Por GERMÁN AYALA OSORIO
Lo sucedido con el inventario de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) es la constatación de que la política se tomó el crimen.
El inventario no cuadra y hay que investigar lo sucedido, le dijo al fiscal general de la Nación, el presidente Gustavo Petro. Claramente, Petro expuso (¿delató?) a Francisco Barbosa ante la opinión pública para que sea la entidad a su cargo la que actúe frente a lo que dejó de hacer. Barbosa está obligado política, ética y moralmente a ordenar la apertura de investigaciones penales que lleven a esclarecer los hechos y castigar a los responsables. Circulan imágenes de la rueda de prensa en la que se notó cómo le temblaban las manos a Barbosa mientras leía un documento. Dicen que el cuerpo ‘habla’ y se somatiza cuando está enfermo y cuando la culpa ya no cabe en los límites del alma.
La exposición que de Francisco Barbosa hizo el presidente de la República, se dio bajo dos circunstancias: una, porque el alto funcionario actúa aún bajo la sombra del uribismo. Esto es suficiente para sospechar -de entrada y de salida- que en lo sucedido con los bienes incautados a las mafias la Fiscalía cerró los ojos. Y la segunda: porque el ladino funcionario se está queriendo montar en el bus en la “paz total”, sin cortar el cordón umbilical que lo une al régimen uribista, del que hizo parte su amigo entrañable Iván Duque Márquez. Ante la pregunta de un periodista respecto a si la Fiscalía adelanta alguna investigación sobre la posible participación de la madre de Iván Duque en la repartija de bienes de la SAE, Barbosa quedó de nuevo expuesto: “no”, fue su monosilábica respuesta.
En la SAE todo viene operando mal de tiempo atrás. Quitarles a las mafias vehículos lujosos, hermosas fincas tocadas por las excentricidades de traquetos y paracos, apartamentos y demás bienes, para que políticos los disfruten a través de subarriendos dolosos y espurios, da vida a la puerta giratoria que solo un Estado capturado por las mafias puede construir para conectar a la clase política con los narco-paramilitares.
El carácter eufemístico que acompaña al nombre de la entidad oficial sirve para ocultar los manejos irregulares e ilegales que se vienen presentando. Repito el nombre, Sociedad de Activos Especiales y conecto con la doble moral con la que operamos en Colombia. En lugar de llamar a las cosas por su nombre, buscamos adornar lo que simplemente es una conducta criminal, dolosa o sucia. Bien podría haberse llamado de otra manera. En su página web se lee: “Somos una Sociedad de economía mixta vinculados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizada por la Ley, de naturaleza única, sometida al régimen del derecho privado, que tiene por objeto administrar bienes especiales que se encuentran en proceso de extinción o se les haya decretado extinción de dominio. El código de Extinción de Dominio, ley 1708 de 2014, nos faculta como administradores del FRISCO”.
Lo que se puede colegir de todo lo sucedido y no investigado aún, es que hay una mixtura entre clase política y mafias. La SAE es un cóctel hecho a base de intereses particulares sobre los que suelen actuar los mafiosos y la amplia mayoría de los políticos colombianos. Las preguntas y los cuestionamientos que hizo el presidente Petro Urrego pusieron al desnudo no solo a la SAE, sino a toda la sociedad colombiana, guiadas sus mayorías por un ya eterno e inalterable ethos mafioso.
Ojalá el actual gobierno recupere los bienes perdidos y los ponga al servicio de la reforma agraria que urge hacer para cumplir con el primer punto de lo acordado en La Habana, entre el Estado y las entonces Farc-Ep. Si logra hacerlo, curiosamente, se aportará al logro de la paz total, sacando provecho de la suciedad que producen el Estado y la sociedad. Por ello, propongo un cambio de nombre a la SAE, con el propósito de reconocer lo que verdaderamente somos como país: Suciedad Al Servicio del Estado.
@germanayalaosor
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