Colombia es una nación con más de 52 millones de habitantes y tiene uno de los mayores índices de desigualdad del planeta; la pobreza de nuestro país es aberrante y un insulto a la dignidad humana; todo ello como consecuencia del dominio hegemónico de una de las oligarquías más rancias y retardatarias que privilegia la violencia como método de gobierno para proteger la concentración de la riqueza y la tierra. En Colombia hay 8 millones de víctimas de la violencia que padecen los rigores de la pobreza, la miseria y la exclusión.
El presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez, hicieron, durante la anterior campaña presidencial, el compromiso de realizar una acción consecuente y enérgica para enfrentar la desigualdad social, la exclusión y la pobreza que azota a casi 40 millones de seres humanos, ubicados en los territorios periféricos y con especial impacto en las mujeres, en las poblaciones indígenas, afro, jóvenes y Lgtbi.
La creación del Ministerio de la igualdad como compromiso institucional ha sido la iniciativa central de la fórmula que hace presencia en la Casa de Nariño desde agosto del 2022.
Resultado de este anuncio es la Ley 2281 del 2023 que crea el Ministerio de la igualdad y la equidad, que se oficializó con su firma en el municipio de Istmina (Choco), uno de los territorios afectados por la exclusión social y la violencia paramilitar, ubicado en el departamento del Choco, que es una región con una descomunal brecha en cuanto a los mínimos vitales para su población y objeto de una carga de abandono histórico que la administración progresista quiere superar.
El presidente Petro y la vicepresidenta Márquez se fueron a ese municipio con otros funcionarios para indicar que es en esos territorios de la periferia hacia donde debe volcarse el trabajo y la gestión del nuevo Ministerio, pues el territorio debe ser la variable central de la estrategia de intervención, gestión y articulación para adelantar una concentración focalizada de esfuerzos interinstitucionales con el fin de lograr el propósito de llegar a óptimos niveles de igualdad en el acceso a los derechos básicos de las poblaciones empantanadas en la pobreza y la miseria.
Ya en funciones, con el ministerio de la Igualdad se conformará un espacio institucional para superar las fracturas de la inequidad que golpea a grupos, personas y territorios marginados.
El nuevo ministerio gozará de la mayor preponderancia institucional en la organización del Estado post neoliberal, como la cabeza visible de un sector público de nuevo orden, y se plantea la tarea de gestionar los esfuerzos colectivos hacia la realización material del derecho a la igualdad de mujeres, población LGBTIQ, pueblos étnicos, campesinos, niñez, infancia y adolescencia, personas con discapacidad y habitantes de calle, con particular énfasis en los territorios más excluidos.
La clave de este salto consiste en que el nuevo ministerio tiene que ir más allá de la simple igualdad formal ante la superestructura jurídica para hacer prevalecer en la administración la obligación de actuar en favor de los grupos en desventaja. En esos términos, el ministerio de la Igualdad deberá ser la primera instancia administrativa del orden nacional en concentrarse en la superación de las brechas de inequidad y de la aplicación material del mandato constitucional de igualdad.
En ese sentido, el nuevo cuerpo legal determina una obligación múltiple al Estado: asegurar que nadie sea discriminado bajo ningún concepto como raza, sexo, origen nacional o credo y la de adoptar medidas puntuales y diferenciadas para asegurar la igualdad efectiva en favor de grupos marginados.
El ministerio se encargará entonces de formular, dirigir, coordinar, articular, fortalecer, gestionar y ejecutar políticas que garanticen la inclusión y la protección de los derechos de las mujeres, los pueblos étnicos, la comunidad LGBTIQ+, la población migrante, las personas con discapacidad, los habitantes de la calle, niños, campesinos, de las personas que viven en los territorios excluidos y garantizar y hacer cumplir la igualdad y el derecho de la misma.
Para Francia Márquez, la nueva jefe de esta cartera, el primer objetivo del Ministerio será la igualdad de género; también reconocer el tiempo de trabajo en el hogar válido para la pensión y por último el Ingreso vital: medio salario mínimo, a la madre cabeza de familia.
