Por GERMÁN AYALA OSORIO
Con la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc-Ep y el Estado colombiano, y el reiterado uso del término posconflicto por parte del presidente Santos, una parte del país asumió como realidad incontrastable que se había llegado al fin del conflicto armado interno. La dejación de las armas y la conversión en partido político de la guerrilla más grande y con mayor capacidad de copar territorios, había conducido a su desmovilización y a su inserción a la vida social del país.
El uso cotidiano y reiterado de la nomenclatura ‘posconflicto’ coadyuvó en buena medida a que las sensaciones en torno a la construcción de una paz estable y duradera se consolidaran, por lo menos en el país mediático y político, sin que las circunstancias objetivas que legitimaron el levantamiento armado en los años 60 hubieran sido superadas. Miremos algunos titulares y hechos políticos relacionados con esa idea de que el posconflicto ya estaba entre los colombianos.
1. Santos dice que en Colombia “ya comenzó el posconflicto” (CNN).
2. Presidente Santos asegura que en Colombia ya inició era posconflicto (Notimex).
3. Rafael Pardo, elegido como Ministro Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad
4. Habla el ministro para el Posconflicto en Colombia, ¿cómo va el proceso de paz? (France 24).
Con la llegada de Iván Duque Márquez (2018-2022) como ficha de Uribe para hacer trizas lo acordado en La Habana, las ideas y sueños que venían confluyendo en el uso del vocablo ‘posconflicto’ se fueron evaporando y perdiendo sentido, para dar vida a la idea de que lo logrado en territorio cubano era una paz con impunidad. A esa construcción negativa colaboraba con determinación las acciones armadas perpetradas por el ELN, grupo guerrillero despreciado por Santos por tres circunstancias: por su menor tamaño y capacidad militar, por el agotamiento que dejó la larga negociación con las Farc-Ep y por la compleja fórmula propuesta por el COCE en la que el ELN serviría de mediador en una negociación directa entre agentes de la sociedad civil y el Estado.
De manera precipitada, el país pasó de una prematura celebración asociada a la llegada del posconflicto, a las incertidumbres y la desazón que se fueron articulando en torno a que lo firmado en Cuba obedecía a una claudicación del Estado en lo de imponer unos mínimos de justicia. Todo lo anterior se logró en parte mediante el comportamiento acomodaticio de la gran prensa, a las ideas e interpretaciones emanadas y amañadas del uribismo, cuyo objetivo estratégico era y sigue siendo invalidar lo acordado entre el Estado y la guerrilla.
Mientras la palabra posconflicto caía en desuso, y se avanzaba lentamente en la implementación de lo acordado, el país mediático y político hablaba de nomenclaturas como <<paz sí, pero no así>>, <<paz con legalidad>> y <<paz sin impunidad>>, todas usadas como instrumentos para invalidar y deslegitimar el acuerdo de paz que finalmente se firmó en el teatro Colón; aunque ajustado en razón del triunfo del NO en el plebiscito por la paz, dicho tratado y la institucionalidad creada en virtud de lo consignado en este, continuaron siendo blanco de ataques sistemáticos del uribismo.
Si bien estamos lejos de vivir en un escenario maximalista del posconflicto, no se puede desconocer que con la salida de las Farc-Ep de los territorios en los que por tanto años se hizo legítima y fungió como Estado, el país avanzó en ese anhelo de paz. Con el paso del tiempo y por la acción mediática y por el compromiso de Duque de hacer trizas la paz, ya no se habla de posconflicto y mucho menos, de la permanencia del conflicto armado.
Ahora parece consolidarse la idea de que vivimos “guerras regionales” en Cauca, Putumayo y el Chocó, de las que participan el ELN, disidencias de las extintas Farc-Ep, paramilitares y narcos. Esa lectura es promovida por quienes desde el régimen vienen impulsando la inviabilidad y el colapso de los proyectos colectivos de indígenas, afros y campesinos, en los departamentos del Chocó y Cauca. “Hacer invivible la República” en esos territorios es el objetivo estratégico de latifundistas, ganaderos, madereros, narcotraficantes y agentes económicos interesados en mantener el colapso parcial del Estado en esas zonas biodiversas, y por ese camino promover el desplazamiento forzado de quienes insisten en vivir bajo parámetros de una vida comunitaria que desde Bogotá se lee como inconveniente para los proyectos privados que sucesivos gobiernos neoliberales vienen promoviendo.
Con el accionar de estas organizaciones, el régimen viene imponiendo la narrativa de que el conflicto armado terminó y que lo que el país vive ahora son guerras localizadas desprovistas de cualquier sentido político e histórico. Esto haría pensar que lo acaecido en esos tres departamentos, entre otros, obedece a la continuación de la degradación de esos actores, lo que invalida cualquier tipo de negociación política a futuro. De esta forma, los medios afectos al régimen vienen construyendo una narrativa que se expresa en la idea de que Colombia vive guerras regionales que ya no hacen parte de aquello que se llamó conflicto armado interno.
Que las causas objetivas de la violencia que en su momento reconoció Belisario Betancur se mantengan hoy, no solo confirma la complejidad del conflicto armado interno, sino la distancia que de forma natural aparece cuando aquellas intentan ser recogidas y asumidas como objetivo político-militar por unas guerrillas que vienen perdiendo simpatías con las comunidades que dicen defender, pero que ya advierten cansancio frente a una extendida guerra que solo les trae sufrimientos y miseria. Guerras regionales o no, lo cierto es que estamos lejos de vivir en paz, de reconocernos en la diferencia y más lejos aún, de la construcción del posconflicto.
@germanayalaosor
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