La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión de la Verdad le pidieron a la Defensoría del Pueblo que haga una “evaluación urgente y detenida” sobre la trágica situación que viven los defensores de derechos humanos y ex integrantes de las desmovilizadas Farc-Ep en Colombia.
Los organismos creados tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 presentaron un balance sobre el panorama de violencia que deja 904 líderes sociales y 276 exmiembros de Farc asesinados desde 2016. De los más de 900 defensores de derechos humanos, cerca de la mitad eran agentes activos en labores de implementación del Acuerdo Final en distintas regiones y comunidades del país andino.
Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, aseguró que los atentados contra estas personas afectan a la totalidad de comparecientes al sistema de justicia transicional y verdad, pues aquellos que están “dispuestos a revelar verdad” sobre los hechos ocurridos durante el conflicto, “son intimidados por la muerte de sus compañeros”.
“Así se pone en marcha una ominosa maquinaria que desalienta las contribuciones a la verdad. La violencia aterroriza. Este es el mensaje paralizante que se quiere enviar con cada asesinato”, dijo Cifuentes, al exigir una acción “eficaz e inmediata del Estado, no retórica, para poner fin a este designio letal”.
El titular de la JEP lamentó que la violencia contra defensores y desmovilizados constituye una “barrera de acceso” a la justicia transicional y puede convertirse en “muro infranqueable a las aspiraciones de víctimas” que buscan verdad, justicia y reparación.
Cifuentes advirtió también que las entidades de paz están ante una “latente posibilidad de parálisis y fracaso” y que su misionalidad está en riesgo “si no paran los asesinatos y amenazas”.
Recalcó además que “la tragedia humanitaria” que develan las cifras de violencia, era en cierta medida previsible y “obliga al Defensor del Pueblo a evaluar la respuesta estatal conforme a estándares más rigurosos”.
No obstante, el magistrado fue más contundente y aseguró que “los homicidios y demás hechos atroces evidencian que Colombia no ha implementado cabalmente el Acuerdo Final”.
“Cada punto que falta por implementar enarbola la violencia, lo que a su vez hace más difícil continuar con la implementación”, recalcó.
Y dijo en otro aparte: “Mientras los actores armados sigan asesinando defensores y excombatientes desmovilizados, todos los ojos deberían estar puestos en la gestión estatal, pues la prolongación de la guerra es el más claro indicador de que algo está fallando”.
Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda, manifestó que dada la situación, hoy las tres entidades actúan “como sistema para llamar al Estado en su conjunto a tomar seriamente el cumplimiento de una obligación elemental en un Estado de Derecho: garantizar la vida y la integridad de todos, incluidos líderes y excombatientes”.
Por su parte Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, aseveró que “el asesinato de líderes y de excombatientes se ha convertido en un tema difícil para el acercamiento a la verdad”.
Para De Roux, estas situaciones “quitan la fe de que la paz es posible y llevan a que muchos regresen a la guerra (…) a que los campesinos por falta de oportunidades tomen el camino de la guerra porque se sienten seguros en ella”.
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