Human Rights Watch raja a Colombia en derechos humanos

HUMAN RIGHTS WATCH presentó su informe anual, donde criticó la falta de compromiso del Gobierno de Colombia para tomar cartas en el asunto y seguir las recomendaciones hechas por varios mecanismos que señalaban la necesidad de reformar la Policía para evitar que a futuro se vuelvan a presentar nuevas denuncias relacionadas con homicidios, desapariciones y otros crímenes.

En el documento presentado por HRW se recuerda el desolador panorama que vivió el país entre finales de abril y junio del 2021, cuando se registraron 84 muertos, de los cuales 25 fueron por la acción policial.

“Policías cometieron graves violaciones de derechos humanos en respuesta a protestas mayormente pacíficas que se desarrollaron en Colombia entre fines de abril y mediados de junio de 2021. HRW halló evidencias que vinculan a la policía con 25 asesinatos de manifestantes y transeúntes, en la mayoría de los casos con municiones letales”, se lee en el documento publicado ayer, 13 de enero.

Violencia contra defensores de derechos humanos

Según el informe, más de 500 defensores de derechos humanos han sido asesinados desde 2016, lo que convierte a Colombia en uno de los países con las estadísticas más elevadas de asesinatos de defensores a nivel mundial. Hasta septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos había documentado el asesinato de 58 defensores de derechos humanos en 2021 y se encontraba verificando otros 34 casos.

“La mayoría de los asesinatos ocurrieron en zonas donde son comunes las actividades económicas ilegales, incluyendo, entre otras, la producción y el tráfico de drogas. Estas zonas incluyen los departamentos de Putumayo, Cauca, Valle del Cauca y Nariño en el sur; la región de Catatumbo, en la frontera con Venezuela; y la región del Bajo Cauca”, indica el informe.

“Colombia ha establecido un amplio conjunto de políticas, mecanismos y leyes para prevenir abusos contra defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo. Sin embargo, su implementación ha sido deficiente, en especial la de aquellas medidas que surgieron del acuerdo de paz de 2016. Los programas de protección colectiva creados conforme al acuerdo de paz para comunidades en riesgo y organizaciones de derechos no se habían implementado al momento de redacción de este documento”, sostiene HRW.

Guerrillas y disidencias

Una minoría de guerrilleros de las FARC, conocidos como disidencias de las FARC, rechazó los términos del acuerdo de paz, se negó a entregar sus armas y sigue cometiendo abusos.

Otros disidentes de las FARC se desarmaron en un primer momento pero luego crearon o se unieron a nuevos grupos. Entre otros motivos, han invocado los ataques de grupos armados y otros actores contra excombatientes. Hasta septiembre de 2021, más de 290 excombatientes de las FARC habían sido asesinados.

Las disidencias de las FARC y otros grupos armados, incluidos el ELN y grupos sucesores de los paramilitares, han cometido múltiples “masacres”, que se definen en Colombia como el asesinato de tres civiles o más en un mismo incidente. La Oficina de la ACNUDH documentó 76 masacres durante 2020 —la cifra más alta desde 2014— y recibió información sobre otras 82 entre enero y septiembre de 2021.

En 2021, el ELN siguió cometiendo crímenes de guerra y otros graves abusos contra civiles, como asesinatos, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores.

Los paramilitares y sus sucesores

Entre 2003 y 2006, organizaciones paramilitares de derecha que tenían estrechos vínculos con la fuerza pública y con políticos participaron en un proceso oficial de desmovilización que presentó graves falencias, y durante el cual numerosos miembros permanecieron activos y simplemente se reorganizaron, conformando nuevos grupos. Estos grupos sucesores, en especial las AGC, siguen cometiendo infracciones al derecho internacional humanitario y graves abusos como asesinatos, desapariciones y violaciones sexuales.

A fines de julio de 2021, los combates entre las AGC y una disidencia de las FARC, así como las amenazas de grupos armados, obligaron a más de 4 mil personas a huir del municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia.

