La renuncia obligada de Guillermo Botero como Ministro de Defensa recuerda otros episodios donde figuras prominentes del sector privado llegaron de manera inesperada -diríase incomprensible- al sector público, como un ejercicio de amiguismo por parte del nominador y de vanidad para el que acepta el desempeño del cargo.
Nadie entendió el anuncio del nombramiento de Botero en esa cartera, ni el mismo presidente Duque, pues es obvio que le fue impuesto por su jefe el expresidente Álvaro Uribe. Botero venía de dirigir a Fenalco, el gremio de los comerciantes. Era como un apéndice de esta federación, su nombre estaba relacionado con la entidad y viceversa.
No sabemos la relación entre el sector del comercio y el de la defensa nacional, pero con el paso del tiempo se demostró el gran desacierto cometido al nombre como máximos jefe del estamento militar, un campo tan sensible para el país. La muerte de ocho menores en el bombardeo contra el jefe de las disidencias en Caquetá, solo fue la gota que rebosó la copa.
La única explicación posible es que su nombramiento es el resultado de su estrecha amistad con Uribe. Como dijo Vladdo en columna reciente “Aunque yo nunca creí en la idoneidad de Botero ni me hice ilusiones sobre lo que podría ser su desempeño en esa cartera, (…) él tuvo la capacidad de superar con creces mis expectativas y resultó mucho peor de lo que alcancé a imaginar”.
Botero no ha sido el único que disfrutó las mieles de un ministerio, así al final haya salido por la puerta de atrás. Vale recordar a otro ministro uribista, Sabas Pretelt de la Vega, quien también venía de Fenalco y también era (¿será que lo sigue siendo?) amigo de Uribe, pero en este caso la cartera que ocupó fue la del Interior. Pues bien, estuvo preso desde febrero de 2015 hasta abril de 2018, cuando salió de su lugar de detención en el Batallón de Infantería de la Base Naval de Cartagena.
Allí estuvo recluido tras haber cumplido tres quintas partes de su condena por el delito de concusión, luego de que la Corte Suprema demostró que Pretelt influyó de manera ilegal en el trámite del proyecto de ley mediante el cual se pretendía que el entonces presidente Álvaro Uribe fuera reelegido de forma inmediata, una iniciativa promovida en 2004. O, para resumir, el escándalo de la Yidispolítica.
Si retrocedemos en el tiempo, habría que recordar el célebre caso del “miti-miti” que involucró al entonces ministro de Comunicaciones, Saulo Arboleda, de la administración de Ernesto Samper, para quien no fue suficiente el escándalo del proceso 8.000. Arboleda venia de ser presidente de Asomedios y de la ensambladora Sofasa.
En aquella ocasión se filtró una conversación entre Arboleda y el ministro de Energía, Rodrigo Villamizar en la que ambos acordaban sacar una partida de dinero por el trámite de una licitación de radio.
En 2000 la Corte Suprema de Justicia condenó a 52 meses de prisión al exministro Saulo Arboleda por el delito de interés ilícito en celebración de contratos. Sin embargo, no pasó lo mismo con Villamizar, quien se libró de asumir su responsabilidad en ese negociado.
Son solo tres ejemplos de que del amiguismo en cuestiones ministeriales no queda nada bueno. Así hubiere excepciones, si usted es un empresario o comerciante y tiene la fortuna de ser amigo del presidente, piénselo dos veces si lo llamen a ocupar un ministerio. De ahí -por lo menos en Colombia- no ha salido bien librado nadie proveniente del sector privado.
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