Por HORACIO DUQUE
No comparto la tesis planteada de buena fe por algunos analistas y sectores de izquierda radicalizados que creen que el presidente Gustavo Petro se está moviendo sobre una línea “insurreccional”.
Petro ha tratado de estar a la altura de los compromisos adquiridos con el pueblo en las elecciones del 2022. En esa línea se ha comportado en la gestión ejecutiva presidencial y en una agenda legislativa que ha permitido construir importantes instrumentos legales para hacer realidad distintas dimensiones de su plataforma programática. En este contexto, el Plan de desarrollo “Colombia, Potencia Mundial de la Vida” es el más importante logro alcanzado hasta hoy.
Lo que sigue es ejecutar dicho plan, involucrando a la ciudadanía desde un importante acción pedagógica y un proceso de organización local y regional de las comunidades con las redes sociales existentes: juntas comunales, sindicatos agrarios, asociaciones campesinas, conglomerados femeninos, los indígenas, las comunidades afros, los consejos estudiantiles y los sindicatos de trabajadores y educadores; obviamente, convocando a las organizaciones de pequeños y medianos productores lecheros, cafeteros, arroceros, cañeros, palmeros, etc.
Hasta el momento el hecho más importante en esa dimensión han sido los Diálogos regionales vinculantes, que fuero la base del Plan Nacional de Desarrollo.
Pero el presidente ha dado un salto, para proponer la organización y puesta en funcionamiento de las Asambleas Populares como una forma directa de gobierno, que implica profundizar el modelo de la democracia participativa establecido en la Constitución política de 1991 y desarrollado en varias leyes como la ley 134 de 1994 o la 1757 de 2015, en una amplia jurisprudencia y en los Acuerdos de paz con las Farc firmados en 2016, que aún tienen muchos aspectos pendientes de concreción, como un nuevo Estatuto de la democracia ampliada.
Obviamente, esta iniciativa no es del gusto de los adoradores del neoliberalismo que niegan por principio los derechos democráticos de la ciudadanía. Para dicha secta, la democracia representativa es más que suficiente como soporte institucional del sistema de gobierno. Entre más lejos se mantenga el pueblo, mejor.
Mi sugerencia es que se debe avanzar en la caracterización y definición de las Asambleas Populares, ubicándolas en lo local como escenario natural, con agendas muy precisas, que deben girar alrededor de proyectos de beneficio comunitarios como acueductos, mejoramiento de vías rurales, construcción de escuelas, programas de alimentación, planes de reforma agraria, conformación de veedurías ciudadanas, construcción de redes de energía, de redes de internet y planes contra la violencia, especialmente con las mujeres víctimas.
Estas asambleas deben incorporar una importante carga constituyente, para abrir nuevas formas del poder ciudadano, a la manera de un proceso constituyente. No creo que dichas Asambleas Populares deban conducir a una Constituyente, como lo quiere la ultraderecha para meternos en el laberinto chileno de la regresiva Constituyente fracasada y manipulada que facilitó el retorno del pinochetismo.
Comparto la idea de que en el texto constitucional de 1991 y en muchas de las leyes reglamentarias posteriores el presidente tiene los recursos jurídicos adecuados para adelantar muchas reformas y cambios acordes con la plataforma programática adoptada en el Plan de Desarrollo.
El presidente podría echar mano del Estatuto de la Administración Pública, vigente desde 1999 (Decreto 1444 de 1999), para proceder a realizar los ajustes correspondientes en el aparato del Estado, con el fin de adecuarlo al Plan de desarrollo. Para esto debería crear rápidamente una Consejería presidencial para la administración pública, que atienda todos los temas de un nuevo Estado y que opere en los sentidos del cambio y la garantía de los derechos democráticos de la población.
Vivimos los tiempos de cambio y transformación que tienen en las Asambleas Populares locales una herramienta excepcional, a lo que debe sumarse el proceso de diálogos de paz acordados en las negociaciones con el ELN en la Habana hace pocos días, y que implicarán la convocatoria de una amplia red de organizaciones sociales para que deliberen sobre las propuestas que pongan a la violencia en las regiones donde hace presencia la guerrilla.
Las Asambleas Populares pueden contribuir, por lo demás, a proyectar nuevas formas políticas partidistas más arraigadas en las comunidades y menos asociadas a los procedimientos del clientelismo político, el caudillismo arrebatado y la corruptela electoral.
Eso sí, las Asambleas Populares deben permitir un control efectivo sobre la burocracia publica, para exigir de manera permanente cuentas a los funcionarios quienes deben asumir las consecuencias de su mal desempeño o de transgresiones a la ley con actos de corrupción. El presidente ha dicho claramente que ministro o alto funcionario que no cumpla, se va. Así debe ser.
Esas son las implicaciones de un verdadero poder popular que se conforme como alternativa a las viejas formas de poder asociadas con el estado oligárquico vigentes desde el siglo XIX y reforzado con el capitalismo salvaje neoliberal.
@HoracioDuque8
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