Por HUMBERTO TOBÓN
Hasta comienzos de marzo de 2020 era muy difícil conseguir una oficina en arrendamiento, pues la oferta era restringida y los trámites inmobiliarios engorrosos y humillantes. Si el interés era comprarla, los precios por metro cuadrado eran prohibitivos y se produjo un fenómeno bastante llamativo, los edificios de oficinas eran para alquilar, no para vender.
Pero luego de casi cuatro meses de confinamiento, la realidad ha cambiado. Dado que no se ha podido regresar al trabajo normal, la gente terminó adaptando espacios en su casa para cumplir con sus obligaciones laborales de manera virtual. Y paralelamente, muchas firmas de abogados, contadores, economistas, sicólogos, consejeros, arquitectos y consultores empezaron a entregar las oficinas a las inmobiliarias, acogiéndose a los beneficios de decretos especiales expedidos por el gobierno nacional.
Los ventanales de los edificios cada vez tienen más letreros de “Se Arrienda” o “Se Vende”. Las humillantes condiciones que se imponían para alquilar una oficina, han cedido. Incluso, muchas se están entregando con la condición de que “pague solamente la cuota de administración y los servicios públicos hasta diciembre. El arrendamiento normal lo empezaremos a cobrar en enero de 2021”, me dijo un asesor inmobiliario.
Las profesiones liberales, muchas empresas grandes, incluso multinacionales, e instituciones del gobierno, han tomado la decisión de dar un giro hacia la virtualidad. Las evaluaciones realizadas durante el confinamiento han dejado como resultado que la productividad creció enormemente y, de acuerdo con encuestas, la mayoría de trabajadores se siente más a gusto laborando a distancia.
Del lado de los profesionales independientes, se entendió que sí es posible tener una interrelación fluida con los clientes a través de diferentes tipos de comunicación, sin necesidad de incurrir en los altos costos de mantenimiento de una oficina, la que esencialmente representaba estatus y estabilidad. Las empresas privadas y públicas planifican el trabajo a través de conferencias directas usando plataformas virtuales, ahorrándose espacio físico y costos operativos, mientras para sus empleados el ahorro está en tiempo, costos de transporte y alimentación y horas para dedicarle a la familia o al ocio.
Las condiciones de bioseguridad obligan a procedimientos engorrosos para el ingreso a los edificios y el uso de los ascensores, la limpieza de áreas comunes y de puestos trabajo, el acceso a los baños, el acondicionamiento de las oficinas para garantizar el distanciamiento de los escritorios y los empleados, los protocolos de trámites documentales y el ajuste al aforo máximo para las reuniones.
En el futuro seguiremos viendo más oficinas desocupadas, menos gente desplazándose hacia sus trabajos, más personas cumpliendo sus labores desde casa, y avances más acelerados para garantizar comunicaciones virtuales seguras y rápidas.
La mayoría está contenta con la virtualidad laboral, menos los propietarios de oficinas, que atraviesan una situación difícil, porque sus arrendatarios desocuparon o los que aún están, han pedido renegociación de los cánones o presentan retrasados en los pagos.
También hay críticas sobre las condiciones de aumento de la carga de trabajo de algunos empleados; las malas condiciones locativas en las que se desarrollan las labores; el irrespeto a los horarios; y los sobrecostos que sufragan los trabajadores en servicios públicos e internet. Pero son problemas que se pueden solucionar con el diálogo entre las partes o a través de ajustes a la legislación, especialmente en lo relacionado con el trabajo en casa y el teletrabajo.
Lo que todos pensamos que pasaría en un futuro relativamente lejano, está ocurriendo ya. El avance de las comunicaciones cambió para siempre el modelo de trabajo y las relaciones laborales. Esta es una de las pocas buenas consecuencias que deja la Covid19.
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