Desde hace 35 años por esta época se conmemora la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la salvaje retoma por parte del Ejército Nacional. Las imágenes de las llamas dentro del edificio, los tanques ingresando por la puerta principal, hacen parte de los recuerdos nefastos que quedaron en la memoria de los colombianos.
El Holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 y que dejó cerca de 100 muertos, fue sin duda uno de los hechos que marcaron el gobierno de Belisario Betancur, entre 1982 y 1986, y que a la postre le significaron un duro golpe político para el jefe de Estado.
Todo comenzó cuando 35 guerrilleros del M-19 se tomaron el Palacio de Justicia, que en ese momento era la sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, como reacción a los que ellos consideraron incumplimientos del gobierno del presidente Belisario Betancur a los acuerdos de paz que habían consensuado el año anterior. Ese fracaso del proceso llevó a que se desplomara la tregua firmada en agosto de 1984.
Muchos le atribuyen la responsabilidad total de esta toma a Betancur, quien apenas culminó el hecho, dijo que había tenido “el control absoluto de la situación”. Uno de sus hermanos, Jaime Betancur Cuartas, magistrado del Consejo de Estado, fue uno de los pocos rehenes que fue rescatado.
30 años después una carta previa a un acto de perdón a las víctimas por parte del Gobierno Nacional, en cabeza en ese momento del presidente Juan Manuel Santos, en cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitida el 14 de noviembre de 2014, señaló al Estado como responsable de desapariciones y otros crímenes.
En ese momento el expresidente Betancur pidió perdón sobre lo que había ocurrido tres décadas atrás, con una carta pública. “Considero que a pesar de la vulneración del espíritu de quienes ante la toma sangrienta del Palacio por el M19 defendían a su saber y entender la Constitución y las Leyes, nada podría justificar el exceso del uso de la fuerza frente a la situación en la que se encontraban seres humanos inocentes e inermes”.
Y agregó: “Pido perdón porque hoy sé que mis actuaciones causaron inmenso dolor a los familiares de las víctimas y tanto dolor histórico al país; y reitero que haría cualquier cosa para aliviarlo. El dolor ha estado siempre en mi mente durante treinta años”.
También en la carta el expresidente dice: “Jamás he tenido el ánimo de guardar silencio sobre acontecimientos tan atroces como la desaparición y la tortura de personas, que bajo ninguna circunstancia se pueden aceptar. Al contrario, soy partidario de que se sepa toda, toda, toda la verdad, lo que en algo aliviaría tanto dolor de los familiares de las víctimas y de la sociedad. Y he dejado toda conclusión al juicio de la justicia y al juicio de la historia”.
En esa misma misiva el exmandatario negó que tuviera otra verdad escrita y oculta y afirmó que nunca pensó en escribir un libro sobre tales hechos.
Y a pesar de que se mostró partidario de que se supiera toda la verdad, el país esperó una declaración oral o escrita de Betancur que nunca apareció, mientras que por una decisión del Tribunal Superior de Bogotá se solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigara al exmandatario para determinar su probable responsabilidad penal en la desaparición de once personas durante la retoma del Palacio de Justicia.
En diciembre de 2018 Betancur falleció y Germán Bula, quien fue su viceministro de Trabajo, y que para la fecha ejercía como presidente del Consejo de Estado, manifestó en Noticias Caracol: “Él (Belisario) dejó un testamento tal vez la gente no recuerda, hay unos documentos que él dijo que solo se abrirían a su muerte, supongo que el valor histórico de esta documentación va a ser enorme en el momento que vive el país”.
Ya que Betancur nunca manifestó esa verdad de la cual en vida él mismo dijo era partidario, y cerca de su segundo aniversario de fallecido, no sería oportuno que la familia del expresidente hagan públicos esos documentos donde se menciona lo que realmente ocurrió hace 35 años, ¿no sería acaso la mejor forma de rendir un homenaje a ese presidente que, curiosamente, es recordado por sus mensajes reiterativos de paz y concordia?
Este es el texto completo de la carta que escribió Belisario hace cinco años:
A pesar de las conocidas diferencias que separan a los colombianos, Colombia hoy está unida por una doble realidad, llena de esperanza, la una, ante la cercanía de la paz, de la que fui, soy y seré buscador; y por la tristeza, de la otra, ante el justo dolor por lo que sucedió en el Palacio de Justicia de Bogotá el 6 y 7 de noviembre de 1985, y que nunca más debe volver a ocurrir.
Esos hechos y la justa tristeza acumulada en tantos compatriotas, excede la conciencia individual, y excede mi propia conciencia. Nunca pensé que algo así pudiera llegar a ocurrir.
