Por GERMÁN AYALA OSORIO
En las demandas de revocatorias de candidaturas que el Consejo Nacional Electoral (CNE) resuelve por estos días, hay casos como el de Rodolfo Hernández, que no deberían asumirse solamente desde la perspectiva jurídico-política que se desprende del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señala que solo el fallo condenatorio de un juez de la República puede impedir que un ciudadano ejerza el derecho a ser elegido. Por el contrario, deberían de primar razones morales y éticas.
Huelga recordar que ese memorable fallo nace de la sanción que el entonces Procurador General, un momio recalcitrante, Alejandro Ordóñez Maldonado, le impuso al alcalde de Bogotá de la época y hoy presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Ordóñez sacó del cargo a Petro y este corrió a la CIDH para defender su derecho a ser elegido. Fue por eso que Petro pudo terminar su mandato como alcalde de la capital del país.
Sobre Rodolfo Hernández recaen sanciones de la Procuraduría General de la Nación, entidad disciplinaria y administrativa que a la luz del mencionado fallo de la CIDH no podría restringir su derecho a ser elegido al cargo al que aspira de manera obstinada: la gobernación de Santander.
Se suma a las decisiones de la PGN el hecho de que ya fue llamado a juicio por el caso de Vitalogic, proceso que no se sabe por qué no avanza, justamente para evitar llegar a este desgaste para las instituciones. Este precedente recoge las razones morales y éticas que debe tenerse en cuenta la ciudadanía y ojalá el propio CNE, al momento de revisar todas las demandas de revocatoria que le han llegado. El problema reside en que allí hay sujetos cuestionados e incluso con procesos abiertos, o llamados a juicio por la Corte Suprema de Justicia. Es el caso del uribista Álvaro Hernán Prada, cómplice en la manipulación de testigos en la que incurrió su jefe político el expresidente Álvaro Uribe Vélez, imputado por ese delito y por fraude procesal.
Constituye una burla a la sociedad que candidatos ad-portas de un juicio insistan en ser elegidos por el solo hecho de tener las maquinarias o el poder económico para aspirar a un cargo de elección popular. Una sociedad moralmente confundida como la colombiana necesita que los elementos jurídico-políticos sean superados por lecturas moralizantes, en aras de que los electores sientan que cualquier candidato con señalamientos de haber cometido actos de corrupción no debería ser elegido. Resulta también una guaza que Álvaro Prada sea magistrado de ese organismo, siendo que está llamado a juicio. Esas son las inmoralidades que nublan y enturbian las razones jurídicas, en el marco de una sociedad que naturalizó el ethos mafioso.
Lo mejor que puede hacer Rodolfo Hernández es retirarse de la política. Ya amasó una fortuna. Vaya y cuide su salud, señor Hernández. Dele un respiro al país. Por candidatos como usted millones de colombianos se abstienen de participar y votar en las jornadas electorales. Siga dándose la buena vida en fiestas sobre yates.
Al magistrado Prada hay que decirle que su presencia en el CNE ensucia aún más la ya cuestionada imagen de la autoridad electoral. Es inmoral que, llamado a un juicio por graves delitos, sea magistrado del Consejo Nacional Electoral.
La legitimidad del derecho y la de los factores jurídico-políticos que harían posible la candidatura de Hernández se erosiona al revisar las actuaciones públicas de los aspirantes a una elección por voto popular. Ya bastante tenemos con clanes políticos cuyos miembros continúan en la puja electoral pese a que comparten los mismos niveles de inmoralidad y de baja altura ética de Rodolfo Hernández.
@germanayalaosor
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