Eran de esperarse las reacciones que en defensa de Álvaro Uribe Vélez exhibieron sus áulicos y compañeros de bancada, incluso, las de la exvicepresidenta, Martha Lucía Ramírez y el expresidente y ex títere, Iván Duque Márquez. El llamado a juicio de su líder político y espiritual los tomó por sorpresa por cuanto creyeron que la práctica inmoral y jurídicamente temeraria de solicitar la preclusión del proceso penal al que está vinculado el expresidente y expresidiario iba a continuar con la nueva fiscal general, por tratarse de Álvaro Uribe Vélez, el “Gran Colombiano”, el “eximio Patriota” y el “presidente eterno”.
En la narrativa uribista, el escrito de acusación con el que será llevado a juicio el político antioqueño aparecen conceptos como “honorabilidad”, “retaliación” y “persecución política”. Los tres vocablos, asociados al ámbito de lo personal y alejados de las implicaciones morales, éticas e institucionales ancoradas a una vergonzosa realidad: el llamado a juicio por delitos penales a un expresidente de la República. Este asunto no es menor, por el contrario, es de lo más grave, por todo lo que atañe a esa figura de poder.
Incapaces de separar el ámbito afectivo, emocional y personal, del institucional, el relato de la derecha uribizada apela a las lealtades políticas para descalificar la actuación de la justicia ordinaria, defendida a dentelladas cuando dos operadores judiciales de la Fiscalía de Barbosa y el Tribunal Superior de Bogotá solicitaron la preclusión del proceso penal por manipulación de testigos y fraude procesal. La gravedad de estos delitos aumenta exponencialmente porque se trata de un expresidente de la República, condición esta que no puede soslayarse porque está de por medio la figura política que encarna Uribe Vélez.
Desde que Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño, ese sector de poder político ha insistido en que varias de las decisiones adoptadas por el jefe del Estado debilitan las instituciones y la institucionalidad. La opinión pública tiende a creer que se está ante un genuino llamado a respetar las instituciones, la separación de poderes, la democracia y otros conceptos manoseados por una narrativa uribista que reduce el sentido de dichos vocablos, a la imagen “impoluta” del político nacido en Salgar (Antioquia).
No sorprende que varios periodistas uribistas, directores de medios e informativos, se plieguen al sentido de esa narrativa, con el firme propósito de evitar referirse a lo que realmente importa: que un expresidente de la República sea llamado a juicio por delitos penales. Aquí no importa la disruptiva y cuestionada figura de Uribe Vélez, lo que realmente debería de lamentarse es que un exjefe del Estado será juzgado por delitos alejados de su ejercicio político.
Un presidente o expresidente de la República procesado por delitos penales, deshonra la figura presidencial, hasta ponerla al mismo nivel de cualquier banda de forajidos que a diario cometen los delitos por los cuales está imputado Uribe y deberá responder en juicio, a partir del mes de mayo. Reducir esa nefasta realidad a los intereses individuales y a la polémica figura del político paisa solo sirve para ver la baja temperatura ética y moral de quienes defienden a quien desde la Casa de Nariño y durante 8 años, hizo todo para reducir la institucionalidad estatal a sus innobles propósitos.
El enjuiciamiento del exjefe del Estado por delitos penales también dice mucho de sus electores, en especial de aquellos que, a sabiendas o no de los cuestionamientos morales y éticos que arrastra Uribe desde su paso por la dirección de la Aerocivil, la gobernación de Antioquia y el Congreso de la República, lo acogieron como un líder a seguir.
El editorial del diario El Espectador confronta la narrativa que defiende a Uribe, la misma que intenta arrasar o horadar la majestad de la justicia, por el solo hecho de que sus decisiones no las comparten por el simple hecho de que no favorecen los intereses de su líder espiritual y político.
“Lo único que hemos solicitado es respeto a las instituciones y coherencia en el actuar de las autoridades. Las pruebas del expediente merecen ser evaluadas en un juicio, sea cual fuere su resultado. Esperamos que eso sea lo que sigue en este caso”, señala el editorial del diario bogotano.
Ojalá su defensa no incurra en mañas y artilugios con el fin de dilatar en el tiempo el juicio, buscando que los delitos prescriban. Del mismo exjefe de Estado se espera una actitud propia de la dignidad que ostenta, es decir, que afronte con gallardía y honor. Los tiempos en los que iba lustrarse los zapatos, antes de afrontar el llamado de los jueces, ya pasó. ¿Será Uribe capaz de comportarse en el ocaso de su cuestionada y azarosa vida, como un verdadero exjefe de Estado? Tengo mis dudas.
@germanayalaosor
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