El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender el desembolso del crédito de 370 millones de dólares que otorgó el gobierno a Avianca, para participar en la reestructuración de la aerolínea con el objetivo de preservar el servicio aéreo nacional.
Además, el mismo Tribunal adoptó una medida cautelar contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Avianca. El crédito aún no había sido desembolsado porque debe ser aprobado por el Tribunal de Nueva York donde la aerolínea se acogió al código de bancarrota.
En la acción popular que revisó el Tribunal se establece que el Gobierno y Avianca incurrieron en una vulneración a la moralidad administrativa, al patrimonio público y a la seguridad social, por la aprobación del préstamo.
La aerolínea, que está en reestructuración financiera tras acogerse en mayo pasado a la ley de bancarrotas de Estados Unidos, explicó que el crédito es una transacción de 18 meses y forma parte de una operación liderada por inversionistas privados.
El sospechoso préstamo sometió a los más duros cuestionamientos al gobierno de Iván Duque, al que critican porque consideran que ese dinero se pudo haber destinado a ayudar al sector de las pymes. Y hay quienes consideran -con sobrada razón- que el auxilio atenta contra la libre competencia.
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