Primera Línea: revolución y contrarrevolución

Por JORGE GÓMEZ PINILLA

Lo primero a decir en torno a la liberación que el presidente Gustavo Petro pretende brindarles antes del día de Navidad a muchos de los jóvenes de la Primera Línea que están presos, es que el estallido social que se dio en Colombia no fue un fenómeno delincuencial sino la consecuencia de un sentimiento de indignación y de rechazo visceral de toda la población a las políticas que venía tomando el gobierno de Iván Duque, entre ellas una reforma tributaria que pretendía meterles impuesto inclusive a los artículos de la canasta familiar.

Hoy La Silla Vacía saca un artículo donde pretende ver esa excarcelación como un regalo, y dice amenazante que “le puede costar caro” a Petro ante la rama judicial. Bienvenida la discusión jurídica, toda la que quieran, pero lo que muchos pretenden olvidar es que la mayoría de esos jóvenes están injustamente detenidos. Y me explico.

Entre el 21 de noviembre de 2019 y el 21 de febrero de 2020 se desarrolló lo que se conoce como el paro nacional, el cual había sido convocado desde el 4 de noviembre anterior no por grupos guerrilleros sino por sectores de oposición que se agruparon en el denominado Comité Nacional de Paro.

Todos sabemos que ese paro se expresó en protestas masivas, algunas de ellas si se quiere salidas de cauce en muestras de vandalismo o de violencia, pero todas producto del sentimiento de rechazo generalizado a un gobierno que desde su posesión se mostraba abiertamente corrupto, tolerante con muchas formas de criminalidad como las masacres y el asesinato indiscriminado de líderes sociales, y represivo a más no poder contra todo lo que oliera a oposición.

Me atrevo a definir ese paro nacional como un fenómeno revolucionario espontáneo, aunque desorganizado, porque no tenía un propósito político diferente al de protestar. Si hubiera tenido un objetivo desestabilizador, no tengo duda alguna en que habría conducido a la renuncia no solo del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sino del mismo presidente Duque, empujado por el descontento y el deseo inmensamente mayoritario de un nuevo rumbo en la conducción del país. Si de algo se había dado cuenta el país, es que estábamos gobernados por un mequetrefe, un ser pusilánime, un bueno para nada, un simple segundón del verdadero poder detrás del trono, el sátrapa Álvaro Uribe Vélez que tanto daño le ha hecho al país desde cuando siendo gobernador de Antioquia comenzó a patrocinar e inundar de grupos paramilitares toda la geografía nacional.

Decía entonces que ese paro nacional fue ante todo un movimiento revolucionario espontáneo, y por eso mismo, porque no se trató de simples protestas aisladas, fue que la fuerzas reaccionarias de la  caverna política se hicieron conscientes del peligro que corrían como poder dominante, y corrieron entonces a organizarse, -ellas sí- de modo que movieron todos los recursos políticos y jurídicos que tenían a la mano no tanto para frenar a los jóvenes que salían a las calles o para tratar de convencerlos de que regresaran a sus casas, sino para aplastarlos, tanto por la vía represiva como por lo que comenzó a operar desde la muy uribista Fiscalía General de la Nación: tratarlos como criminales para conducirlos a prisión.

¿Y qué se buscaba con esto? ¿Hacer justicia y regresar el país a las vías pacíficas institucionales? No señores. Se buscaba sembrar escarmiento entre la población, meter miedo colectivo, difundir terrorismo de Estado de corte fascista para hacerles creer a los padres de familia que sus hijas corrían el riesgo de ser ultrajadas o violadas, y a los jóvenes que podían perder sus ojos, ser golpeados, asesinados, desaparecidos o llevados a la cárcel.

Porque esto que estoy describiendo no fue un escenario hipotético o eventual, no señores, fue lo que efectivamente ocurrió. O sea, que frente a lo que constituyó un fenómeno revolucionario espontáneo, la respuesta fue la activación de todo el aparato represivo y jurídico en busca de consolidar una reacción contrarrevolucionaria, expresada en represión brutal y en la adopción de medidas cuyo único propósito fue impedir que el descontento creciera o se desbordara.

Lo llamativo es que, si durante el gobierno de Duque se desató una cacería de jóvenes en busca de meter a la cárcel a todos los que salieron a protestar, ahora se ha desatado una verdadera cacería de brujas contra todo el que se manifiesta a favor de la liberación de esos muchachos.

Por ejemplo, por ahí salió el fiscal Francisco Barbosa a rasgar sus vestiduras diciendo que no se puede permitir que liberen a un tal alias 19, quien al parecer sí cometió más de un crimen en el Portal de las Américas. ¡Por completo de acuerdo, que siga preso! ¿Acaso el gobierno ha dicho lo contrario? Y que no se les puede conceder indulto o amnistía a los detenidos. ¡Por supuesto que no! ¡Es que se trata básicamente de regresarlos al seno de sus hogares para que pasen la Navidad en familia bajo la figura de gestores de paz mientras la justicia adelanta sus procesos! ¡Eso es todo!

Por todo lo anterior, digámoslo a calzón quitado, lo que pretende hacer Gustavo Petro con la liberación de muchos de los jóvenes de la primera línea hoy detenidos, es ante todo un acto de elemental justicia, humano, demasiado humano, con quienes pusieron el pecho, la cara, los ojos, las piernas y la vida misma para frenar tanto atropello descarado del gobierno de Iván Duque, no contra unos cuantos sino contra todos los pobres y desharrapados de este país.

Al cierre de esta columna encuentro un trino del senador Gustavo Bolívar donde pide al gobierno “incluir en el decreto de excarcelación a POLICIAS judicializados por abusos durante el estallido social. Con equilibrio avanzamos más. Esos policías fueron adoctrinados en el odio contra la juventud. Ese atenuante juega en su favor”.

¿Alguien se opone -también- a esta excarcelación…?

@Jorgomezpinilla

* Imagen de portada, tomada de revista Cambio.

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