Por HUMBERTO TOBÓN
La magnitud de los problemas que se desataron como consecuencia del paro nacional, demostró, una vez más, la imposibilidad del gobierno central de reaccionar de manera oportuna y gestionar soluciones eficaces en las regiones.
El agobiante centralismo y el desconocimiento que tiene la mayoría de funcionarios asentados en Bogotá de las dinámicas territoriales, impiden que frente a circunstancias extraordinarias, como las que se viven hoy, se tomen decisiones rápidas y certeras por parte del gobierno nacional.
La dimensión que han alcanzado tanto las movilizaciones como el paro en casi todo el país, sobrepasaron la capacidad de respuesta centralista, lo que ha despertado una reflexión sobre la importancia de tener regiones sólidas administrativa y financieramente.
Cuán diferente sería hoy la situación de Colombia si se hubiera avanzado tempranamente en el fortalecimiento de las Regiones Administrativas y de Planificación y las Regiones Entidades Territoriales, ambas de origen constitucional, para que tuvieran la capacidad de gestionar el desarrollo supradepartamental y contaran con autonomía para el manejo, entre otros, de los recursos fiscales.
No es dable que el país continúe con un modelo en el que por cada millón de pesos que aportan los contribuyentes locales, se vayan para el gobierno central 820 mil pesos y sólo queden en el territorio generador 180 mil pesos, que se distribuyen 130 mil para el municipio y 50 mil para el departamento. Y de ahí en adelante, haya que esperar los giros del sistema general de participaciones y rogar para que la burocracia bogotana apruebe los proyectos que elaboran gobernaciones y alcaldías y que deben recorrer una larga cadena de trámites, la mayoría de ellos inocuos.
En la actual crisis, el nivel central ha pedido a gobernadores y alcaldes que se pongan al frente de negociaciones que permitan superar los conflictos surgidos por las manifestaciones de inconformidad ciudadana, que han desembocado, algunas de ellas en actos violentos. Pero el radio de acción de los mandatarios locales y territoriales es reducido, en ocasiones por falta de competencia legal para tomar decisiones o por ausencia de recursos presupuestales.
A pesar de las restricciones con que pueden actuar las autoridades territoriales, se ha demostrado que tienen capacidad de diálogo, pues cuentan con un mayor grado de comprensión de los problemas, conocen el escenario, transmiten confianza y pueden actuar con más seguridad. Caso contrario lo viven los funcionarios nacionales, que son enviados a territorio como “negociadores”, pero sin autoridad para comprometer recursos y, en muchas ocasiones, sin acceso rápido a los ministros o al Presidente. Además, estos funcionarios normalmente tienen un conocimiento de los departamentos y los municipios desde las estadísticas, casi todas con un retraso de dos años, y que poco palpan con su presencia las “realidades” que se muestran en las presentaciones de power point.
Colombia reclama el cumplimiento de la actual Constitución Política, que en el artículo primero dice que la nuestra es una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Ahí está un punto de encuentro para romper inequidades y para que los ciudadanos sientan más cerca el Estado.
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