El senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, habló con El Unicornio sobre el proyecto de ley que busca ‘quitar’ los obstáculos que han impedido que los exintegrantes de los grupos paramilitares entreguen la verdad a las víctimas.
Para el congresista la iniciativa es necesaria debido a las falencias que se han evidenciado durante la aplicación de la Ley de Justicia y Paz que permitió la desmovilización de paramilitares en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Uno de los aspectos sustanciales de la propuesta es brindar beneficios en materia legal, “relativos a la libertad provisional con el fin de asegurar que los exparamilitares entreguen verdad”.
Este proyecto cobra mayor importancia porque llega justo luego de las explosivas declaraciones de uno de los máximos comandantes del paramilitarismo, Salvatore Mancuso, quien denunció en la Comisión de la Verdad parte de la verdad que según sectores de oposición muchos políticos del uribismo quieren ocultar. “El centro del Acuerdo de Paz con las FARC fueron y siempre serán las víctimas, esas mismas que merecen conocer esa verdad que tienen para contar los exparamilitares. Verdad que durante 15 años se quedó engavetada en un proceso de justicia transicional, que tiene falencias y requiere en época de postconflicto ser adoptado a los parámetros dispuestos por la JEP”, señaló Sanguino.
La iniciativa cuenta con 12 artículos y busca que los postulados al proceso de Justicia y Paz puedan participar como testigos o declarantes en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, creado en el Acuerdo de Paz de la Habana.
El objetivo, según el senador de Alianza Verde, es que los exjefes o exintegrantes de grupos paramilitares puedan aportar a la verdad y esclarecimiento de los hechos durante el conflicto armado, como declarantes y testigos ante la Jurisdicción Especial de Paz, como lo hizo Salvatore Mancuso ante la Comisión de la Verdad.
Para contrarrestar los efectos negativos a los derechos de las víctimas a la verdad por parte de los exparamilitares que fueron extraditados, la iniciativa en su artículo 8 propone que los extraditados, una vez cumplan sus condenas, sean deportados a Colombia y lleguen a cumplir con su deber de contar la verdad a las víctimas que aún no han entregado en ‘Justicia y Paz’.
Tal como se ejecutó la Ley 975 de Justicia y Paz, los exjefes e integrantes de estructuras paramilitares no estaban obligados a entregar verdad, justicia y reparación a las víctimas. Como lo menciona el autor del proyecto, “La comparecencia voluntaria para entregar verdad por parte de los ‘paras’ condujo al país a un proceso con desmovilizados que no entregaron verdad a sus víctimas. La manera como el Gobierno del expresidente Uribe Vélez diseñó la Ley 975, garantizaba impunidad y ocultamiento de la verdad, dejando a su suerte que los jefes o integrantes de las Autodefensas entregaran o no la verdad que siguen esperando miles de víctimas de los paramilitares en todo el país”, agregó el congresista.
El proyecto, según el senador Sanguino, también pretende lograr que los procesos que lleva la ‘Ley de Justicia y Paz’ alcancen su objetivo en la búsqueda de la verdad y no se cierre la Ley 975 sin que los exparamilitares cumplan su deber de brindar verdad a las víctimas. “Es necesario explicar que este proyecto que he presentado al Senado, se radicó al no ser conveniente ni operativo ampliar la cobertura de la JEP a los exintegrantes de los grupos de autodefensas que participaron en el proceso de Justicia y Paz.”
La iniciativa exige además que se entregue un informe detallado del estado actual de los avances en la aplicación de la Ley, pues tal como lo señala Sanguino, actualmente no se conoce con claridad cómo avanza el proceso y cuáles han sido sus resultados.
A propósito de política
Cambiando de tercio, el senador Sanguino se refirió a lo sucedido con Gustavo Bolívar cuando perdió la segunda vicepresidencia del Senado. “Yo comprendo la molestia del colega Bolívar, hay una acción jurídica interpuesta ante el Consejo Nacional Electoral que debe ser resuelta prontamente y además hubo una tutela que interpuso el propio Bolívar ante un juez de la República, que acaba de ser negada”. Y agregó: “yo lamento que eso haya ocurrido, nosotros los verdes votamos por Gustavo Bolívar, respaldamos su postulación en nombre de la oposición como había sido acordado previamente, sabíamos que había una resistencia muy grande con el nombre de Bolívar, aun así lo acompañamos pero desafortunadamente las circunstancias condujeron a que la plenaria eligiera a Iván Name”.
En cuanto a una posible alianza de los movimientos alternativos para evitar que la derecha se lleve el triunfo en las elecciones de 2022, advirtió que él mismo solicitó el diálogo “entre la Coalición de la Esperanza y el Pacto Histórico para que pactemos en principio un acuerdo de no agresión, unos mínimos de respeto mutuo, de controversia civilizada, de controversia tranquila, tratemos de aproximarnos, todavía estamos a tiempo de hacerlo”.
Y agregó que “el hecho de que un sector de los Verdes estemos con la Coalición de la Esperanza, no es porque estamos con el tibio de Fajardo, yo por ejemplo no estoy respaldando la candidatura de Fajardo, yo soy precandidato de la Alianza Verde. Creo que el verde tiene que llegar con un candidato entre los seis que estamos en competencia como precandidatos y competir en la consulta presidencial de la Coalición de la Esperanza, es probable que llegue Alejandro Gaviria, o que Juan Manuel Galán, ahora con el reconocimiento de su personería jurídica, termine ganando la consulta”.
También añadió que “la consulta de la Esperanza es más incierta y más competitiva que la consulta del Pacto Histórico. A lo mejor no es para elegir candidato presidencial sino para elegir candidato vicepresidencial, porque Gustavo Petro no tiene rival en esa consulta”.
Le recomendó a Gustavo Bolívar que lo importante no es la segunda vicepresidencia del Senado de la República, lo importante es la Presidencia de la República.
En cuanto a la posibilidad de imponer el voto obligatorio, Sanguino indicó que “en Colombia ese podría ser una medida que permita romper la abstención crónica de nuestro sistema político, que puede obligar incluso a un ejercicio pedagógico en los ciudadanos y además ayudar a frenar el clientelismo con la compra y venta de votos. No solo lo he defendido sino que lo hemos propuesto en el Congreso de la República, deberíamos avanzar en esa dirección y eso tiene que estar acompañado de una mayor limpieza del sufragio para una mayor transparencia del sistema electoral”.