“Es obligación acatar el informe de la CIDH”: Amnistía Internacional

Amnistía Internacional (o Amnesty International) organismo creado en Londres el 1 de octubre de 1962, les recordó a las autoridades colombianas que deben cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relativas a las violaciones de derechos humanos denunciadas durante el Paro Nacional.

Este mismo movimiento denunció que la respuesta de las autoridades colombianas se ha centrado en la estigmatización de la protesta social y, con ello, en la represión violenta a través del uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de agentes de la Fuerza Pública. 

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Y agrega que si bien es cierto que se han presentado hechos aislados violentos, que han generado daños en bienes públicos y privados durante los más de cincuenta días de protestas, la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas.

En línea de lo señalado por la CIDH en sus observaciones, a tres meses del inicio del paro nacional, Amnistía Internacional ha recibido decenas de denuncias sobre homicidios, desapariciones forzadas, violencia sexual, agresiones contra periodistas y misiones médicas, así como violencia contra personas defensoras de los derechos humanos, pueblos indígenas, y afrodescendientes. Además, la organización ha tomado conocimiento de cientos de personas lesionadas, algunas con lesiones oculares graves. Es especialmente preocupante ciertas expresiones de paramilitarismo urbano, entre otros hechos, que exigen la mayor eficiencia y diligencia de las autoridades para juzgar a los responsables y garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas.

Vale recordar que la CIDH publicó sus observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo que realizó en Colombia del 8 al 10 de junio de 2021 y ha anunciado la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia.

“La CIDH ha conocido de primera mano los testimonios de cientos de víctimas que reclaman verdad, justicia, y reparación por las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del Paro Nacional. Sin embargo, la represión continúa.  Las autoridades deben dar una orden inequívoca de detener la represión violenta por parte de las Fuerza Pública y cumplir inmediatamente las recomendaciones de la CIDH” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Al mismo tiempo Amnistía Internacional llama a las autoridades de los Estados americanos a sumarse a la exigencia de la CIDH de que Colombia investigue de manera pronta, exhaustiva e imparcial las violaciones de derechos humanos cometidas durante la represión violenta de las manifestaciones, con el fin de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas en Colombia.

En ese sentido, la organización exhorta al Consejo Permanente de la OEA a convocar a una sesión extraordinaria en la que invite a la CIDH a presentar sus observaciones y recomendaciones y que, contrario a la presentación que hizo la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, y que no recibió ninguna pregunta y/o interpelación de los Estados, se abra la posibilidad de un diálogo genuino con los Estados de la región.

“La CIDH ha dado luces sobre un tema fundamental en el contexto actual en Colombia: el Estado no puede prohibir todos los bloqueos o cortes de ruta y equipararlos con actos delictivos; porque muchas veces estas modalidades y otras manifestaciones de protesta en calles, plazas y lugares públicos están protegidos por el derecho a la protesta pacífica de acuerdo a los estándares interamericanos, especialmente en casos donde hay voces que no encuentran otra manera de expresarse, como es el caso de Colombia”, dijo Guevara Rosas.

Amnistía Internacional se encuentra​ presente en más de 150 países y trabaja para que sean reconocidos y respetados los derechos humanos. Cuenta con más de siete millones de miembros y simpatizantes.​ Su objetivo es “realizar labores de investigación y emprender acciones para impedir y poner fin a los abusos graves contra los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos” y pedir justicia para aquellos cuyos derechos han sido violados.​

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