Otros aspectos de organización a considerar: Según el decreto 1074 del 2023, el sector administrativo de igualdad y equidad estará integrado por el recién creado Ministerio, que será su cabeza; por el ICBF y por los Institutos Nacionales para sordos y ciegos. De esta manera se mantendría la independencia del sector inclusión, cuya cabeza es el Departamento de Prosperidad Social (DPS), sobre el cual se especulaba que quedaría integrado al de igualdad.
El ICBF será una de las instituciones adscritas, la más grande. Por tanto, representa gran parte del despliegue territorial y presupuestal del Ministerio. El ICBF jugará un papel importante en el diseño, funcionamiento y articulación del Sistema Nacional de Cuidado, y tendrá como fin mejorar y concertar los mecanismos y espacios estatales de protección y reconocimiento a las labores de cuidado.
Viceministerio de la Mujer: será el encargado de contribuir a cerrar las brechas de inequidad entre hombres y mujeres. Estará conformado por cinco direcciones técnicas, entre las que resulta innovador y decididamente progresista la de mujeres en actividades sexuales pagas, población sobre la que el prejuicio social, la estigmatización y la criminalidad organizada de trata de personas, han impedido una intervención estatal, en términos de servicios sociales, más sistemática y constante.
Este viceministerio acogerá las funciones de la Consejería presidencial para la equidad de género y asume las expectativas y luchas por un Ministerio de la Mujer.
Viceministerio de Juventud: enfrentará el desafío de responder a una población golpeada por el desempleo y la falta de oportunidades, así como por la guerra y la violencia del crimen organizado. Contará con tres direcciones técnicas y asumirá las funciones que hasta ahora venía ejerciendo la Consejería Presidencial de Jóvenes.
Viceministerio para poblaciones y territorios excluidos: tendrá la misión de contribuir a la superación de la pobreza en los territorios donde es más marcada y en poblaciones de migrantes y de adultos mayores, con direcciones técnicas específicas. Entre las seis que tendrá, sobresale una para acceso igualitario al agua, uno de los problemas más sensibles en el contexto de pobreza de poblaciones y territorios enteros; también se destaca al de habitantes de calle, la población más pobre entre los pobres sobre los que el Estado no ha desarrollado mayores políticas y acciones.
Viceministerio de la diversidad: asumirá el reto de trabajar por los derechos, diseñar y mejorar políticas para personas LGBTIQ+ y personas en situación de discapacidad, con dos direcciones técnicas que se dedicarán a cada una de estas poblaciones.
Viceministerio de pueblos étnicos: con cuatro direcciones, intentará darles a estas comunidades el lugar que se les prometió hace más de tres décadas en la Constitución.
Los desafíos para la ministra son tres: el primero consiste en coordinar el conjunto de entidades del Estado encargadas de cerrar las cerrar brechas de desigualdad.
La ministra no debe enredarse en el esfuerzo de una articulación completa, concatenada y efectiva, pues corre el riesgo de encerrarse en la lógica de lo que no ha funcionado bien. Mucho mejor sería concentrarse en agilizar acciones y proyectos en regiones concretas (con pilotos especiales), que permitan mejoras en función de acortar las brechas de inequidad y disminuir la pobreza.
Después está el reto de poner a rodar efectivamente el ministerio, de su planta administrativa, su plan de acción y todos los procesos administrativos, presupuestales y misionales que se necesitan para que entre a funcionar plenamente. Asuntos que son engorrosos, lentos y requieren de ajustes y acuerdos con el Ministerio de Hacienda, la Función pública y Planeación nacional, que implican tiempo y paciencia.
Finalmente hay a la vista un reto para Márquez para ordenar su concentración, tiempo y energías entre su condición vicepresidencial y como nueva ministra, lo que le exigirá coordinación y simultaneidad en las agendas y compromisos estratégicos en los dos campos institucionales, para no chocar y armar cortos circuitos entre los dos despachos.
@HoracioDuque8
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