Por GERMÁN AYALA OSORIO
La relatoría solicitada por la alcaldesa Claudia López y adelantada por Naciones Unidas confirma que miembros de la Policía nacional masacraron a por lo menos once jóvenes en las protestas del 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá. Esto constituye una vergüenza estatal y se convierte en el mejor argumento para insistir en sacar a ese cuerpo armado del ministerio de Defensa. De igual manera, esa constatación debería de concitar cambios sustanciales en los requisitos para incorporar a nuevos policías y, por supuesto, modificaciones a la cartilla que usan en las escuelas de formación de oficiales y suboficiales. Al parecer sus contenidos están soportados en una narrativa oficial recreada por el gobierno de Iván Duque, con la que los jóvenes que protestan y reclaman sus derechos fueron elevados a la condición de “enemigo interno”.
Con lo sucedido esa fatídica noche en la capital del país, el siempre discutido paradigma weberiano del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado quedó pulverizado por cuenta de los policiales que asesinaron a los 11 ciudadanos. La evidencia demuestra que no solo hicieron una lectura equivocada del escenario al que se enfrentaron, sino que actuaron como sicarios. De igual manera, los crímenes cometidos durante el Paro nacional de 2021 contribuyen a la inaplicabilidad de esa tesis de Max Weber, pues el Estado colombiano en su conjunto deviene ilegítimo.
Lo sucedido ese 9 de septiembre dejó en evidencia que los policiales actuaron por fuera de la ley, con la anuencia, por acción o por omisión, de sus comandantes y de la propia alcaldesa, cuya autoridad no solo fue desatendida, sino que ella misma hizo una lectura errónea de la convulsionada situación de orden público que se estaba viviendo.
Es difícil precisar si el llanto de la alcaldesa de Bogotá es sincero o si obedece a un cálculo político. Pero es evidente es que su autoridad moral quedó aún más debilitada al confirmarse que esa masacre fue apenas una expresión más del proceder violento del régimen uribista en cabeza de Iván Duque. Un régimen que actúa con el claro propósito de violar los Derechos Humanos, desconocer libertades ciudadanas e insistir en que los jóvenes son el nuevo enemigo interno de Colombia.
No queda duda entonces de que el Estado colombiano es un cruel victimario, un asesino serial, un régimen autocrático que opera bajo una enfermiza lógica castrense. Opera en Colombia de tiempo atrás un régimen oprobioso que ha logrado ocultar prácticas semejantes a las vividas en las dictaduras del cono sur, bajo el relato mediático y político que señala que somos la democracia más antigua de América Latina. Sin duda alguna, la más grande mentira que nos hemos tragado por años.
Lo peor de toda esta situación es que los policiales que asesinaron a los jóvenes muy seguramente no alcanzan a entender qué es eso de un Estado democrático de Derecho. Quizás en su insulsa formación solo les enseñaron a disparar, porque dudo que hayan leído algo de teoría del Estado. A lo mejor fueron formados bajos los protocolos y las orientaciones de la Escuela de las Américas…
@germanayalaosor
* Foto de portada, tomada de la BBC
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