Por GERMÁN AYALA OSORIO
Con el comunicado que la Presidencia de la República alojó en su página web, referido a la publicación de noticias falsas por parte de varios medios masivos (El Tiempo y Semana en particular), las tensas relaciones entre el presidente de la República y la prensa corporativa pasaron de simples controversias en la red X, a un asunto político que le permite a Petro no solo “graduar” a las empresas mediáticas como actores políticos en oposición, sino de elevar su temerario actuar a un asunto de Estado e, incluso, de seguridad nacional.
No se trata de un simple llamado de atención a los medios comprometidos en la construcción de noticias falsas. Se trata de una confrontación directa que pone en evidencia que dichas empresas mediáticas siguen instrucciones de sus propietarios, lo cual supone que las reuniones de estos últimos con el presidente de la República de cara a lograr un Acuerdo Nacional no han servido para desactivar la campaña mediática de desprestigio que emprendieron desde el 7 de agosto de 2022.
Nunca hubo en el país tal comunión de esfuerzos entre medios masivos con el propósito de desestabilizar a un gobierno, como la vemos hoy. El golpe de Estado blando lo quieren lograr con base en noticias amañadas y tendenciosas. La manipulación perversa del hecho noticioso relacionado con el incremento del impuesto predial confirmó el interés de El Tiempo y Semana de engañar a la opinión pública. Insisto: no se trata de ligeras interpretaciones fruto de una lectura rápida del texto del proyecto de ley, en cuestión. No. La intención manifiesta era generar malestar social en propietarios urbanos, pese a que la iniciativa busca que los grandes terratenientes rurales, que pagan muy poco predial por grandes extensiones de tierra, paguen al fisco de acuerdo con la actualización que debe hacer el Instituto Agustín Codazzi. Con ese proyecto de ley el gobierno de Petro estaría dando cumplimiento al catastro multipropósito, que hizo parte de lo acordado en La Habana entre el Estado y las Farc-Ep.
En varios pasajes del comunicado se puede leer entre líneas lo que aquí indico: “Porque los objetivos sociales propios y adelantados en el Gobierno del Cambio son contrarios a los objetivos económicos particulares de los dueños de los medios y a su propia visión de la sociedad colombiana”. Al construir el rechazo al Gobierno con la reproducción de la mentira y manipular así a sectores de la población con una indignación mal fundada como pasó con la noticia falsa del predial, por ejemplo, lo que se construye es una senda social para el apoyo de un violento gobierno de extrema derecha”. A lo anterior se suma que las empresas mediáticas estarían violando el artículo 20 de la Constitución Política.
Por el bien del país, los banqueros Gilinski y Sarmiento Angulo están en la obligación moral y ético-política de desactivar el plan contra Petro, dejando de usar a sus medios Semana y EL TIEMPO como instrumentos políticos y ruedas de transmisión de sus intereses corporativos desestabilizadores. Al parecer, poco les importa que sus empresas mediáticas pierdan credibilidad y exponer a sus periodistas al desprestigio social, con tal de generar una crisis política y social que logre deslegitimar al actuar gobierno.
Convendría a los propietarios de El Tiempo y Semana leer al columnista Álvaro Forero, quien, en reciente columna en El Espectador, sostuvo que “un eventual fracaso de Petro no garantiza el triunfo de la derecha, también podría desencadenar una reacción populista contra quienes frenaron el cambio y alentar una propuesta de cambio extremo que incluya asegurar mayorías en el Congreso para garantizar que no les suceda lo mismo que a Petro”.
@germanayalaosor
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