Según el más reciente informe de la ONG Global Witness, Colombia encabeza el escalafón de países con más defensores de la tierra y el medio ambiente asesinados. En 2019 fueron 64.
El año pasado el país ocupaba el segundo puesto, cuando en 2018 hubo 24 casos. El incremento se atribuye a la deficiente implementación del Acuerdo de Paz con las Farc y a la falta de protección de campesinos en su lucha por la restitución de las tierras de las que fueron despojados.
Filipinas ocupa la segunda posición, con 46 asesinatos. Este país asiático tuvo un incremento del 53 por ciento en un año. Aquí se señala como culpable al Gobierno, por querer expandir la minería y la industria forestal, bajo la consigna de la recuperación económica tras la crisis del COVID-19.
Brasil ocupa el tercer lugar, en coincidencia con la deforestación de territorios indígenas, que aumentó un 74 por ciento entre 2018 y 2019. El 94 por ciento de los 24 asesinatos de activistas cometidos en Brasil tuvo lugar en la Amazonía.
México ocupa el cuarto lugar, con 18 asesinatos relacionados por los esfuerzos de detener la tala ilegal de árboles en tierras ancestrales. Y Honduras está en quinto lugar: allí los ataques contra ambientalistas han apuntado contra mujeres, algunas de ellas por oponerse a la construcción de una represa. En total han sido 14 asesinatos.
En el mundo fueron 212 defensores de la tierra asesinados durante 2019. Esto representa un incremento del 30 por ciento respecto al 2018. Más de dos terceras partes de los asesinatos tuvo lugar en América Latina.
Pero además de ser asesinados, los ambientalistas también son atacados, apresados o difamados por su trabajo. “Los miembros de pueblos indígenas son desproporcionadamente vulnerables a ataques”, señaló Rachel Cox, de Global Witness.
El informe destaca la labor de líderes indígenas como Angélica Ortiz, una de las prominentes defensoras Wayuu de La Guajira, que durante años se ha opuesto a la mina de carbón más grande de América Latina, como parte de los esfuerzos para proteger los derechos de acceso al agua para las comunidades que viven en una de las regiones más pobres y desérticas de Colombia. A lo largo de esta campaña, ha sido amenazada y hostigada.
Las cifras de 2019 también muestran que más de 1 de cada 10 defensores asesinados en 2019 eran mujeres. Las defensoras enfrentan amenazas específicas, incluidas campañas de desprestigio, a menudo centradas en su vida privada, con contenido sexista o sexual explícito. La violencia sexual también se usa como una táctica para silenciar a las defensoras, muchas de las cuales no se denuncian.
En promedio cuatro defensores han sido asesinados cada semana, desde la creación del acuerdo climático de París en diciembre de 2015. Innumerables más han sido silenciados mediante ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales. Sorprendentemente, más de la mitad de todos los asesinatos reportados el año pasado ocurrieron en solo dos países: Colombia y Filipinas.
Y la tala fue el sector con el mayor aumento de asesinatos a nivel mundial desde 2018, con un 85 por ciento más de ataques registrados contra defensores que se oponen a la industria.
Desde hace 25 años Global Witness lleva a cabo campañas pioneras contra los conflictos y la corrupción relacionados con los recursos naturales, así como contra las violaciones de los derechos ambientales y los derechos humanos asociados a estos.
Puede revisar el informe completo aquí.
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