El 23 de octubre, las fuerzas de seguridad capturaron al principal comandante de las AGC, Dario Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, quien tenía decenas de órdenes de captura pendientes, incluyendo por homicidio y reclutamiento de menores. Estados Unidos ha solicitado su extradición por cargos de narcotráfico.

La implementación de la Ley de Justicia y Paz de 2005, que ofrece una reducción de las penas a los paramilitares desmovilizados que confiesen sus crímenes, ha avanzado lentamente. De los más de 30 mil paramilitares que se desmovilizaron oficialmente, 4 mil han intentado obtener penas menos severas a cambio de una confesión. Hasta octubre de 2020, cerca de 650 habían sido condenados. 

Amenazas a la independencia judicial

En agosto de 2020, la Corte Suprema dispuso la prisión preventiva del entonces senador y expresidente Álvaro Uribe, como parte de una investigación para determinar si sobornó a exparamilitares para que cambiaran sus declaraciones en relación con su presunto rol en la creación de grupos paramilitares.

En respuesta, el presidente Iván Duque, aliado de Uribe, y otros líderes de su partido, el Centro Democrático, hicieron declaraciones que parecían estar orientadas a desacreditar o intimidar a la Corte y restar legitimidad a la decisión. Algunos propusieron reformar la rama judicial.

Uribe renunció al Senado y la Corte Suprema, que adelanta las investigaciones que involucran a legisladores, se declaró incompetente en el caso y remitió el proceso a la Fiscalía General de la Nación. En agosto de 2021, el fiscal Gabriel Jaimes pidió que se archivara la causa contra Uribe. A la fecha de redacción de este informe, estaba pendiente una decisión judicial al respecto.

Negociaciones de paz y rendición de cuentas

El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC estableció la creación de un organismo que se ocuparía de buscar los cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto armado; una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que juzgaría abusos ocurridos durante el conflicto armado; y una Comisión de la Verdad.

En 2021, la JEP logró avances históricos en la investigación y el juzgamiento de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, así como al ordenar que el gobierno implementara planes establecidos en el acuerdo de paz para proteger a personas en riesgo.

En febrero, la JEP ordenó al gobierno adoptar medidas para proteger a excombatientes de las FARC en riesgo, que incluían fortalecer su respuesta a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

También en febrero, acusó a miembros del ex secretariado de las FARC por su rol en la toma de rehenes y otros delitos relacionados, y concluyó que estos delitos formaban parte de una política de las FARC y constituían crímenes de lesa humanidad. En abril, los comandantes de las FARC reconocieron su responsabilidad por estos crímenes. El acuerdo de paz establece que los acusados que cooperen plenamente con la JEP y confiesen los delitos que cometieron serán pasibles de hasta ocho años de “restricciones a la libertad”, pero no de penas de prisión.

En abril, la JEP reconoció a cinco personas LGBT como víctimas de abusos de las guerrillas de las FARC y soldados del Ejército, y determinó por primera vez que la persecución por motivos de género incluye la persecución basada en la orientación sexual y la identidad de género.

En julio, la JEP acusó a varios oficiales y suboficiales del Ejército por su participación en ejecuciones extrajudiciales, que se conocen como “falsos positivos”, en los departamentos de Norte de Santander, César y La Guajira. Soldados y oficiales, presionados por sus superiores para que demostraran resultados “positivos” e incrementaran el número de bajas, se llevaban por la fuerza a víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas, como ofertas de empleo, para luego dispararles y matarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos. La JEP estima que más de 6.000 personas fueron asesinadas bajo la modalidad de los “falsos positivos” entre 2002 y 2008.

Al menos 19 soldados del Ejército en servicio activo y retirados que declararon ante la JEP han sufrido amenazas y hostigamiento.

En julio, la Fiscalía General anunció que acusaría de homicidio al general Mario Montoya Uribe, que encabezaba el Ejército en la época en la cual se registró el mayor número de “falsos positivos”, entre 2006 y 2008. Sin embargo, un tribunal en Bogotá dictaminó en agosto que la JEP solamente podía acusar a Montoya por delitos relacionados con el conflicto.

