Desde ayer circula un video en el que el narco-chofer de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Manuel Antonio Castañeda, afirma que el general Eduardo Zapateiro le entregó armas a Juan Larrison Castro, alias ‘Matamba, para que se defendiera de quienes buscaban asesinarlo para callarlo, quizá los mismos que participaron de su fuga de la cárcel. (Ver video). De resultar cierta la connivencia de altos oficiales del Ejército y la Policía con actividades criminales del Clan del Golfo, estaríamos ante la confirmación de lo que en otras oportunidades he señalado: en Colombia opera un “doble” Estado.
Un Estado visible con instituciones desplegadas en los territorios a los que llega dicho ente gubernamental, y de manera paralela un Estado Invisible, que daría cuenta de actividades ilegales en zonas del país donde la legalidad deviene mutilada o fallida. El Clan del Golfo, por ejemplo, opera en territorios en los que la barbarie impera gracias al apoyo de altos oficiales del Ejército y de la Policía, en coordinación con políticos socios de negocios como el narcotráfico, la comercialización de armas y la concentración de la tierra arrebatada a campesinos por los narco-paramilitares del Clan del Golfo.
No habrá paz en Colombia mientras que dentro de las instituciones castrenses haya oficiales de alta graduación inmersos en actividades criminales. Desmontar ese doble Estado será un imposible mientras haya una Fiscalía permeada por intereses mafiosos y politiqueros. El gobierno del presidente Petro debe convocar cuanto antes la comisión internacional que prometió en campaña, con la que se investigarían los casos más sonados de corrupción público-privada como Reficar, Odebrecht y las relaciones mafiosas entre el Clan del Golfo y políticos y militares.
Hacerlo antes de que se vaya el actual fiscal general podría servir para que los magistrados de la Corte Suprema que escogerán el remplazo del actual fiscal general entiendan que no pueden equivocarse de nuevo. El país necesita de un fiscal que conozca el tema penal y que esté alejado de las intrigas del poder político; además, que no sea cercano o cercana al uribismo. Y que tampoco sea un entrañable amigo del actual presidente de la República.
Nadie puede negar que el más grande problema del país es la corrupción público-privada. La narrativa que señala que hay un ethos mafioso que guía las vidas de millones de colombianos se consolida y naturaliza, lo que hace prácticamente imposible acabar con la corrupción.
Los diversos carteles de la corrupción que el país conoce, como los de la Toga, de la Contratación en Bogotá y otras ciudades capitales y el de la hemofilia, entre otros, dan cuenta de la dimensión de lo que estamos hablando. Estamos ante una verdadera descomposición moral y ética, pero quizás la corrupción más preocupante e insultante es que la se viene conociendo a cuentagotas, al interior de las fuerzas armadas. Y es así por dos razones: se compromete la seguridad nacional y se afecta la confianza de los ciudadanos en el Estado.
En su calidad de candidato, Gustavo Petro señaló que “mientras los soldados son asesinados por el clan del golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales.” El entonces general Eduardo Enrique Zapateiro Altamirano se sintió aludido y contestó: “A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido”, recordando el magro episodio del video en el que aparece Petro recibiendo dinero en una bolsa de papel. Huelga recordar que la Corte Suprema investigó esos hechos y no encontró mérito jurídico para investigar a Gustavo Petro.
De probarse la connivencia de altos oficiales de la policía y el Ejército con el Clan del Golfo, lo primero que debe proscribirse es el grito de ¡Ajúa!, puesto que los conceptos a los que hace referencia la expresión (Arrojo, Justicia, Unión, Abnegación) se habrían vaciado de sentido.
@germanayalaosor
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