Por GERMÁN AYALA OSORIO
Más allá de las conclusiones y recomendaciones a las que llegue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de recoger testimonios e información relacionada con la violación de los derechos humanos por parte de miembros de la Policía Nacional (incluidos los del temible Esmad), hay un espinoso asunto que el Estado colombiano en su conjunto deberá que asumir y resolver: ¿qué hacer con los policiales a los que se les demuestre participación directa e indirecta en la comisión de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco del Paro Nacional y las protestas sociales? La respuesta más rápida es sacarlos de la fuerza.
Pero dado el comportamiento criminal de muchos de estos policías, valdría la pena que se diseñara un plan de manejo y vigilancia, posterior al pago de sus condenas, de aquellos que no solo desconocieron los protocolos para enfrentar la legítima protesta sino que actuaron por fuera de la ley para desaparecer, desmembrar, torturar y asesinar a sangre fría a manifestantes y muchachos que hicieron y hacen aún parte de la llamada Primera Línea. Todo lo anterior, por supuesto, probado por la justicia colombiana y, posiblemente, en virtud de la presentación que de los casos de violaciones graves pueda hacer la CIDH ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Un plan de atención psicosocial cuyos costos económicos e institucionales debe asumirlos la Dirección Nacional de la Policía Nacional, por cuanto es la fuerza sobre la que en mayor grado recaen las denuncias y señalamientos. Con ese acompañamiento y vigilancia se evitaría que en próximas movilizaciones y protestas ciudadanas pudiesen actuar, una vez hayan terminado de pagar sus condenas, bajo la modalidad de infiltrados al servicio de gobiernos que decidan enfrentarlas bajo la misma lógica del “enemigo interno”, tal y como lo hizo Duque, siguiendo las instrucciones de Uribe Vélez y los altos mandos militares y policiales.
Lo anterior debe darse en el contexto de una reforma profunda a la Policía Nacional, eso sí, acompañada de una transformación cultural del grueso de la sociedad colombiana. Hay que aprovechar los aparentemente sinceros mea culpa que desde varios sectores societales se han dado, ante la magnitud del estallido social, para recomponer las relaciones sociales y la confianza de la ciudadanía en el Estado y sus fuerzas represoras y coercitivas. Lo ocurrido en Colombia desde el 28 de abril de 2021 desnudó no solo la miseria y el hambre en la que sobreviven millones de colombianos, sino la mezquindad de los más poderosos que apelan a todo tipo de estratagemas para no tributar lo que les corresponde y que insisten en un comportamiento mafioso que deslegitima al Estado y anula el sentido de lo público de la política.
Lo más probable es que la transformación de la Policía Nacional sea meramente cosmética: su privatización parece ser un proceso irreversible, en buena medida porque es el resultado de la captura del Estado por élites con poder económico y político.
Insisto entonces en que los policiales que resulten responsables de la comisión de los graves delitos ocurridos en la marco del Paro Nacional, deben ser sometidos a un proceso de resocialización, pero sobre todo de una especial vigilancia por parte del Estado, por el riesgo que conlleva tener en la calle hombres no solo entrenados, sino dispuestos a lo que sea, con tal de continuar manteniendo a sus familias, en especial aquellos que aún continúan cegados por la doctrina que se desprende del lema Dios y patria.
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