Se ha dicho que debí tomar más previsiones para evitar ese horrible suceso. He declarado por más de 80 horas ante la justicia que las instrucciones que impartí a la Fuerza Pública, fueron que la vigencia de la Constitución en el Palacio se garantizara con el salvamento de la vida de los eminentes magistrados, de los hombres y mujeres que se encontraban dentro del Palacio; y de los guerrilleros a los cuales se ofreció un juicio civil justo, que se negaron a aceptar.
Pasados tantos años y en el contexto de nuevas realidades desconocidas entonces, miro hacia atrás y veo que se debieron tomar aún mayores precauciones para preservar todas las vidas y para garantizar un mejor manejo del lugar de los hechos donde fueron vilmente sacrificados numerosos ciudadanos. Las pérdidas humanas me duelen en el alma y sé que duelen justamente a todos: las de los beneméritos magistrados, las de los rehenes, la del magistrado Urán; las de los militares y policías; y la de tantos otros.
Nuevamente pido perdón porque hoy sé que mis actuaciones causaron inmenso dolor a los familiares de las víctimas y tanto dolor histórico al país; y reitero que haría cualquier cosa para aliviarlo. El dolor ha estado siempre en mi mente durante treinta años. Asimismo he tenido presente el justo reclamo de la verdad por quienes sobreviven, muchos de ellos buscando a sus seres queridos. Nuestra memoria y la del país, estarán incompletas hasta cuando podamos conocer el paradero de todos los desaparecidos.
Como jefe de Estado en ese entonces, considero que, a pesar de la vulneración del espíritu de quienes ante la toma sangrienta del Palacio por el M19, defendían a su saber y entender la Constitución y las Leyes, nada podría justificar el exceso del uso de la fuerza frente a la situación en la que se encontraban seres humanos inocentes e inermes.
Tampoco existe justificación para que los guerrilleros hayan pretendido obligar a reanudar unas conversaciones que estuvieron permanentemente abiertas; ni para que los asaltantes violaran la sede sagrada de la justicia, al irrumpir en ella a tiros, matando y sacrificando a sus excelsos representantes, a sus colaboradores y a los visitantes del sagrado recinto.
Inmediatamente después de que ocurrieron aquellos acontecimientos, ordené adelantar investigaciones que condujeran a clarificar y señalar las responsabilidades sobre lo ocurrido; y a remitirlas a la justicia correspondiente.
De mi parte, he estado siempre a disposición de la justicia. En tal sentido he hecho declaraciones ante el Tribunal Especial de Instrucción Criminal creado siete días después de los hechos, por el decreto número 3300 de 1985, del Presidente de la República a sugerencia de los Magistrados sobrevivientes; seguí concurriendo ante la justicia durante los nueve meses que me restaban de gobierno. Y lo proseguí haciendo ya en mi condición de expresidente.
Fue así como rendí declaración ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la cual decidió que no había lugar a acusación alguna contra el Presidente de la República y archivó el expediente; declaré también ante el juzgado 30 de Instrucción Criminal por más de treinta horas; nuevamente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara el 18 de noviembre de 1988; ante la Honorable Corte Suprema el 4 de julio de 1990; ante la comisión de la Verdad creada e integrada por la Honorable Corte, en octubre de 2005; a la Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte, declaración que duró dos días en diciembre de 2005; y que se realizó de nuevo el 15 de agosto de 2008.
Es visible, por tanto, que no he guardado silencio; que he atendido y continuaré atendiendo todos los requerimientos que la administración de justicia me ha hecho y que me haga en el futuro. Repito que nunca he estado a favor del silencio, menos cuando se trata de establecer responsabilidades, como suele afirmarse. Al dejar la Presidencia, según expresé antes, permanecí en el país para estar sin intervalos a disposición de las autoridades competentes y de la verdad. Nunca he pensado en escribir libro alguno sobre tales hechos, porque no litigo ante la letra escrita, sino que declaro siempre ante la autoridad competente. Y nunca di instrucción alguna para que sobre aquellos terribles sucesos se realizaran pactos de silencio, según se afirma con ligereza.
Jamás he tenido el ánimo de guardar silencio sobre acontecimientos tan atroces como la desaparición y la tortura de personas, que bajo ninguna circunstancia se pueden aceptar. Al contrario, soy partidario de que se sepa toda, toda, toda la verdad, lo que en algo aliviaría tanto dolor de los familiares de las víctimas y de la sociedad. Y he dejado toda conclusión al juicio de la justicia y al juicio de la historia.
La tragedia del Palacio de Justicia es un dolor de la patria entera, y nunca debió ocurrir. Así como lo es dolor de la patria el haber aniquilado la llegada de la paz, que en aquel entonces se concretaba con la Unión Patriótica.
Por el bien de la patria, veo ya muy cerca la cara de la paz, en los diálogos de La Habana. Ruego a Dios que esa paz, que sé que es anhelada de una u otra manera por todos los colombianos, llegue pronto a nuestra patria, llena de dolor pero también hoy llena de esperanza.
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