Por GERMÁN AYALA OSORIO
Las movilizaciones programadas para los días 14 y 15 de febrero son la expresión de una fuerte división de clases y de la enorme confusión moral que nos llevó a todos a correr los límites entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo legal y lo ilegal.
Las que se darán el martes 14 en apoyo a la gestión de Gustavo Petro responden a la parte de la población que apoya el cambio, y que le resta importancia a los acuerdos y las transacciones de poder que está haciendo el gobierno con ciertos sectores del establecimiento que han sido responsables de masacres, de la pobreza de millones de ciudadanos y de la naturalización de la corrupción (ethos mafioso). Petro lo hace porque debe mantener condiciones óptimas de gobernabilidad para poder alcanzar algo de lo que propuso en campaña. También representan el cansancio de millones de colombianos con el uribismo, que no es otra cosa que el conjunto de prácticas dolosas y mafiosas orientadas a la privatización del Estado, a la consolidación de una élite feudataria y ruin, a la extensión de los dos negocios que sostienen a muchos de sus miembros: el tráfico de cocaína y la adquisición irregular e ilegal de tierras mediante el despojo y el desplazamiento.
Por el contrario, quienes están listos para salir el miércoles 15 de febrero lo harán para posicionar la narrativa que sostiene que “el país va mal”, que Petro es un dictador y que sus propuestas de cambio traerán más problemas y hambre. Estos marchantes defienden a las EPS, los lesivos contratos por prestación de servicios, los fondos privados de pensiones y, claro, la captura del Estado por parte de élites tradicionales y clanes regionales mafiosos.
De lo que sí dan cuenta los dos sectores que se movilizarán el 14 y 15 de febrero, es de la existencia de dos Colombias: de un lado, la que piensa que es posible superar la confusión moral sobre la que el uribismo logró consolidarse como un ethos dañino. Por eso confían en un presidente que está afectando poderosos intereses económicos y políticos, a pesar de estar negociando al tiempo su gobernabilidad con Álvaro Uribe Vélez. Del otro lado está esa Colombia de la que son partidarios quienes defienden a dentelladas sus privilegios, porque están ancorados en el desconocimiento de los derechos de las grandes mayorías.
Dirán los medios masivos tradicionales que las marchas del 14 y 15 reflejan la polarización política del país. No. Se equivocan. Desde el estallido social que estalló en 2020 contra el gobierno de Iván Duque, los colombianos asistimos a la lucha de dos narrativas distintas: la que quiere que todo siga igual, porque le conviene a los mismos de siempre; y la que exige a gritos la transformación cultural de una sociedad fundada en el individualismo, en la privatización del Estado, en la anulación de todos los procesos colectivos (en alusión a los pueblos indígenas, afros y campesino) y en el sometimiento generalizado de los ecosistemas naturales-históricos, todo ello pensado para asegurar un desarrollo y un progreso sectorial.
Ya veremos cómo transcurren y terminan estas marchas, expresión de un sentimiento democrático que ojalá nunca muera en quienes saldrán a las calles, así no compartan el mismo concepto de democracia.
@germanayalaosor
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