En el año 2018 se celebraron las primeras elecciones nacionales posteriores a la firma del Acuerdo Final con la guerrilla de las FARC, lo que en su momento significó tener las elecciones menos violentas en la historia reciente colombiana. Sin embargo, este panorama rápidamente cambió con el proceso de elecciones locales de 2019 que completó dicho ciclo. Allí, los hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales aumentaron en un 95% entre un año y el siguiente. Esto a pesar de la disminución de los hechos de conflicto que se vivía en el territorio nacional.
Para las elecciones presidenciales de 2022, la tendencia de incremento en la violencia ha continuado, aunque en menor magnitud, pues tal como se observa en la gráfica, al comparar el número de agresiones contra estos liderazgos durante el calendario electoral de cada año, las afectaciones en contra ellos han venido en un aumento constante desde el ciclo electoral anterior.
Al comparar el número de agresiones registradas en 2018 versus las de 2022, se observa un incremento del 112.1%; asimismo, llama la atención que este aumento es posible verlo también al contrastar los datos recabados para el proceso de elección local de 2019, a pesar de que tradicionalmente, la violencia es mayor en los comicios locales que en los nacionales.
Sumado a ello, el panorama se agrava aún más por el repunte de la actividad armada de los diferentes Grupos Armados Ilegales (GAI) que tienen presencia en el país, pues en el periodo bajo análisis, han sido fuente de un total de 747 acciones armadas y 547 amedrentamientos, a lo largo del territorio nacional. Destacando que, al analizar los datos a partir del actuar de cada uno de los GAI de forma independiente, lo que se desprende es que los Grupos Armados Organizados se posicionan como los principales autores de dichos hechos (con 212 acciones armadas y 253 amedrentamientos), seguidas por las disidencias de las FARC autoras de un total de 409 acciones y amedrentamientos y el ELN con 245.
A menos de un mes de las elecciones presidenciales, el Clan del Golfo inició un paro armado que afectó al menos a 109 municipios de 11 departamentos del país. Tan sólo entre el 5 y 9 de mayo se presentaron 137 acciones que incluyeron amedrentamientos, circulación de panfletos amenazantes, bloqueos de vías, incineración de vehículos, hostigamientos a la Fuerza Pública y asesinatos de líderes y ciudadanos en general.
En ese sentido, es importante fortalecer la presencia integral de la institucionalidad en dichos territorios de manera que, más allá del despliegue de pie de Fuerza Policial y Militar, se fortalezca la presencia civil a través de la Defensoría del Pueblo u otras instituciones de defensa y protección de sus derechos. Asimismo, se otorguen bienes y servicios públicos que tiendan a mejorar las condiciones de vida y el acceso a justicia de las comunidades, dejando sin espacio a los grupos armados ilegales para efectuar un control violento de estas zonas.
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