La Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada – Confevip-, llevó a cabo su asamblea general en la cual participó el Superintendente de Vigilancia, Alfonso Manzur, quien reveló cifras importantes del sector.
El Superintendente indicó que son 57 las empresas identificadas, a las cuales se les está aplicando procesos de investigación e inspección por prestar el servicio de vigilancia privada de manera ilegal. Y agregó que este “es un número alarmante, teniendo en cuenta que este dato sólo corresponde a dos ciudades en lo que va corrido del año”.
El alto funcionario enfatizó en que las sanciones “van dirigidas a todas aquellas compañías que contraten empresas de Seguridad Privada ilegales y que no estén respaldadas por la Superintendencia”.
El objetivo principal al que se busca llegar con estas investigaciones es a la formalización y legalización de estas empresas, de manera que puedan tener el respaldo de la Superintendencia de Vigilancia. Así mismo, se busca apoyar aquellas empresas que ya operan de manera legal dándole a sus trabajadores garantías laborales.
“Estas empresas podrían ser sancionadas e incluso cerradas si no se acoplan al régimen legal que las debe sostener”, indicó Alfonso Manzur.
“Vamos a abrir las puertas de la Superintendencia para que ellos tengan una asesoría legal de cómo es el proceso para la formalización y no incurrir en el cierre de ninguna empresa”, puntualizó Alfonso Manzur.
Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada, Confevip, Miguel Ángel Díaz, extendió la invitación para que el gremio de la seguridad opere bajo el margen legal.
“Desde Confevip apoyamos el concepto de legalidad y queremos que toda la industria sea legal. Este es un gremio muy importante para nuestro país y debemos responder de la mejor manera y con todo en regla”, afirmó Díaz García.
El doctor Miguel Ángel Díaz también recordó que en la actualidad el sector brinda más de 380 mil empleos en todo el país y es por ello que instó a los empresarios que tienen malas prácticas a que se sometan a la reglamentación legal estipulada por el Gobierno Nacional.
“Estas empresas podrían llegar a ser sancionadas y en última instancia ser cerradas sino se acoplan a lo que la ley indica en la normativa vigente para poder ejercer la labor de seguridad y vigilancia.”
“La Superintendencia tiene las puertas abiertas para aquellos que desean formalizar su actividad, estamos prestos a brindar la asesoría legal para todo el proceso de la formalización”, finalizó.
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