Uno de los efectos políticos del secuestro del señor Luis “Mane” Díaz, padre del reconocido jugador del Liverpool, “Lucho” Díaz, está en que obligó a los plenipotenciarios de Petro en la mesa de diálogo a poner sobre la mesa el tema del secuestro; el mediatizado plagio también sirvió para consolidar el rechazo de la sociedad colombiano hacia el ELN, grupo subversivo que reconoció la responsabilidad en la comisión del crimen.
Después de liberado el señor Díaz, y en el inicio del 5º ciclo de conversaciones de paz con el ELN, uno de sus comandantes, Antonio García, dijo en su cuenta de X que “el ELN no hace secuestros. Hay diferentes acciones de privación de la libertad, pero son diferentes: prisioneros, rehenes, retenidos, secuestrados y desaparecidos”.
No estamos ante un asunto de semántica política y “revolucionaria”. Por el contrario, estamos ante una cínica, arrogante, displicente, retadora, irresponsable e inaceptable postura de quien envejeció al frente de una guerrilla que jamás mostró una real voluntad de paz. Una guerrilla anacrónica, liderada por comandantes que, además de mesiánicos, han sido incapaces de asumir la coyuntura que dejó el tratado de paz de La Habana como la oportunidad para ponerle fin al conflicto armado que por más de 50 años sostienen con el Estado.
Lo que dijo el anacrónico comandante del ELN hace pensar en la urgente necesidad de que en la mesa de conversaciones haya acuerdos conceptuales con los plenipotenciarios del gobierno, con el fin de facilitar la comunicación, pero, sobre todo, proscribir el secuestro de civiles con fines extorsivos.
Lo dicho por García debe servir como oportunidad para que en la mesa de diálogo no solo se aborde el tema del secuestro, sino que se exponga la discusión conceptual que, a pesar de su cinismo, está planteando el comandante del ELN. Eso sí, dicha discusión convendría que no trascendiera socialmente, porque la gente del común no suele hacer matices, ni lecturas diferenciadas del secuestro y mucho menos es conveniente plantear ese tipo de disquisiciones en medio de la crispación ideológica que a diario alimentan los medios masivos que no acompañan la solución pacífica y política al conflicto armado entre el Estado y el ELN.
Privar de la libertad, por razones económicas o políticas, constituye un grave delito que García justifica amparado en la necesidad de financiar su aparato criminal, en particular cuando secuestran civiles con el fin de exigir el pago de sumas millonarias para devolverlos a sus familias.
La propuesta de que el Estado y agentes internacionales los “financien” para evitar que sigan secuestrando tiene sentido siempre y cuando esa guerrilla demuestre una real voluntad de paz. Por ahora, dicha voluntad no se ve con claridad, lo que hace inviable, por ahora, el ofrecimiento de “pagarles” para que cesen el abominable crimen del secuestro.
Eso sí, hay que hacer distinciones conceptuales en la mesa de diálogo. Las retenciones de militares y policías las asumen los del ELN bajo la categoría de “prisioneros” en el marco del conflicto armado interno y las normas legales internacional que se aplican para conflictos internos.
Las retenciones de militares y policías, como resultado de combates, deben asumirse como circunstancias y sucesos propios del conflicto interno, cuyo desenlace se debe dar en el ámbito político y militar, lo que obliga a que haya una comisión atenta a generar las condiciones para lograr la rápida liberación de los uniformados. Cuando esas mismas privaciones a la libertad de policías y militares se den cuando estos estén vestidos de civil y desarmados, los tratamientos y los reconocimientos de la acción militar perpetrada por esta guerrilla no pueden ser asumidos de la misma manera como se asumen cuando los plagiados fueron privados de la libertad dentro de la dinámica de un combate.
Así las cosas, urge que en la mesa de negociación se den discusiones conceptuales y se proscriba el delito del secuestro. El ELN debe entender que pasar ciertos conceptos por su propio rasero “revolucionario” y a la luz del Protocolo II de Ginebra, no garantiza la total comprensión de la sociedad.
Jamás será lo mismo secuestrar civiles, en particular mujeres y hombres ancianos, y privar de la libertad a militares y policías que participaron de combates y operaciones hostiles. Baste con recordar el caso de la sargento Karina Ramírez, quien, con su hija y el perro, fueron abordados por guerrilleros del ELN y privados de la libertad. Así la sargento vaya vestida con su uniforme, se trata de un vil y cobarde secuestro. Esas diferencias no deben asumirse como una especie de “glosario” de la guerra, sino como partes claves dentro de unos mínimos protocolos.
@germanayalaosor
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