EXCLUSIVO – Masacre de jóvenes en Buga, la Fiscalía miente

Contrariando la versión oficial de la Fiscalía General de la Nación, según la cual los autores de la masacre de cinco jóvenes el pasado 26 de enero en Buga (Valle del Cauca) fue un grupo de disidentes de las Farc que intentó secuestrar a Jacobo Pérez, hijo del dueño de la finca, El Unicornio tuvo acceso a una fuente cercana al circulo social de las víctimas, quien entregó una versión muy diferente y ajustada a lo que hoy ocurre en esa región.

“Nos quieren hacer creer que hombres fuertemente armados no iban a ser capaces de secuestrar a un solo joven, quien no contaba ni siquiera con una piedra para defenderse”.

Además de Jacobo, fueron asesinados Sara García de 18 años, Valentina Arias de 17 años, Nicolás Suárez de 18 años y Juan Pablo Martín de 18 años.

Según la Fiscalía, los presuntos responsables hacían parte de una disidencia de las Farc denominada Adán Izquierdo, que “no tiene más de 20 hombres en esa zona del país y se ha dedicado a extorsionar en la región”. (Ver noticia).

Según nuestra fuente, lo que en realidad opera en esa región (que incluye la vereda Cerro Rico del corregimiento Chambimbal, donde ocurrió la masacre) son grupos paramilitares que, aduciendo razones de “seguridad colectiva”, cobran fuertes sumas extorsivas a los propietarios de fincas y haciendas en esa próspera región del norte del Valle.

Indica la fuente consultada (amigo de una de las personas asesinadas) que en ocasiones Jacobo Pérez y sus amigos armaban algún plan para verse en esa finca, por ejemplo un fin de semana, pero antes de la fecha recibían por Whatsapp un mensaje del anfitrión aplazando la cita, porque la cosa “está muy caliente”. Ese “muy caliente” podía significar que se había recibido una nueva amenaza o un nuevo mensaje extorsivo, y dicha situación al parecer obedecía a que el propietario de la finca, cansado del cobro periódico de “cuotas”, se había negado a seguir pagando.

Lo paradójico del asunto es que las víctimas pertenecían a familias vallecaucanas muy pudientes, algunas aportantes a la campaña presidencial de Iván Duque o militantes del Centro Democrático. Inclusive, tenían hijos que eran miembros activos de las juventudes uribistas.

Según la fuente consultada, no pudo haberse tratado de un intento frustrado de secuestro, como dice la Fiscalía, porque los hombres que irrumpieron en la finca iban tan fuertemente armados que no habrían tenido ningún obstáculo en llevarse al hijo del propietario sin que nadie hubiera podido oponer resistencia.

Por el contrario, llegaron preguntando por Jacobo Pérez porque el propósito del grupo paramilitar era asesinarlo, en venganza por haberse negado el padre a seguir cumpliendo con la cuota extorsiva y para enviar un mensaje intimidante al resto de finqueros asentados en su zona de influencia, algunos de los cuales ya estarían coincidiendo en la negativa a seguir siendo objeto de las extorsiones. Si mataron al resto de jóvenes que se encontraban departiendo en el jacuzzi, fue para no dejar testigos.

Según la citada fuente, nunca antes, hasta el día en que ocurrió la masacre, se sabía que en esa próspera región operara un grupo guerrillero de “veinte disidentes” de las Farc.

La misma fuente brinda claridad en el único propósito de dicha masacre se resume en dos palabras: venganza y advertencia. O sea, un modus operandi típicamente mafioso. “Nos quieren hacer creer que hombres fuertemente armados no iban a ser capaces de secuestrar a un solo joven, quien no contaba ni siquiera con una piedra para defenderse”.

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