EPM, ejemplo de lucha contra el corporativismo

Por DIEGO OTERO PRADA

Quieren privatizar a EPM. La actual disputa es más profunda que una simple pelea personal entre el alcalde de Medellín Daniel Quintero, y Álvaro Uribe y el Grupo Empresarial Antioqueño-GEA.

En Medellín se está dando esta pelea entre la visión del llamado gobierno corporativo y una postura diferente, la del alcalde Daniel Quintero.

Se están enfrentando dos visiones sobre el manejo de las empresas públicas: la neoliberal y la progresista.

El gran dolor de cabeza de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico- OCDE- es qué hacer con las empresas públicas, donde la oposición a su privatización es muy fuerte.

La solución que se inventaron los neoliberales fue el gobierno corporativo, consistente en una forma perfecta de privatización sin hacerse a los activos.

La idea es prohibir que las empresas públicas sean dirigidas por los funcionarios públicos, alcaldes, gobernadores y ministros. No deben estos agentes del ejecutivo ser miembros de las juntas directivas ni ningún tipo de funcionarios públicos, sino que todas las juntas directivas deben ser integradas por personas del sector privado. Pero eso sí, por representantes de los grandes grupos económicos. Nada de representantes de sindicatos, de asociaciones civiles, de miembros de gremios, de profesionales o de representantes de los usuarios.

El gobierno corporativo significa que los dueños de las empresas, es decir, el Estado, no deben participar en ninguna decisión; que los gerentes o presidentes nombrados por las juntas directivas integradas por sectores de las clases dominantes, no pueden ser interferidos en nada, ni en políticas de la empresa, ni en nombramientos ni en directrices. O sea, perfecta privatización sin hacerse al capital. Que fácil.

Ejemplo claro y para gusto de los organismos internacionales, lo que hizo la alcaldesa Claudia López con las tres empresas de servicios públicos: Energía, Acueducto y Alcantarillado, Telecomunicaciones. La alcaldesa no está en las juntas directivas, sus miembros provienen en un 70 por ciento de egresados de los Andes, en general gente de derecha, neoliberal, que ha trabajado en el sector financiero o en el sector privado colombiano, en organismos internacionales y con posgrados en los Estados Unidos.  Los gerentes fueron nombrados por las respectivas juntas directivas, sin vinculaciones políticas con corrientes alternativas. Solo uno que otro subsecretario se nombró en las juntas directivas, pero sin ningún poder, ya que son minoría.

Este es un ejemplo perfecto de lo que se llama gobierno corporativo, aplicado por una candidata de un movimiento supuestamente progresista, pero que sigue las orientaciones de la derecha internacional y se congracia con las élites bogotanas que, por cierto, no votaron por ella.

En Medellín se está dando esta pelea entre la visión del llamado gobierno corporativo y una postura diferente, la del alcalde Daniel Quintero, correcta en su oposición al GEA, pues nombró a miembros de la sociedad civil: tres vocales de control de servicios públicos domiciliarios, dos ingenieros, tres abogados, un exalcalde y una educadora, personas no vinculadas a las grandes empresas nacionales ni internacionales ni a organismos financieros. Fue un gran paso adelante, aunque le faltó nombrar otros funcionarios públicos. De todas maneras, qué diferencia con Bogotá.

La visión progresista apunta a empresas públicas manejadas por el sector público, presididas por los alcaldes, gobernadores, ministros o funcionarios públicos de alto nivel, integradas por representantes de los trabajadores y empleados de las empresas, representantes de los usuarios (industriales, comerciales, financieros…), funcionarios públicos y profesionales de alto nivel escogidos de listas presentadas por las agremiaciones de profesionales como la ACIEM que congrega a más de 15 000 profesionales de todo tipo altamente calificados.

¿Quién dijo que las empresas públicas deben ser manejadas por los intereses privados? ¿Quién dijo que el GEA es el dueño de la EPM? Tampoco las empresas de Bogotá pueden ser dueñas de los sectores privados de derecha y neoliberales. Entonces, un gobierno de izquierda debe dar un salto cualitativo y orientar a las empresas públicas para servir los intereses de la nación y no a los de unos pocos empresarios privados.

Respaldo al alcalde de Medellín en su pelea con la derecha uribista y la oligarquía de Medellín. Ojalá piense en nombrar en la junta directiva de EPM a representantes de los trabajadores y empleados de esa empresa.

Pero, hay que reconocerlo, dio un gran salto en comparación con lo que había: era una empresa secuestrado por un grupo económico.

@DiegoOteroP

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