Por HUMBERTO TOBÓN*
Por obra y gracia de la discusión de la reforma tributaria, líderes gremiales y periodistas fletados intentan hacer creer que las bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados hacen parte de la canasta familiar, cuando en realidad no es así, tanto que el DANE no los tiene contemplados en la Canasta Básica de Alimentos.
El consumo de esos productos responde, además de la incultura casi generalizada por los buenos hábitos alimenticios, a la irracionalidad económica de las familias. Como consecuencia de la publicidad, las personas compran un paquete de papas de 25 gramos por $1.710, cuando por ese mismo dinero podrían adquirir 3 huevos, o una manzana verde de 240 gramos o dos mandarinas.
El gobierno colombiano quiere gravar con impuestos los productos ultraprocesados, decisión basada en el impacto negativo que tiene su consumo en la salud de las personas. José Graziano Da Silva, quien fuera director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y al Agricultura – FAO, escribió en el diario El País de España (2019) que el sistema industrial de producción de alimentos “es la causa de lo que se ha convertido en una epidemia mundial de obesidad, diabetes y de otras enfermedades crónicas que tienen efectos devastadores en la salud y la vida humana”.
La Organización Panamericana de la Salud, por su lado, difundió un documento investigativo sobre “Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas”, donde llama a los gobiernos a tomar medidas restrictivas sobre su consumo.
Dice la conclusión del trabajo de la OPS, que derrotar las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados “no será fácil y hará falta un liderazgo fuerte y decidido de los gobiernos, respaldado por los ciudadanos —en su calidad de votantes y padres de familia— y las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales a todos los niveles”.
Por estas realidades, tiene razón la ministra de salud Carolina Corcho, en procurar que se graven estos productos para desincentivar su consumo, con el fin de reducir las enfermedades crónicas no transmisibles, que tanto impacto tienen sobre los costos del sistema de salud, sin que la industria responsable contribuya a su financiamiento.
Un análisis de la FAO titulado “Alimentos ultraprocesados, calidad de la dieta y salud humana”, asegura que su consumo genera “un mayor riesgo de obesidad, diabetes, colesterol, ataques cardíacos, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, síndrome metabólico, cáncer general y de mama, trastornos gastrointestinales, depresión, asma, fragilidad en los ancianos y también muerte prematura”.
La evidencia científica es clara: hay daños irreparables en la salud de las personas por el consumo de estas bebidas y alimentos industriales. ¿Cuál será la posición del Congreso frente a la propuesta del gobierno de gravarlos? ¿Los ciudadanos seguirán consumiéndolos cualquiera sea el precio?
@humbertotobon
*Estos conceptos no comprometen a la RAP Eje Cafetero, de la que soy Subgerente de Planeación Regional
* Foto de portada, tomada de Pluralidad Z
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