Teniendo en cuenta la asqueante corrupción dentro de las cárceles estatales, hace rato debió ordenarse la liquidación del INPEC. Así como el entonces presidente Juan Manuel Santos acabó con el DAS, por la demostrada penetración de los paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe, Gustavo Petro debería de una vez por todas acabar con esa institución carcelaria, responsable en gran medida de que los presos tengan celulares, call center, armas y dinero para extorsionar desde sus celdas.
El sistema carcelario en Colombia deviene putrefacto y todos los gobiernos enfrentan semejante situación haciendo cambios cosméticos como nombrar nuevos directores y las acostumbradas redadas e investigaciones disciplinarias y penales que se abren en contra de funcionarios que cumplen tareas al interior de las cárceles. Todas esas acciones en nada tocan el corazón del problema: la corrupción público-privada y la criminalidad organizada y callejera que logró capturar el sistema carcelario y la institucionalidad que se deriva de la operación del INPEC.
En 2023, el mismo instituto entregó estas cifras en su lucha contra la extorsión al interior de las cárceles: “Desde agosto del 2023, el Inpec lanzó este operativo para neutralizar a 30 delincuentes que se conocen como ´dinamizadores´ de la extorsión en Colombia, a pesar de que se encuentran privados de la libertad. El reporte del operativo dio cuenta que se realizaron 161 intervenciones, en las cuales se incautaron 1.240 celulares y 6.360 accesorios para celular en diferentes patios al interior de los establecimientos carcelarios… El informe asegura que durante el año 2023, se han llevado a cabo 5.459 investigaciones vigentes y un total de 3.889 funcionarios investigados a nivel nacional. Esto ha dado como resultado la sanción de 159 funcionarios y se han destituido 50. De igual manera, se han capturado 27 funcionarios durante el 2023”[1].
Desconozco a qué sector político, clan, o partido pertenece políticamente el INPEC y la USPEC (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios). Lo cierto es que urge ponerle coto a la corrupción al interior de las prisiones, lo que deriva en la necesidad de acabar con el INPEC y transformar todo el sistema carcelario, garantizando que jamás vuelva a estar sometida la institucionalidad penitenciaria a los intereses de bandas criminales, mafias políticas y paramilitares como viene sucediendo de tiempo atrás.
En lo que toca a la corrupción de cuello blanco, hay que acabar con los tratos especiales que reciben políticos que son enviados a las prisiones sindicados o condenados por corrupción. Hay que acabar con privilegios. Los congresistas y demás políticos no merecen tratamientos diferenciados y mucho menos, que se les permita continuar manejando sus negociados cómodamente desde sus celdas-oficinas.
Ojalá el presidente Petro decida meterle la mano al sistema carcelario no solo para dignificar la vida de los y las reclusas como lo viene haciendo hasta el momento a través de diversas acciones, sino para garantizar que los criminales que los jueces envían a las prisiones no sigan manejando sus estructuras delincuenciales y sus negocios desde la comodidad de sus celdas, convertidas en cuarteles generales del mal.
@germanayalaosor
Sobre el autor o autora
