Por GERMÁN AYALA OSORIO
Después de la malintencionada intervención de la canciller colombiana en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde dijo que las disidencias de las Farc-Ep deberían considerarse un incumplimiento a lo acordado en La Habana, no queda duda: desde su condición de presidente Iván Duque trata de cumplir con la consigna que lanzó el exministro Fernando Londoño: “hacer trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo Final”.
Ya el país está acostumbrado a este tipo de señalamientos y hostigamientos a los comparecientes y a la propia JEP, lanzados desde la Casa de Nariño, convertida de tiempo atrás en centro de operaciones contra la implementación del Acuerdo de Paz.
Lo curioso, lo llamativo y preocupante, es que los ataques contra el andamiaje institucional echado a andar desde la firma del Acuerdo de Paz, están respaldados en la política de “Paz con Legalidad”.
Si se lee con un mínimo de juicio dicho documento oficial, lo que se encuentra es una apuesta discursiva contra la paz. Más que una política pública pensada para solucionar problemas y demandas de la ciudadanía, Paz con Legalidad es la institucionalización del odio y la animadversión que Duque y sus ministros arrastran desde el plebiscito del 2 de octubre de 2016.
Quizás el más notorio y claro desacuerdo que el documento Paz con Legalidad expone con lo acordado en La Habana, tiene que ver con la entrega de las 10 curules a las extintas Farc-Ep y al partido político que surgió de la desmovilización y reincorporación a la vida política de los miembros de esa guerrilla. Sobre el asunto de las curules, en el documento, se lee lo siguiente: “También creemos que los integrantes condenados por crímenes de lesa humanidad deben abandonar sus curules en el Congreso mientras cumplen sus condenas, haciendo claridad que su partido puede reemplazarlos para que no pierdan las curules que hoy ocupan; y que, quienes no hayan cumplido con todos los requisitos que se exige para los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), incluidos la entrega de todos los bienes mal habidos, con destino a la reparación de las víctimas, deberían perder la totalidad de los beneficios de la justicia transicional”(p.3).
En el texto citado confluyen las molestias y los resquemores que dentro del Centro Democrático (CD) y en disímiles sectores de extrema derecha generó la entrega de los escaños, como parte de la negociación y en virtud de los compromisos adquiridos en el marco del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición diseñado por los negociadores, para darle una sólida estructura jurídica y política al Acuerdo de Paz.
Hay ahí una clara apuesta por irrespetar la autonomía y la independencia de los poderes públicos. Baste con recordar la reacción del presidente de la JEP ante una indebida intromisión de Duque, en la que prácticamente hacía recomendaciones y presionaba al alto tribunal de paz para que fijara rápidamente penas y condenas contra los comparecientes de las extintas Farc-Ep.
La existencia de este documento de política pública se explica más como una hoja de ruta política e ideológica, que como un documento técnico, diseñado para solucionar problemas o atender demandas de tipo social o jurídico. Es decir, el gobierno de Duque dispone de Paz con Legalidad como pieza discursiva para dar sustento de política pública a los ataques contra el proceso iniciado por Juan Manuel Santos.
Así las cosas, tanto la arremetida de Claudia Blum de Barberi, como las que en su momento hizo Duque y otros miembros de su gabinete, se perciben como parte de un plan muy bien orquestado y respaldado en documentos oficiales, para deslegitimar a la JEP y torpedear el proceso de implementación del Acuerdo Final (II).
Paz con Legalidad no es otra cosa que una política pública contra la paz y la reconciliación, que opera desde la Casa de Nariño.
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