El expresidente Uribe dijo en agosto que Colombia necesitaba una “amnistía general” y un “borrón y cuenta nueva”. Posteriormente, propuso reducir las penas de prisión para los soldados y permitir que personas condenadas por algunos delitos se postularan a cargos públicos y ocuparan esas funciones, lo cual podría beneficiar a políticos que han sido condenados por conspirar con grupos paramilitares y otros delitos. Al momento de elaboración de este informe, el proyecto de ley aún no había sido presentado ante el Congreso.

Por disposición legal, la Comisión de la Verdad debía presentar sus conclusiones en noviembre de 2021. Sin embargo, en julio, la organización de derechos Dejusticia pidió a la Corte Constitucional que extendiera el plazo, pues señaló que el trabajo de la comisión había sido obstaculizado por la pandemia de Covid-19. En octubre, la Corte Constitucional otorgó a la Comisión de la Verdad nueve meses adicionales para dar a conocer sus hallazgos.

Derechos indígenas

Las poblaciones indígenas de Colombia padecen niveles desproporcionados de pobreza que les impiden ejercer sus derechos sociales y económicos. En 2021, al menos 32 niños y niñas de menos de cinco años —en su mayoría de comunidades indígenas wayuus— murieron en el departamento de La Guajira por causas vinculadas con desnutrición y acceso limitado al agua potable segura. Las acciones inadecuadas del gobierno para asegurar suficiente atención de la salud, agua y alimentos, además del confinamiento por el Covid-19, han exacerbado la crisis de desnutrición de los wayuus.

Actores internacionales

Estados Unidos es el actor extranjero con mayor influencia en Colombia. Para el año fiscal 2021, aprobó una asistencia financiera de USD 461 millones. A pesar de que parte de la asistencia militar estadounidense está supeditada a requisitos en materia de derechos humanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha exigido rigurosamente su cumplimiento. En julio de 2021, el Departamento de Estado señaló que Colombia había cumplido con las condiciones de derechos humanos al emplear “métodos efectivos” para prevenir ataques contra defensores de derechos humanos, lo cual, como ha demostrado Human Rights Watch, no es cierto.

En enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó a Colombia a proteger al periodista de investigación Ricardo Calderón. La comisión indicó que Calderón había sido objeto de amenazas, vigilancia y un plan para asesinarlo, pero que las autoridades no habían actuado para que los responsables respondieran ante la justicia.

En agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Colombia era responsable del secuestro y la violación sexual de la periodista Jineth Bedoya mientras investigaba violaciones de derechos ocurridas en la cárcel La Modelo en Bogotá. Durante una audiencia en marzo, un representante de Colombia pidió que se recusara a la mayoría de los jueces y se retiró de la audiencia alegando que no había “garantías” para un proceso justo. Sin embargo, la corte rechazó el pedido de recusación e indicó que este parecía tener la intención de frustrar el trabajo de la corte.

En junio, la Comisión Interamericana visitó Colombia para documentar abusos ocurridos en el contexto de las manifestaciones de 2021. En julio, concluyó que la policía había cometido “graves violaciones a los derechos humanos” y anunció un mecanismo especial para dar seguimiento a la situación en Colombia.

En agosto, Colombia ofreció acoger hasta 4.000 personas afganas en riesgo de manera temporal para posibilitar que EE. UU. tramitara su admisión a ese país.

En octubre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional concluyó su examen preliminar sobre Colombia tras llegar a un “acuerdo de cooperación” con el gobierno. A través del acuerdo, el gobierno se compromete a proteger a la JEP, asegurar que cuente con un presupuesto adecuado y garantizar su independencia.

A pedido del gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó una misión política en 2016 para dar seguimiento al acuerdo de paz con las FARC y verificar su implementación. En mayo de 2021, el Consejo de Seguridad amplió el mandato de la misión e incluyó en el mismo la verificación del cumplimiento de sanciones que establezca la JEP. En octubre de 2021, el consejo prorrogó el mandato de la misión hasta octubre de 2022.

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