Por HUMBERTO TOBÓN*
El tema de las pensiones es de una gravedad extremadamente alta. Es un problema social, que se resuelve con decisiones políticas que tienen impactos económicos.
Los colombianos que por su edad tendrían derecho a una pensión de vejez son 6,9 millones. Sin embargo, sólo 1,46 millones de personas gozan de ella, de los cuales 1,23 millones la reciben de Colpensiones y 0,23 millones de los fondos privados.
Los fondos privados de pensiones manejan una cifra correspondiente a una tercera parte de lo que fue el Producto Interno Bruto de Colombia en 2021, o sea, alrededor de 330 billones de pesos. O dicho de otra manera, el valor es casi idéntico al presupuesto general de la nación para 2022.
Pero más allá de la discusión técnica, económica y política de cuál es el sistema más adecuado y qué riesgos genera cada uno, la pregunta de fondo, que desnuda el verdadero problema, es por qué sólo el 21,1% de las personas en edad de acceder a la pensión, sí la tienen.
La respuesta es que en Colombia se impone el empleo informal, donde la mayoría de las personas que están inmersas en él, no aportan al sistema de seguridad social y, por tanto, no tienen derecho, en su edad adulta, a recibir una compensación económica periódica. Además, según Fasecolda, las personas que cotizan sobre un salario mínimo no alcanzan a pensionarse en los fondos privados, porque no suman el ahorro mínimo requerido.
De los 5,4 millones de personas que a pesar de su edad no gozan de una pensión, 4 millones viven en condiciones sociales críticas, muchos de ellos en pobreza extrema, sin hogar y enfermos. De estos adultos mayores sin pensión, sólo 1,7 millones reciben una contribución económica de 80 mil pesos mensuales por parte del Estado, a través de un programa especial liderado por la oficina de Prosperidad Social.
Cerca de 1,4 millones de ciudadanos que carecen de pensión, son acogidos en buena medida por sus familias o viven de sus ahorros. Incluso, muchos de ellos trabajan.
El gran interrogante es qué hacer con esa población adulta no pensionada, a la cual el Estado le debe garantizar sus derechos mínimos a la salud, la alimentación y la vivienda, pero de los cuales la mayoría no goza.
La solución evidentemente debe pasar por una reforma al sistema pensional, con el fin de hacerlo más inclusivo; y por decisiones de política pública, relacionadas con la oferta de recursos suficientes para que esos cuatro de cada cinco adultos mayores que no tienen una pensión, puedan vivir dignamente.
Las decisiones que se deben tomar son urgentes, porque las proyecciones poblacionales indican que en 2050 las personas en edad de jubilación se duplicarán con respecto a 2022 y si las condiciones sociales y las proporciones estadísticas se mantiene como hoy, 11,7 millones no contarán con una pensión y, por lo menos, 9 millones tendrán que ser protegidos directamente por el Estado.
@humbertotobon
*Estos conceptos no comprometen a la RAP Eje Cafetero de la que soy Subgerente de Planeación Regional.
* Imagen de portada, de Pulzo.com
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