Por GERMÁN AYALA OSORIO
Con la evidente crisis de credibilidad y legitimidad a la que llevaron a la fiscalía general de la Nación personajes funestos como Luis Camilo Osorio, Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa, se esperaría que el “gobierno del cambio” presente, con mensaje de urgencia, un proyecto de reforma constitucional cuyo objetivo sea modificar la forma como se elige al fiscal. En particular, urge redefinir la instancia que lo vigile y controle cuando haya lugar a investigarlo por manejos inadecuados, indecorosos e incluso ilegales. Hoy el fiscal Francisco Barbosa actúa como el defensor de oficio de Álvaro Uribe Vélez, del uribismo en general y de muchos corruptos, como se acaba de ver en el caso de Emilio Tapia y su insólito preacuerdo con la Fiscalía, denunciado por Daniel Coronell.
El proyecto de reforma política respaldado por el gobierno de Gustavo Petro, por ejemplo, no tendría el mensaje de urgencia que sí demanda el mecanismo de elección del fiscal general. Se trata de proponer una nueva instancia que lo discipline y le ponga controles a su gestión. Todos sabemos que la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes no sirve para nada.
Los daños más recientes causados a la institucionalidad por Martínez Neira y Barbosa ameritan por lo menos una discusión jurídico-política en torno a los super poderes que encarna un fiscal en Colombia, en particular cuando sobre el actual recae todo tipo de señalamientos por abuso de poder, que incluye la comisión de delitos de prevaricato y peculado.
Hasta el momento no he escuchado el propósito de un ministro, del presidente o de miembros de la bancada del Pacto Histórico en cuanto a meterle el diente al asunto. La pregunta que salta es: ¿por qué si el mismo Gustavo Petro pudo ser víctima de un entrampamiento en su contra diseñado desde el bunker de la Fiscalía (razón por la cual jamás renunció a su curul siendo candidato presidencial), no estaría interesado en liderar un cambio sustancial al mecanismo mediante el cual se elige al fiscal general? Recordemos lo que dijo Petro cuando se le preguntó por qué no renunciaba a su curul: “cuando haya garantías, hablamos”. Responder a semejante interrogante no es fácil, pero intentaré acercarme a lo que podría servir como hipótesis y respuesta al interrogante.
Es posible pensar que ante la salida del cargo de Barbosa, el presidente confíe en que podrá recomponer el camino de esa institución, ternando a hombres y mujeres lo suficientemente probos y formados en el tema penal, circunstancias estas que harían olvidar los daños institucionales que Osorio, Martínez Neira y Barbosa le hicieron a la fiscalía general. Con una terna de lujo, le corresponderá a la Corte Suprema de Justicia elegir el remplazo de Francisco Barbosa.
El alto tribunal tendría también la oportunidad de reivindicarse ante el país por los graves errores cometidos cuando los gobiernos anteriores, incluido por supuesto el del mequetrefe de Iván Duque, eligieron a los tres últimos fiscales generales. A partir del momento en que Petro presente la terna, estaría legitimando todo lo que rodea la elección del fiscal general de la nación.
También es posible pensar que, manteniendo el perverso mecanismo de elección, pero sobre todo el poder incontrastable del Fiscal (una especie de monarca o semidios), el presidente de la República se hace a una ficha clave en aras de abrir, desempolvar o reabrir casos que le interesan de manera directa. Si es así, pensar en una reforma constitucional que haga posible controlar al nuevo fiscal general iría en contra de los cálculos políticos del propio presidente.
Es probable también que en el marco de las nuevas relaciones con Estados Unidos, Petro haya acordado una mayor injerencia en casos de especial interés para las autoridades americanas, lo que daría para pensar que el perfil del nuevo fiscal o de la fiscal estaría alejado de los perfiles políticos de Osorio, Martínez y Barbosa. Es decir, se trataría de verdaderos penalistas y juristas que con total probidad no solo colaboren en materia penal con los gringos, sino que, con el respaldo del departamento de Estado, toquen a quienes desde la Fiscalía se vienen protegiendo de tiempo atrás. Por ejemplo, a los norteamericanos les interesan los casos de Odebrecht- Sarmiento Angulo-Néstor Humberto Martínez, así como las relaciones mafiosas que militares sostuvieron con alias Otoniel, exjefe del llamado Clan del Golfo.
Lo cierto es que urge un ajuste en el mecanismo de elección del fiscal. Es un riesgo enorme para la democracia y para la legitimidad de la justicia mantener en el tiempo la operación de una Fiscalía bajo los criterios y principios de transparencia y probidad que la revista Cambio y Noticias Uno vienen poniendo en duda, con las recientes denuncias en contra de Francisco Barbosa.
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