió a la nueva fiscal general de la nación. En un contexto de presiones sociales y políticas y de denuncias periodísticas que ponen en tela de juicio la honorabilidad de Martha Mancera, los magistrados del alto tribunal votaron y al final ninguna de las ternadas logró los votos suficientes para ser designada fiscal general de la nación. El voto en blanco volvió a triunfar.
El mecanismo de votación interna resulta caprichoso y permite que sobre los togados caiga toda suerte de sospechas y lecturas suspicaces. ¿Qué es lo realmente sucede? ¿Las candidatas aún no logran convencer a los y las magistradas o es que hay lobistas furtivos que ejercen presión con el objetivo de dilatar la decisión para favorecer a la pareja Barbosa-Mancera?
Sin duda alguna, el aplazamiento se entiende como un mensaje al presidente Petro y a quienes se movilizaron hoy exigiendo a la CSJ que eligiera a la fiscal general: no se aceptan presiones políticas y mucho menos exigencias.
Volverán el 22 de febrero a reunirse para tratar de sacar adelante la elección. De no hacerlo, la cuestionada Martha Mancera quedaría al frente de la Fiscalía más desprestigiada que haya existido en el país, desde que fue creada en 1991. Estamos hablando de una fiscalía que bien puede superar en descrédito a las escandalosas administraciones de Luis Camilo Osorio y Néstor Humberto Martínez Neira.
Lo llamativo -hasta un punto quizá definible como aberración jurídica- es es que de poco o nada han servido los informes que periodistas serios han publicado sobre protección de la Fiscalía a criminales donde aparece repetidamente el nombre de Martha Mancera, la actual vicefiscal.
Es de público conocimiento que a raíz del agrio enfrentamiento entre el presidente Petro y el fiscal saliente, el gobierno en pleno presiona a la CSJ para que adopte cuanto antes la elección y evitar que Mancera, mano derecha de Barbosa, siga al frente de una Fiscalía cuestionada y señalada de estar capturada por clanes políticos y mafiosos, entre ellos el Clan del Golfo. La politización de la Fiscalía es evidente. Baste con señalar dos casos: las tres veces que el ente acusador solicitó la preclusión del caso Uribe Vélez por manipulación de testigos y fraude procesal y la no apertura de investigación contra Sarmiento Angulo, después de que reconociera ante las autoridades americanas, haber cometido actos de corrupción en la construcción de la Ruta del Sol II.
Tanto las denuncias de golpe de Estado hechas por el presidente Petro, que circulan en Estados Unidos y España, entre otros países y los graves señalamientos contra Mancera y Barbosa, solo sirven para que la mala imagen del Estado colombiano y la de sus connacionales se extienda y se confirme. Si a la CSJ le importara lo que sucede con una Fiscalía politizada y capturada por mafias de todo tipo, revisarían las denuncias periodísticas de medios como la revista Raya, Daniel Coronell, Yohir Akerman y Gonzalo Guillén, donde señalan las relaciones mafiosas que tendrían Mancera y Barbosa con organizaciones al margen de la ley.
En últimas, las marchas y concentraciones masivas de este 8 de febrero tuvieron un valor ético-político importante en la medida en que se está rechazando la corrupción y la captura mafiosa del ente investigador. Ese genuino clamor social debería de ser suficiente para que la CSJ evite dejar a Mancera al frente de la Fiscalía.
Prolongar en el tiempo la elección del remplazo de Barbosa acrecentará el malestar social, las rencillas políticas y el alto nivel de crispación política e ideológica que desde ya convierten a las elecciones de 2026 en un delicado escenario en el que bien pueden aparecer peligrosas circunstancias y hechos políticos: por ejemplo, el de la reelección de Petro, la irrupción de un Bukele de las huestes de la extrema derecha que estaría detrás del golpe blando y por supuesto, los efectos jurídico-políticos que muy seguramente provocarán las actuaciones de la nueva fiscal general de la Nación en contra de los poderosos agentes políticos y económicos que Barbosa y Mancera vienen protegiendo de tiempo atrás. ¿Será que hay temor en aquellos agentes de poder ante la llegada de una fiscal decente?
Adenda: rechazo los actos violentos en contra de la sede de la CSJ. Así no.
@germanayalaosor
Sobre el autor o autora
