Por GERMÁN AYALA OSORIO
La extensión en el tiempo del conflicto armado interno no solo obedece a las complejas dinámicas presentadas en el escenario bélico irregular, sino a los intereses políticos y económicos de unas cúpulas militares troperas que afrontaron los desafíos de las guerrillas, desde los años 60, hasta la fecha. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y en función de ¿ las negociaciones de paz en La Habana, los troperos y pro-guerra fueron desplazados por una oficialidad sintonizada con encontrar una salida política negociada al conflicto con las Farc. Ello derivó en una fractura al interior del Ejército.
De las primeras dinámicas que coadyuvaron al alargamiento de las hostilidades internas, huelga recordar los aspectos geográficos (zonas selváticas y terrenos escarpados), la debilidad manifiesta de las FF MM, en particular del Ejército y la falta de cooperación de las otras fuerzas. Estas circunstancias fueron subsanadas a finales de los años 90, con el Plan Colombia y el cambio en la estrategia militar. Y por supuesto, la conversión de las guerrillas en organizaciones “familiares” y la penetración del narcotráfico en sus estructuras, que terminó en cambios misionales en varios frentes tanto de las Farc, como del ELN. De los intereses políticos y económicos me ocuparé a partir de este momento.
Alargar la permanencia de la guerra irregular colombiana hace parte de una estrategia muy bien pensada entre la clase dirigente y los militares, todos a una convertidos en “señores de la guerra”. Los objetivos son claros:
1. Garantizar el desplazamiento forzado de campesinos, indígenas y afros y el consecuente abandono de sus tierras.
2. Ganaderos, latifundistas y otros empresarios del campo buscan concentrar más tierra por desposesión.
3. Aprovechar las circunstancias para acaparar baldíos, con la ayuda de los uniformados.
4. Ganarle espacio a los ecosistemas selváticos, y de esa manera ‘potrerizar’ e imponer una idea de modernidad en territorios que históricamente han hecho parte de la periferia.
5. Consolidar la idea de que mientras existan guerrillas o la “amenaza terrorista”, el país no podrá avanzar. 6. Aprovechar esas circunstancias para esconder el real problema de Colombia: la corrupción pública y privada.
En términos políticos, el conflicto armado interno sirvió para que los militares asumieran liderazgos y un papel protagónico, que les da el suficiente poder para decidir, con enorme discrecionalidad, sobre el gasto militar. Pese a la imposición constitucional de estar dirigidos por ministros de la Defensa civiles.
La guerra interna se convirtió para los militares troperos y los “señores de la guerra” (hacendados, terratenientes, ganaderos, empresas agroindustriales, multinacionales y fabricantes de armas) en un factor de presión política. De esa presión se derivan acciones como la exigencia de comprar pertrechos y material de guerra (aviones, tanques, uniformes). Es decir, la compra, cada cierto tiempo, de equipo militar para las Fuerzas Militares, constituye una forma de extorsión al Ejecutivo, encubierta por una supuesta y real necesidad del Estado de proteger su territorio, frente a las amenazas de países vecinos como Venezuela.
Más claro: los “señores de la guerra” y las cúpulas militares, con la participación siempre interesada de los ministros de Defensa, cambiaron la prohibición constitucional de deliberar y votar, por la libertad de presionar políticamente a los gobiernos para mantener el manejo discrecional del gasto militar, mediante exigencias de actualizar de cuando en cuando el armamento ante un eventual ataque, interno o externo.
Al ser la guerra y el narcotráfico dos grandes negocios de índole mundial, los agentes de poder económico y político locales interesados en la prolongación del conflicto armado interno colombiano, continuarán poniendo en la Casa de Nariño a quien les garantice mantener, de un lado, la extensión de las “condiciones objetivas que legitimaron el levantamiento armado en los años 60” y del otro, insistir en luchar contra el narcotráfico para proteger las ganancias de las redes institucionales y para-institucionales que ayudan con el lavado de activos. Por esa misma vía aseguras la injerencia política, económica y militar de los Estados Unidos en esta parte de su patio trasero.
El reciente anuncio del gobierno de Iván Duque de comprar aviones por un valor de 14 billones de pesos obedece a presiones de los militares y de los “señores de la guerra”, nacionales e internacionales. Poco importan las necesidades apremiantes de millones de colombianos que hoy sufren las consecuencias de la pandemia. “Primero lo primero”, gritan desde el comando de las FF MM para que los escuchen bien clarito en la Casa de Nariño.
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