La reciente arremetida dinamitera y terrorista de las disidencias de las Farc-Ep (EMC) confirma que las conversaciones de paz y los ceses al fuego le sirvieron a esa organización criminal para fortalecerse militarmente. De igual manera, los ataques contra la población civil y unidades policiales en el sur del Valle y norte del Cauca expresan con claridad la nula voluntad de paz de esa estructura armada ilegal.
La andanada criminal de las disidencias al mando de Iván Mordisco le sirve a la prensa opositora para generar miedo y zozobra. Es apenas que el criminal Iván Mordisco está retando al Estado y a la sociedad, lo que supone que la respuesta institucional supere el sentimiento de venganza que se activa horas después de que se producen arremetidas como las que se presentaron en Jamundí y Dagua, en el Valle del Cauca y Morales, en el norte del Cauca. Pasado ese sentimiento vindicativo, lo que se viene es una guerra sin cuartel y prolongada con todo y lo que ello supone en costos económicos, disposición de combatientes, combatientes caídos de lado y lado y daños colaterales.
Para consolidar la tan anhelada y esquiva paz territorial en el país hay dos caminos: el primero, a través de procesos de paz y diálogos entre plenipotenciarios de ambas partes. El gobierno de Petro lo intentó a través de su idea maximalista de la Paz Total, proyecto que salió mal porque el proceso de implementación del acuerdo de paz de La Habana no resulta atractivo para una camada de “guerrilleros” cuya nula formación política los fue llevando a convertirse en narco combatientes o en traquetos que andan de camuflado; y el segundo camino, es a través del enfrentamiento armado, lo que supone que las fuerzas militares ataquen de manera frontal y constante a las disidencias, hasta reducirlas y obligarlas a regresar a la mesa de diálogo. Lo anterior supone una guerra total que le exigirá al gobierno Petro liderar la respuesta institucional, que lo llevará inexorablemente a parecerse a sus antecesores que se la jugaron por la salida militar.
Es poco probable a que dos años de terminar su mandato, Petro crea que puede firmar la paz con estas disidencias. Al poco tiempo se suma la nula voluntad de paz de este grupo ilegal a cuyos miembros poco o nada les llama la atención dejar las armas para ir a sobrevivir cultivando café, aguacates o cacao, cuando tienen en la economía ilegal del narcotráfico una fuente inagotable de recursos.
Se entiende el cambio de doctrina político-militar del actual gobierno, consistente en cuidar a la población civil, en particular la que en las zonas rurales convive con la presencia de las disidencias y suele quedar en medio del fuego cruzado entre tropas oficiales y los irregulares. Lo curioso es que, con los ataques a los municipios de Morales, Dagua y Jamundí, las disidencias le están demostrando al gobierno y al resto de la sociedad que el Estado no está en capacidad de garantizar la vida y la honra de sus asociados.
Como también se comprende la decisión de no bombardear los campamentos de los ilegales, como sí lo hiciera el gobierno anterior, para evitar que caigan menores de edad reclutados por las disidencias de Iván Mordisco. Y por supuesto, para cuidar los ecosistemas naturales impactados ecológicamente cuando sobre estos se dejan bombas con gran capacidad destructiva.
La coordinada arremetida dinamitera y terrorista de las disidencias ponen al presidente en una encrucijada: insistir en hablar de paz o intentar doblegarlos apelando al aparato militar y a la violencia legítima de un Estado históricamente débil e incapaz para copar el territorio y ganarse el respeto de las comunidades. Sobre este último aspecto debe trabajar y ser más efectivo el gobierno del presidente Petro.
Adenda: peligroso el llamado que hizo el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez al Ejército a desobedecer al presidente de la República. No es propio de un exjefe de Estado hacer ese tipo de llamados a que los soldados desconozcan a su jefe supremo. El vulgar caballista y exdirector de la Aerocivil dijo que “lo peor de las Fuerzas Armadas es quedarse quietas por la orden de un gobierno, mientras ese gobierno ha estimulado al ELN a que presionen con armas una constituyente”. Lo dicho por el sub judice ciudadano bien puede asumirse como un llamado a que los militares den un golpe de Estado. Estamos ante una invitación directa a quebrar el orden constitucional.
@germanayalaosor
Sobre el autor o autora
